19 de febrero 2017
AA
Share
La presencia de las fuerzas especiales de la Policía Nacional (PN), patrullando las calles de varias ciudades del país, envía un mensaje que puede traducirse de dos maneras distintas: o el mando policial quiere garantizar la seguridad de los ciudadanos, o bien, Ortega quiere amedrentar a esos mismos ciudadanos.
O ambas.
Roberto Cajina, experto en temas de seguridad y defensa, explica en entrevista con el programa de televisión Esta Noche, cuál es su propia lectura de esa inusitada decisión cuáles son los otros mensajes ocultos que encierra tal decisión, y si es cierto que Nicaragua es un país tan seguro como afirma el gobierno y la Policía Nacional.
Además, valora que las muertes durante un operativo en el barrio San Luis, de Managua, y de la bebé de quince meses Dayra Junieth, en Matagalpa, delatan que la Policía no siguió protocolos de intervención y uso de fuerza, arriesgando las vidas de los oficiales y de la población.
¿Qué significa que la PN sacara sus tropas a las calles?
Es una decisión reactiva y tardía, además de desproporcionada, porque las fuerzas especiales de la policía, según establece su misma ley reformada, la 872, tienen que enfrentar situaciones de graves desórdenes, la criminalidad organizada, el narcotráfico.
Sacarlas a combatir delincuentes comunes es el equivalente de lo que se hizo en El Salvador, Guatemala y Honduras, de sacar al Ejército, porque estas fuerzas son militarizadas.
También hay un show mediático de alguna manera, y revela dos cosas interesantes: uno, el reconocimiento de la gravedad de la situación, y dos, que las fuerzas regulares de la PN no tienen capacidad real de respuesta.
¿Esto demuestra que la criminalidad ha aumentado, pero también que se ha hecho más violenta y letal?
De hecho, el uso de armas de fuego está incidiendo cada vez más en el comportamiento de la actividad delictiva. Si uno revisa, es bastante considerable la cantidad de homicidios que se cometen con armas de fuego, lo que significa que hay un aumento de la criminalidad, aunque las estadísticas policiales digan lo contrario.
El estribillo aquel que somos ‘el país más seguro de Centroamérica’, está demostrado que no es más que eso: un estribillo que al final de cuentas, se usó para adormecer y seducir a la población por un lado, pero también como un elemento de venta de Nicaragua como país de inversiones provenientes del exterior.
Vemos que se compara a Nicaragua con países tan violentos como Honduras, Guatemala o El Salvador, pero muy poco se compara con el resto de Centroamérica.
A mí me parece que esa es una comparación perversa, porque te comparás con los malos, con los peores, como Guatemala, El Salvador y Honduras, que tienen cifras astronómicas de homicidios por cien mil habitantes.
Hablar de la seguridad de un país a partir de un solo indicador, como es el número de homicidios por cien mil habitantes, es un error metodológico y político, porque para determinar el nivel de seguridad de un país, el mapa de la actividad delictiva tiene que ser completo, no basado en un solo indicador.
El comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía, insiste en que la criminalidad se ha reducido, pero la población está alarmada por los hechos violentos acaecidos en los últimos días. ¿Cómo recibe la población este discurso que pregona seguridad, mientras las fuerzas especiales patrullan los barrios? ¿Eso envía un mensaje de intimidación, o la gente se siente más segura?
La Policía prácticamente funciona con una lógica de utilización de la capacidad disuasiva, pero la Policía no entiende que el crimen, la delincuencia, los delincuentes, los criminales, tienen una increíble capacidad de adaptación a las circunstancias, en la medida en que las circunstancias cambian.
Entonces, es posible que veamos en el corto plazo una reducción de los delitos en general, pero el problema es que mantener esas fuerzas especiales, articuladas con todas las especialidades de la Dirección Managua, hasta diciembre, tiene unos costos de operación altísimos.
¿Cómo lo recibe la población? Creo que es posible que haya gente que se sienta más segura, pero de hecho, lo que hay es una desconfianza de la Policía… en la justificación del Presupuesto 2017, la PN asegura que las denuncias se redujeron en 15% en 2015 en relación con 2014.
Si la PN cree que la reducción del 15% de las denuncias equivale a una reducción de los delitos, está equivocada totalmente, porque es posible que en algo impacte, pero lo que más impacta es la cifra negra, es decir, los datos, ocultos, el subregistro de cuánta gente no denuncia los delitos, porque sabe que va a perder tiempo, va a perder dinero, y no va a poder recuperar lo que se le robaron, en caso de robo.
O lo que acaba de suceder en Bluefields, sobre una vendetta entre jóvenes de dos barrios de esa ciudad, que ya causó cinco muertes. La periodista Arlen Cerda, que estuvo en la zona, preguntó a las familias que por qué no llamaban a la Policía para poner la denuncia, porque los involucrados les llamaban de inmediato para decirles: “Ya sabemos que llamaste a la Policía, y te va a pasar esto, esto y esto”.
En esos casos, se junta el miedo a los criminales que están cometiendo esos delitos, con la desconfianza hacia una institución policial que no resuelve, y eso me lleva a otra cosa: lo que se promocionó en el exterior, casi como marca país, fue el modelo preventivo, proactivo, comunitario.
La pregunta es qué está haciendo la Policía particularmente en ese caso, para prevenir que ocurran hechos como esas, y ahí es donde yo insisto en la crisis sistémica de la Policía: el modelo preventivo, proactivo, comunitario está colapsado. No funciona, y no funciona, simplemente porque la gente desconfía. No funciona porque está totalmente corrompido el sistema, y los elementos que conforman el sistema, que podrían ser las divisiones, las direcciones, y las delegaciones departamentales y municipales, no están en capacidad para responder.
¿Y a qué se debe la corrupción del sistema? ¿Es efecto del manoseo político del Presidente Ortega en contra de esa institución?
Así es. Esa identificación de la Policía con el proyecto continuista, dinástico, de Ortega, ha tenido un efecto negativo: se creyeron que éramos el país más seguro de Centroamérica, se involucran política, económica, comercial y financieramente con el consorcio Ortega Murillo. Los recientes acontecimientos violentos, demostraron que no hay tanta seguridad.
¿Cuáles son los límites en la actuación de las fuerzas especiales de la PN, y qué garantías hay de que no cometan abusos, que se respeten los derechos humanos, si se da una situación de particular impacto en la capital, por ejemplo?
No existe un protocolo específico sobre uso de la fuerza, mecanismos de intervención, etc., para estas fuerzas especiales. Al menos, no se conocen públicamente. Lo que existe son los protocolos generales, para toda la fuerza pública.
Lo que me llama la atención y me preocupa es que la fuerzas regulares de la PN no están en capacidad -y estos acontecimientos lo han demostrado- de mantener ese modelo preventivo, proactivo y comunitario que antes del 2007, sí funcionaba en alguna medida.
A partir de ese año, jóvenes desmovilizados de las pandillas, y jóvenes que estaban en alto riesgo social, comenzaron a ser reclutados y utilizados como fuerzas de choque para agredir a las manifestaciones de la sociedad civil, y algunos partidos políticos.
¿Creés que los policías están capacitados para enfrentarse a situaciones de violencia, como la del barrio San Luis, donde resultaron muertos dos oficiales, o lo que vimos luego en Matagalpa, con el asesinato de la niña Dayra Junieth y su papá?
Sí. El problema de la crisis sistémica abarca todos los componentes de la institución, y uno de esos componentes es la Academia de Policía. ¿Qué tipo de policías están formando? Algunos estudian dos meses, cuatro, seis. Otros estudian la carrera policial por cuatro años, que tiene reconocimiento del CNU, y salen titulados como licenciados en Ciencias Policiales.
La pregunta es ¿qué tipo de policía es el que se está formando?
Los policías que asesinaron a Dayra, la chiquita de 15 meses y a su padre, evidentemente que no siguieron ningún protocolo. Simplemente entraron, dispararon, asesinaron a la niña, y mataron a su padre.
En el caso del barrio San Luis, no se aplicó ningún protocolo de intervención, porque además, de manera irresponsable -incluso contra su propia vida- la mujer policía que entiendo que era jefa de la patrulla que atendió la denuncia de un vehículo sospechoso con gente adentro, hizo una aproximación casi suicida.
¿Qué tan preparados están los oficiales para enfrentarse a situaciones como la del barrio San Luis, o lo sucedido en Matagalpa?
Creo que los mismos hechos de ambas circunstancias revela que no están preparados. Es decir que está fallando el sistema de educación policial, y eso es peligroso, porque además también está fallando el sistema de reclutamiento cuando se pide que llene unos ciertos requisitos, y presente tres cartas de recomendación.
Usualmente, esas cartas de recomendación vienen de los gabinetes de la familia, o de los CPC famosos. Entonces, ¿se está reclutando más por identidad política, o se está reclutando a gente que tenga vocación?
Quienes buscan el título en Ciencias Policiales, lamentablemente no son los jóvenes con los mejores registros académicos en secundaria, sino que usualmente proceden de familias de escasos recursos, por lo que no pueden pagar una universidad privada, y no clasifican en los exámenes de admisión de las universidades públicas, porque no tuvieron una formación sólida en secundaria.
También hay un problema de mando, un problema de cómo se puede conservar la estructura jerárquica del mando vertical y único, que debe caracterizar a cualquier policía del mundo.
Eso es especialmente difícil en Nicaragua, siendo que la primera Comisionada, Aminta Granera, parece estar encargada solo de los actos protocolarios, mientras que las decisiones y las comparecencias públicas las efectúa el comisionado Francisco Díaz. ¿Cuál es el mensaje que se envía a las bases de la Policía?
Yo creo que Aminta no manda, y no manda desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que desapareció de las pantallas de televisión.
Yo recuerdo a una Aminta Granera gritándole a los narcos: “No les tenemos miedo”. Fue una firmeza que me llamó la atención, pero esa firmeza ya no existe, porque está borrada del mapa de la representación policial. El problema es ¿qué impacto tendrá en la base de las fuerzas regulares?
En el organigrama actual, lo que vemos es que se ha creado un cuerpo con una cabeza grande, desproporcionada, y el resto del cuerpo pequeño.
Entre el jefe supremo de la PN, que es Ortega, el director de la Policía, los jefes de división, los de dirección, y los jefes de delegaciones departamentales, hacen una burocracia de aproximadamente 60 personas. Eso es exagerado. En lugar de buscar una estructura administrativa y operativa que sea más ágil, la han hecho más pesada.
Por ejemplo, crearon una Dirección de Protección Presidencial para Ortega y la señora Murillo, a la vez que desaparecen las Comisarías de la Mujer, que ya venían siendo desmanteladas desde hace tiempo.
Con Francisco Díaz, prácticamente avanza el deterioro de la Policía, y se afianza la lealtad partidaria, rojinegra, frente al supremo.
La Policía es el ‘hermano menor’ del Ejército. Históricamente así es, y como la Constitución nombra ‘Jefe Supremo’ al presidente de la República, Aminta comenzó a llamarle así al presidente de la República, pese a que no tenía respaldo constitucional para eso.
El mando ahora en la Policía viene directo de El Carmen a Plaza El Sol. Aminta no juega ya ningún papel en la Policía, más que tener el cargo y recibir su cheque.
