22 de febrero 2017
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Amnistía Internacional (AI) denunció las "amenazas" e "intimidación" que sufren en Nicaragua los defensores de los derechos humanos, así como los ataques violentos contra los pueblos indígenas misquitos. En su informe de 2016 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, presentado este martes en París, AI también indica que las comunidades indígenas denunciaron violaciones de su derecho a la consulta y consentimiento libre en el contexto del desarrollo del Gran Canal Interoceánico.
Al respecto, el documento señala que, según las organizaciones locales, de ser construido, el canal conllevaría "el desalojo de decenas de miles de personas y afectaría directamente a los medios de subsistencia de comunidades campesinas, indígenas y otras".
En cuanto a la violencia de género, el informe dice que "persistía la impunidad" y que, según un observatorio local gestionado por organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, entre enero y octubre cometieron 44 feminicidios, 30 de los cuales aún no se habían enjuiciado.
En ese contexto, en junio fue atacado un refugio de la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia, sin que hubiera indicios de un "intento serio" por parte de las autoridades de investigar el incidente.
Asimismo, las mujeres pobres fueron las principales víctimas de la mortalidad materna en un país con uno de los índices más elevados de embarazo adolescente de América y donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias.
AI también refleja en su informe que la violencia estalló en la Región Autónoma de Atlántico Norte y que los pueblos indígenas misquitos fueron objeto "de amenazas, ataques, violencia sexual, homicidios y desplazamientos forzados por parte de pobladores no indígenas".
Con ese telón de fondo de conflicto territorial y de falta de medidas de protección efectivas por parte del Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de los pueblos misquitos.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para "poner fin a la violencia y garantizar el respeto del derecho a la vida, a la integridad personal y territorial y a la identidad cultural".
Ante la CIDH
Mientras tanto en Managua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que denuncia al Estado de Nicaragua por haber violado el derecho a la vida del líder miskito Mario Leman.
Leman falleció el 14 de septiembre del año 2015, cuando junto con otras personas, en coordinación con la Alcaldía municipal, había viajado a varias comunidades sobre el río Coco. La misión que lo llevó a las comunidades de Río Coco, fue indagar la situación del conflicto entre colonos y miskitos, sin embargo, al regresar se encontró con el incidente violento y le dispararon.
La versión policial indica que “el lunes 14 de septiembre a las 10:40 de la mañana, mientras participaban en los desfiles patrios en el municipio de Waspam, los estudiantes, maestros y padres de familia fueron agredidos con armas de fuego, morteros y piedras, por grupos de personas que se identificaron como miembros de Yatama, además incendiaron una motocicleta propiedad del INTA, sembrando zozobra y terror en los habitantes, amenazando con quemar viviendas, centros de salud, colegios, comercios y oficinas públicas”.
Elízabeth Enríquez, representante legal de Yatama, aseguró en su momento que los autores de los disparos, eran protegidos por ser activistas del partido Frente Sandinista en Waspam. Después de 500 días del suceso, el homicidio de Leman continúa en la impunidad.
“Se violó el acceso a la justicia y las garantías judiciales en perjuicio de la familia de Leman. Y la integridad personal de esta familia, por cuanto la revictimización de la que han sido objeto, ha representado un alto costo moral y psicológico, y en la petición se orienta a que la Comisión declare responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua, por violar derechos establecidos en la convención americana como la vida y el acceso a la justicia”, manifestó Mauro Ampié, Director Ejecutivo del Cenidh.
En la petición se solicita una indemnización por daño moral y sicológico, para la familia de Leman, por todos los esfuerzos que han realizado para el esclarecimiento del caso, mismos que se han visto frustrados por falta de diligencia de las autoridades policiales y del Ministerio Público.
“Este es un caso que no llegó al escrutinio de la justicia porque el Ministerio Público y la Policía Nacional no cumplieron con su deber, de coordinarse e investigar de forma objetiva e imparcial”, continuó Ampié.
José Leman, hijo del fallecido, afirmó que el proceso de petición de justicia ha sido doloroso y que esperan que los asesinos de su padre, sean capturados y que paguen por su delito.
La petición ahonda en la sucesión de los hechos y cómo, a pesar de solicitar ayuda al Ejército Nacional y la Policía, estos declinaron en auxiliar a la familia de Leman.
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*Con información de Maynor Salazar.
