7 de marzo 2017
AA
Share
La Policía Nacional anunció a través de una nota de prensa el retiro de varios altos mandos de la institución, entre ellos el Inspector General, Comisionado General Pablo Emilio Ávalos Sandoval, quien será sustituido en el cargo por el Comisionado Mayor Jaime Antonio Vanegas Vega.
El boletín dice que “conforme a los dispuesto por la Ley 812, Ley de Organización, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, pasan a la honrosa condición de retiro”.
Además del retiro de Ávalos, la institución policial ordenó un alto en sus funciones a Teresa Flores Méndez, Jefa de Dirección Seguridad en el Campo; Enrique Jardiel Arteaga Núñez, Jefe Distrito 6, Policía Managua; Miriam Martha Tórrez Sánchez, Jefa Relaciones Internacionales y de Gloria Isabel Mendoza Torres, Jefe División Personal.
La nota también indica que el Comisionado Mayor Enrique José Salazar Alemán, será el nuevo Jefe División de Personal. El Comisionado Mayor Félix Villareal Solís, estará como nuevo Jefe Distrito 6 de la Policía de Managua. Además señala el nombramiento de la Comisionada Mayor Eva Jeannette Oviedo Arcia, como Jefa División Administración General.
El trabajo del Inspector General
El Inspector General de la Policía Nacional, según la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, depende directamente del Director General. Su principal atribución es velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que afectan a la policía, cuidando de la oportuna y justa corrección de las faltas en que incurran sus miembros.
También realizar las inspecciones a las distintas unidades de la policía a fin de constatar el funcionamiento de éstas y el buen servicio de los miembros. Asimismo cuidar el prestigio de la institución disponiendo las investigaciones necesarias ante los reclamos que formulen autoridades o particulares en relación a la conducta policial, o por la violación de los derechos y garantías consignados en la Constitución por parte de sus miembros.
El trabajo del inspector general incurre en la supervisión de Asuntos Internos, unidad policial a la que le corresponde investigar las denuncias que autoridades, particulares o de oficio, se formulen en relación con el comportamiento de los miembros de la policía.
“En pocas palabras, es el fiscal de la Policía Nacional, a quien le llegan los casos de corrupción para resolverlos”, explica Roberto Orozco, investigador independiente y experto en seguridad.
Para Orozco, el ascenso de Ávalos a la inspectoría general en octubre de 2014, obedeció a una decisión política, no pretendían poner orden en la institución pues colocaron en un cargo sensible a una persona señalada de múltiples actos ilícitos.
“Era una posición clave. (Y dijeron) este es nuestro camarada, nos va a tapar los trapos sucios. Lo hicieron para proteger al sistema corrupto que tienen y que no es de estos años”, cuestiona el experto.
La decisión de enviar a retiro a Ávalos, según Orozco, es una movida que se tomó con días de anticipación y podría obedecer a una depuración de la institución policial, pero no motivada a nivel interno, sino por otro superior.
“Puede ser una lavada de rostro, para argumentar de que está haciendo las cosas bien y así justificar su permanencia en el poder”, enfatiza.
El sucesor
El lugar de Ávalos será ocupado por el Comisionado Mayor Jaime Antonio Vanegas Vega, quien antes de su nombramiento tenía el cargo de Jefe de la División de Asesoría Legal de la institución.
Para Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), el cambio de Ávalos por Vanegas, se da en una situación en que la institución policial mantiene una estructura carente de institucionalidad.
Carrión manifestó que “a cómo llegó Ávalos (sin el conocimiento de la gente ni el por qué de su nombramiento), así se fue, sin que nos brinden información sobre si realizó bien o no su trabajo”.
Según el director jurídico del Cenidh, Vanegas tiene, además de formación policial, una formación jurídica, por lo que afirma que si realiza algún error en este campo, no podrá ser justificado.
“Conoce bien sus funciones, y ojalá que el cambio venga a aportar algo positivo a la institución, aunque bueno, él dejó un trabajo pendiente en su antiguo cargo, que fue no resolver los cientos de casos en los que los record de los ciudadanos salían manchados. Veremos si en su nuevo puesto logra cambiar esto”, considera Carrión.
Denuncias contra Ávalos
Pablo Emilio Ávalos fue ascendido a inspector de la Policía Nacional, el pasado mes de octubre de 2014, luego de que la institución recibiera constantes denuncias por maltrato a sus subordinados.
En Junio del 2009, de todas las denuncias que atendió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la gran mayoría fueron en contra de la Policía Nacional. Ese año se la achacaron más de doce denuncias de abuso a Ávalos.
El 20 de noviembre del 2008, agentes antinarcóticos allanaron la Distribuidora Los Hermanos, ubicada en el Mercado Iván Montenegro y propiedad de la señora María del Carmen Baltodano Toribio. La Policía ocupó tres bolsitas de crack, y se llevó consigo 202 mil 260 córdobas.
El dinero fue tomado como evidencia porque presuntamente era ganancia ilícita, aunque luego la familia denunció ante los medios de comunicación que les habían hecho un montaje. Después de un largo proceso judicial que duró seis meses, Tomás Eduardo Cortés Mendoza, juez Octavo de Distrito de lo Penal de Juicio, ordenó en mayo del 2009 que se devolviera el dinero a la señora Baltodano.
Doña María se presentó junto con su hija Ana Baltodano hasta el Distrito Seis a retirar su dinero, que se suponía la Policía estaba resguardando. Sin embargo, al recibir el dinero su hija se dio cuenta que no era la cantidad que les habían ocupado y que los billetes eran falsos. Cuando la hija reclamó le dijeron que tenía que aceptarlo, firmar y quedarse callada pues en caso contrario dejarían presa a su mamá, pero la mujer los amenazó con denunciarlos ante los medios.
El comisionado Ávalos, entonces jefe del Distrito Seis, jamás quiso hablar del tema y cuando un medio oficialista lo abordó, dijo que había escuchado “comentarios del caso” y lo minimizó. En Asuntos Internos de la PN, dijeron que estaban investigando el caso, sin embargo, el dinero jamás fue devuelto y nunca se supo de dónde sacaron los billetes falsos.
El abuso de poder
En Abril del año 2009, Enriqueta Sevilla, habitante del barrio Villa Venezuela, llamó a la Policía Nacional para pedir que detuvieran a su hijo que estaba borracho y haciendo escándalo. En aquel entonces, el jefe del Distrito Seis era Pablo Emilio Ávalos.
Los agentes irrumpieron en la casa de Sevilla de forma violenta y luego de discutir con el hijo de doña Enriqueta, José Lazo, uno de los oficiales identificado como Onel Blandón realizó dos disparos con AK-47 en contra del joven, quien además de ebrio estaba desarmado. La muerte fue instantánea.
Al ser consultado sobre el caso, Ávalos dijo en aquel entonces que “los disparos habían sido en defensa propia”. Sevilla llevó el caso a las últimas instancias, sin embargo, tras un largo proceso judicial, el oficial señalado de disparar contra José Lazo, fue puesto en libertad y sin ningún cargo ni pena por pagar.
“Fue un abuso de poder… mi hijo no tenía un arma, y si se sintieron amenazados, a los pies hubieras disparado, pero no, lo mataron y después el oficial, que no estuvo en ningún momento en la cárcel, salió libre”, indicó la mujer. “No me explico cómo una persona que no hizo nada en un caso como el de mi hijo, que solo se limitó a decir una y otra vez que fue en defensa propia, a pesar de no ser así, ahora tenga un cargo tan alto, eso le da una mala imagen a la Policía Nacional”, continuó.
La agresión contra #OcupaInss
En junio del 2013 decenas de jóvenes acamparon en las inmediaciones del INSS, apoyando el reclamo de los adultos mayores en su demanda de una pensión reducida.
Después de las tres de la mañana, varios camiones de la Alcaldía de Managua llevaron a cientos de jóvenes con camisetas del Gobierno, quienes golpearon, amenazaron a todos los que encontraron a su paso, inclusive personas que no estaban involucradas en la protesta
Esto sucedió a vista y paciencia de los oficiales de Policía que resguardaban el edificio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y que estaban vajo la responsabilidad del comisionado Mayor Pablo Emilio Ávalos, quien al ser cuestionado por el hecho, afirmó que “no había visto nada”.
La agresión y el robo de siete vehículos contra los jóvenes nunca fueron investigados por la Policìa Nacional, mientras que unos meses después Ávalos fue ascendido por el presidente al cargo de Inspector General.
