28 de febrero 2017
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Creo que es positivo que la Secretaría General de la OEA haya realizado las gestiones para hacer un análisis de la situación y estado de la institucionalidad democrática del país, y que haya solicitado la visita al Gobierno de Nicaragua, conforme le faculta la Carta Democrática Interamericana (CDI), (Artículo 18), dando inicio con ello a la aplicación de dicha Carta.
El detonante último que puso de manifiesto los abusos gubernamentales, fue la eliminación de la oposición y el despojo de la calidad de diputados a quienes fueran la segunda fuerza en las elecciones nacionales previas; sin embargo, lo que ocurre en Nicaragua, va más allá de las violaciones al derecho al sufragio universal y sus aspectos técnicos o la falta de credibilidad al CSE, ya que éstos no son más que consecuencias de la ruptura del orden democrático y alteración del orden constitucional.
Así pues, en el seguimiento a este proceso de “Conversación e intercambio constructivo”, veo con mucha preocupación el informe conjunto Gobierno-OEA, del 20 de enero:
Sorprende que el Secretario General se haya salteado las elecciones nacionales y el descarado fraude electoral, sin que haya habido un análisis de lo ocurrido;
Sorprende el énfasis hecho sobre las elecciones municipales de este año, su aceptación y la asistencia ofrecida, aunque no nos sorprende ese énfasis puesto por el gobierno, pues es parte de su estrategia de “lo hecho, hecho y consumado está”. Lo que es inaceptable para la ciudadanía que se abstuvo.
Sorprende que no haya habido medidas preventivas, ni en años anteriores, ni antes de las elecciones, por parte de la Secretaría General de la OEA, pues hemos informado y denunciando en cada ocasión.
Sorprende el mutis de la Secretaría General de la OEA, en relación al informe presentado por dicha Secretaría General, al Gobierno de Nicaragua, del cual demandamos su publicación.
Sorprende el énfasis sobre el “transfuguismo”, y que la Secretaría lo hayan aceptado como una norma constitucional, y que lo que se haga en la “mesa”, tendrá que ser en correspondencia con esa norma. El transfuguismo, refleja el temor del FSLN, de que sus miembros realicen objeciones de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho de cada individuo, por ende un derecho constitucional. La norma constitucional, a la que el gobierno hace referencia, es la nueva legalidad de la dictadura, a la que no nos podemos sujetar, por ser violatoria de derechos humanos.
Sorprende que la Secretaría General de la OEA, haya aceptado el plazo de tres años, presuntamente con la finalidad de “restablecer la democracia”, pues esto es un asunto de decisión política, ya que el gobierno ha sido “maestro” en producir sentencias de la Corte Suprema de Justicia en 72 horas, para declarar inaplicable la propia constitución, o bien reformar la Constitución en un mes (fin de una legislatura e inicio de la otra). El gobierno de Ortega puede hacerlo, y nosotros estamos preparados para ello. Desde el grupo Promotor de Reforma Electoral, elaboramos una reforma total a la Ley Electoral o 331, así como reformas a la Constitución, así que desde esa perspectiva estamos preparados.
Sorprende que la aceptación por la Secretaría General de todo lo señalado, refleja desconocimiento de la grita nacional, expresada en la abstención formidable del 6/11, clamando por un cambio inmediato.
De producirse lo acordado con el gobierno, la Secretaría General, terminaría haciéndole el juego al régimen, oxigenándolo para su pretendida legitimidad, dejando consumado el fraude electoral, y enrostrándonos que “lo robado, robado está), pues ahora contaría con el aval de la Secretaría General.
Demandas a la OEA
Demandamos que el informe ya presentado de parte de la Secretaría general de la OEA al gobierno, sea del conocimiento de todas y todos los nicaragüenses; escuchar el clamor del pueblo y no solo el de la dictadura; la aplicación con vigor de la Carta Democrática Interamericana, por la ruptura del orden democrático y la alteración del orden constitucional, que afecta gravemente al país, provocada por el Señor Ortega, y no solamente por los fraudes electorales y la violación al sufragio universal e irrespeto a la voluntad popular.
Conforme la Carta Democrática y sus contenidos, demandas a Daniel Ortega:
Restablecer el orden institucional, así como el ejercicio efectivo de la democracia representativa, en conjunto con todos los actores de la sociedad; despartidizar todo el sistema institucional, órganos y poderes del Estado; restablecer la división de poderes y los necesarios contrapesos; despartidizar, volver transparente, independiente e inclusivo el sistema electoral. En ambos casos la despartidización debe hacerse mediante reformas a la Constitución y la propia ley electoral.
Respetar las libertades fundamentales: que cese de inmediato el hostigamiento policial y del ejército a la población; permitir y facilitar el ejercicio a los ciudadanos de sus derechos civiles y políticos; cesar el espionaje, la persecución y la represión a la población y sus líderes por ser críticos u opositores a su gobierno; dejar de perseguir, hostigar y detener a ciudadanos por hacer uso de sus derechos civiles y políticos; poner en vigencia la ley de acceso a la información, dejar de restringir las comunicaciones y abandonar el control de medios de comunicación; facilitar el libre acceso a la información pública tanto para la población, como a los medios no oficiales; devolver los equipos de las radios que le han sido arrebatadas de manera abusiva e ilegal, como represión a toda expresión de descontento popular
Respetar los derechos humanos, promover la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, con un el régimen de pluralidad de partidos.
Restablecer el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes (Art. 3 CDI); la transparencia y la probidad en las actividades gubernamentales, la responsabilidad en la gestión pública, (art4 CDI); la participación ciudadana; respeto y tolerancia de la diversidad étnica, cultural y religiosa (art 9 CDI).
Demandar al Concejo Permanente y a la Asamblea General la medida de “acción colectiva” sobre la ruptura democrática en Nicaragua, para que éstas violaciones desde el poder, a la democracia representativa no persista más.
Será responsabilidad también de la Secretaría General de la OEA, de no actuar con apego a la CDI, si la situación del país se vuelve más crítica, pues por nuestra parte, estamos haciendo lo que nos corresponde, para que nuestro pueblo se organice y movilice para ejercer sus derechos, y tener verdaderos representantes, un verdadero y pronto restablecimiento de la institucionalidad democrática.
Es preciso agradecer la solidaridad del Parlamento Europeo por la resolución dada a conocer, el 16 de febrero
Agradecemos a los legisladores norteamericanos por su apoyo al restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
Finalmente, exhortamos a nuestro pueblo, a no desfallecer, a no desesperanzarse ante los obstáculos que iremos encontrando. Debemos trabajar para organizarnos y movilizarnos, para ir alcanzando el desarrollo, la democracia, la justicia social y la paz. Por eso vale la pena luchar.
El Frente Amplio por la Democracia, (FAD), ha surgido como una oposición emergente, plural, que está sentando sus bases sobre una verdadera democracia, desde los ciudadanos, desde el territorio, hasta los liderazgos nacionales. Que está haciendo esfuerzo para organizarse y movilizarse, para constituir una fuerza política, popular y nacional, que tiene como objetivo alcanzar el cambio del régimen dictatorial y dinástico de los Ortega-Murillo, lograr la realización de nuevas elecciones nacionales, incluidas las municipales de noviembre de este año, las que deberán realizarse solamente mediante la existencia de condiciones legales, técnicas, administrativa, y hayamos dado pasos parar el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Soy ciudadano, soy FAD. Quiero el cambio, soy FAD.
