11 de diciembre 2016
Varios miles de personas llegadas de las principales regiones geográficas del país marcharon este sábado en conmemoración del 68 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la vez que exigían el cese de la represión y violencia en contra de las mujeres, las minorías étnicas, los opositores y los campesinos.
Fundada en 1945, pocos meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de la Naciones Unidas dictó en 1948 una carta de derechos humanos fundamentales, que sirvió de inspiración a numerosos instrumentos pensados para tutelar esos derechos, de donde derivaron otros de tipo económico, social, político y hasta reproductivo.
Esos convenios y tratados sirven para que “la gente que no es escuchada en su país, que no tiene acceso a la justicia, porque", como ocurre aquí en Nicaragua, tenga la oportunidad, basada en este instrumento, de dirigirse a las instancias de protección internacional para que lo escuchen, para que recomienden a los gobiernos, con las palabras de monseñor Romero, que hoy se las decimos al presidente Ortega: ‘Que cese la represión’,” dijo la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
La abogada aseguró que en Nicaragua hay un incremento en las violaciones de derechos humanos, “no solo las violaciones a los derechos políticos, que es lo que estuvo en el tapete recientemente por la farsa electoral que acaba de concluir, sino que también se está violando el derecho a la vida”.
Explicó que “se ha instalado prácticamente un sistema de ejecuciones sumarias, eliminando selectivamente a los dirigentes de la Resistencia, como lo reflejamos en el documento que le entregamos al Secretario General de la OEA, Luis Almagro”.
Núñez también rechazó la violencia en contra de las mujeres, y clamó porque no haya “más exterminio, persecución y discriminación en contra de las poblaciones indígenas que hoy han marchado a la par nuestra, viniendo desde Waspam, desde Bilwi, y de tantas comunidades indígenas”.
En la misma línea, el filósofo y catedrático universitario, Carlos Tünnerman, dijo que “desafortunadamente, quienes más violan los derechos humanos en Nicaragua son las autoridades”.
“El propio Poder Ejecutivo, a través de la Policía reprime de forma constante a la ciudadanía en el campo, principalmente, como cuando se les impidió a los campesinos hacer su caravana por Managua, incluso atreviéndose a destruir puentes, lo cual constituye un delito contemplado en el Código Penal”, expresó.
Tünnerman dice que también se ha confiscado “el derecho político fundamental de elegir libremente a nuestros gobernantes. Aquí se organizan farsas electorales, y por supuesto, esas farsas no confieren legitimidad a las autoridades que salen electas. En consecuencia, esa falta de legitimidad representa una grave crisis institucional para el país”.
Ciudadanos reclaman respeto
Belkis Herrera, de Somoto, dijo que acudió a la marcha porque “vivimos en un país donde se violan los derechos humanos. Exigimos el respeto de nuestros derechos de manera igualitaria. Que no se excluya a mujeres, niños, ni adolescentes. Demandamos que a las mujeres se les restituya el derecho al aborto terapéutico, y que se cumpla la Ley 779, porque la mayoría de las instituciones –policiales y judiciales- no la cumple”.
Donald Rodríguez, de Quilalí, miembro del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, llegó hasta Managua “para que no se violenten más nuestros derechos, como a los campesinos de Nueva Guinea, que los reprime la Policía y el Ejército. En Quilalí protestamos por los daños que causa la minería, pero ni el gobierno nacional ni el local nos escucha. Por eso marchamos para que se respeten nuestros derechos, nuestras tierras, y nuestras vidas”.
Maribel Soza, de Masaya, dijo que como feministas, también reclaman el “derecho a vivir libres, sin violencia. Que la Policía no nos retenga si queremos marchar. Que haya igualdad entre hombres y mujeres. Que haya respeto en las instituciones, en la calle, en nuestras casas y comunidades”, y que cese la discriminación en contra de quienes no son simpatizantes del partido de gobierno.
Marta Flores, de ‘Católicas por el Derecho a Decidir’, dijo que se sumó a la marcha “para reclamar el respeto a los derechos de las mujeres que son víctimas de femicidio y de asesinato. El Observatorio que lleva esa organización contabiliza este año 46 mujeres muertas por los hombres, y aunque el número es menor que en 2015, observan que hay más mujeres víctimas de homicidio frustrado.
La capitalina Elida Martínez, también de ‘Católicas por el Derecho a Decidir’ expresó la importancia de “defender los derechos de nosotras las mujeres, para que haya más respeto y cese la violencia contra nosotras, ya que se están dando muchas muertes, y tenemos que defendernos”.