7 de marzo 2017
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La participación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, en un congreso de la Internacional Socialista representando al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es una “falta grave” a las prohibiciones explícitas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, que se paga con una multa de hasta el diez por ciento de su salario, según establecen las leyes citadas y confirman expertos en Derecho, consultados por Confidencial.
El magistrado Rosales y la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, se rehusaron a comentar sobre la flagrante violación a la ley del Poder Judicial. Ambos magistrados se excusaron, vía telefónica, por estar en un plenario. Luego ninguno de los dos volvió a responder las llamadas.
Sin embargo, el vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, sí confirmó que Rosales participó en el congreso, que se realizó el 3 y 4 de marzo en Cartagena de Indias, Colombia, según informó este lunes La Prensa, pero alegó que no hay ninguna violación a la Ley.
“Claro, sí es cierto (que Rosales participó), pero no es pecado ni la Ley lo prohíbe”, aseguró Larios, quien exigió que le mencionarán los “supuestos artículos” violados, pero igual hizo caso omiso de los mismos.
“Decime que Ley. No andés repitiendo lo que no te conste. Enseñámelo, decímelo, te reto, te desafío, para que me lo demostrés”, demandó Larios, aunque los artículos ya se le habían mencionado.
Prohibiciones y sanciones claras
En el congreso de la Internacional, el también presidente de la Sala Constitucional fue presentado como “delegado del Frente Sandinista de Liberación Nacional”. El moderador añadió que el magistrado “participa activamente en las actividades regionales del Comité para América Latina”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los magistrados este tipo de actividades. El inciso seis del artículo 144 de la Ley establece que los magistrados tienen prohibido “tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter político electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos”.
La Ley de Carrera Judicial también es clara al respecto. El inciso cinco del artículo 43 también prohíbe a los magistrados de la CSJ “asistir a reuniones, manifestaciones y cualquier acto social de carácter político, electoral o partidista”.
El mismo artículo indica que los magistrados y jueces que incurran en las prohibiciones señaladas “serán sujetos de corrección disciplinaria según la gravedad del caso aplicándoles las sanciones establecidas por la presente Ley, sin perjuicio de las otras responsabilidades administrativas, civiles o penales que se deriven de su conducta”.
El detalle sobre las sanciones está en el reglamento de esa misma Ley, exactamente en el inciso 2, del artículo 69, según el cual las infracciones a “deberes, prohibiciones e incompatibilidades establecidos en la Constitución Política y en las leyes” son una “falta grave”, cuya multa es un monto “no mayor del diez por ciento de su salario”, según el artículo 71.
El salario de los magistrados se maneja como un secreto. A principios de 2007, cuando Daniel Ortega regresó a la Presidencia, el sueldo de los magistrados se estimaba en 6,217 dólares.
Sin embargo, durante los últimos diez años se han hecho varios reajustes. El más reciente fue a finales de febrero de 2015. Para entonces, la Corte aprobó un aumento de cien a trescientos dólares para jueces locales, jueces de distrito y magistrados de apelaciones, pero no se reveló de cuánto fue el aumento de los dieciséis magistrados de la Corte, que reclaman tener los salarios más bajos de la región.
Estado clientelista
El experto en Derecho Constitucional y expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, estima que la Corte “ha quedado muy comprometida” con la participación de Rosales en un evento partidario.
“Se comprueba una vez más la partidarización de los Poderes del Estados y también su concentración en manos de un solo partido, donde los cargos se asignan por compromisos partidarios”, señaló Pallais, quien confirma que la falta de Rosales “es grave”, según las categorías establecidas por la misma Ley.
El abogado y también exdiputado liberal, Eliseo Núñez Morales, coincidió en que la participación de Rosales en el evento de carácter partidario es un “caso sintomático de cómo funcionan todos los poderes del Estado bajo el régimen de Ortega”.
Además, explicó que estas prohibiciones “no existen para molestar o conculcar derechos a los magistrados, sino para dar sentido de independencia a su actuar”.
De lo contrario, explicó Núñez, el magistrado Rosales entonces habría incurrido en una falta aún más grave cuando la Sala que preside aprobó en junio de 2016 una resolución que arrebató la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) al grupo de Eduardo Montealegre, con lo cual se inhabilitó de la contienda electoral a la opositora Coalición Nacional por la Democracia.
“Es más obvio, entonces, que había un conflicto de intereses, al firmar una resolución que favorecía a su partido a las puertas de una elección”, sentenció Núñez.
Pero Rosales no es el primer magistrado que participa en un evento partidario. Anteriormente eran los diputados y miembros del Frente Sandinista quienes reclamaban por la participación de los magistrados Manuel Martínez y los fallecidos Guillermo Selva y Agustín Alemán, como invitados especiales en las convenciones del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de Arnoldo Alemán, con el quien el FSLN pactó la repartición del Estado desde finales de la década de los noventa.
