2 de noviembre 2016
¿Estamos en un proceso electoral? De acuerdo a la Constitución Política de la República así debería ser, pero el sultán tropical que asumió el poder en enero de 2007 con la consigna nazi del führerprinzip, al cabo de todos estos años ha trabajado para demostrarnos su verdadera cara: que él se considera el pueblo y que por lo tanto su palabra está por encima de cualquier ley, porque…él es la ley.
La legitimidad solo la otorga el pueblo. No es retórica, pero se presta a confusión, porque Ortega quiso borrar desde muy temprano el pluralismo social, político y étnico y pretendió que asumiéramos que el pueblo es él, un todo homogéneo, donde la diversidad real de la sociedad luce algo así como pecaminosa.
Algunas precisiones técnicas-jurídicas
El proceso electoral está constituido por las distintas fases comprendidas entre la convocatoria a las elecciones y la proclamación de electos de conformidad con lo establecido en la legislación. En las sociedades modernas son el medio para garantizar la democracia representativa, es decir el acto de “transferencia de representación de la ciudadanía de un Estado a quienes constituyen los órganos de representación”.
Los elementos de un proceso electoral lo constituyen los sujetos, los medios, las etapas y los plazos. Entre los sujetos del proceso electoral están los organismos que lo desarrollan, los cuales deben actuar con profesionalismo y objetividad. La ausencia de estos elementos, tanto en los actos que se ejecutan, como por quienes la ejecutan, comprometen la legitimidad del proceso y sus resultados.
Entre los sujetos también está el cuerpo electoral y los actores políticos, es decir el conjunto de personas y organizaciones que pueden ejercer el sufragio pasivo o activo.
Los medios de participación son los instrumentos para concretar la participación política de toda la ciudadanía, con el objetivo de lograr su representación en el poder político. Esto comprende el voto en sí y la postulación de candidaturas.
Las etapas deben garantizar que la voluntad popular se manifieste libremente, para ello la ciudadanía debe poder escoger entre todas las opciones políticas e ideológicas que están presentes en el conjunto de la sociedad, como se define en algunos manuales electorales se debe poder “trasuntar el mandato individual de cada ciudadano para convertirlo en expresión colectiva destinada a determinar quienes resultarán depositarios de la soberanía popular durante un período determinado”.
La realidad nacional electoral
En Nicaragua se habían producido varios procesos electorales mediante los cuales se eligieron autoridades nacionales, regionales y municipales, bastante aceptables, aunque no exentos de señalamientos administrativos que no llegaron a comprometer la legitimidad de los resultados. Sin embargo, empezaron a producirse una suerte de ensayos que dieron resultados electorales en los que la voluntad popular no quedó explicitada, caso de una elección municipal en Granada y la falta del 8% de los resultados totales de las elecciones generales de 2006. Se empezó así a deteriorar de manera deliberada la transferencia de representación de la ciudadanía nicaragüense, con lo cual también se fue, adrede, trabajando por devaluar las elecciones.
A pesar de ello, tanto en las elecciones municipales de 2008, como en las elecciones generales de 2011, sectores importantes de la ciudadanía participaron activamente en esos procesos electorales. Pero ya para entonces, lo que empezó como un ensayo se convirtió en una “política pública” de demolición de los instrumentos necesarios para garantizar la democracia representativa, pues el fraude electoral fue la tónica de ambas elecciones.
Se actuó completamente al margen de la ley, eliminando partidos de la contienda, suprimiendo candidaturas de forma arbitraria y caprichosa, quitando la condición de diputados a personas electas, entre otros actos ilegales e ilegítimos. Con lo que se anuló la profesionalidad del órgano electoral, se impidió ser actores políticos a parte de la ciudadanía nacional, lesionando gravemente la universalidad del voto y el principio y el derecho de igualdad de esa ciudadanía. Además, lo que no es poca cosa, se fue explícitamente desdibujando la separación de poderes, normalizando la actuación al margen de la ley y negando en la práctica el derecho a elegir y ser electo.
La legislación nacional establece que el voto es universal e igual para toda la ciudadanía, sin embargo los fraudes electorales contradicen esa definición y esto se ve afectado aún más gravemente con lo ocurrido principalmente a partir de junio del presente año.
¿Proceso electoral?
Se realizó una convocatoria al capricho del poder, las “autoridades” electorales actúan al margen de la ley, se violenta la voluntad popular, se dan a conocer datos sin cumplir lo que las normas mandatan, las autoridades estatales obvian al mandante y se asumen no como mandatarios sino como dueños absolutos y sin límites de la soberanía, entonces, ¿podemos llamar proceso electoral lo que se está viviendo en Nicaragua?
En la calle ya se sabe quién va a ganar, como se dice popularmente “ganó mañana”, y hasta se puede afirmar el alto porcentaje que se auto otorgará el candidato Ortega, entonces, ¿estamos ante un proceso electoral en que se pueda trasuntar el mandato individual de cada ciudadano para convertirlo en expresión colectiva?
¿Qué hacer?
Los dos grandes hitos de la historia reciente de Nicaragua tuvieron salidas distintas. En 1979 fueron las armas, en 1990 fueron los votos. Después de tantas luchas y esfuerzos estamos de nuevo ante una disyuntiva histórica potencialmente excluyente y peligrosamente derivando hacia la confrontación. Y no tenemos ni la salida de las armas ni de los votos.
Conscientemente hemos optado por la lucha cívica. La violencia no es un elemento constitutivo del ser nicaragüense. Queremos realizar la disputa ideológica y política de forma pacífica. Durante muchos años en todo el país se trabajó por la participación ciudadana, la autonomía municipal y regional, la descentralización administrativa, la reconciliación, la paz, los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez y la adolescencia, la diversidad sexual, la incidencia política, el diálogo estado-sociedad. Hemos dado muestra que queríamos otro país.
Sin embargo nos han recetado la negación de la diversidad, la homogenización social, el centralismo gubernamental, la anulación de la separación de poderes y la independencia judicial. Nos niegan el derecho a elegir, a decidir y a que en igualdad de condiciones todas las personas tengamos representación política.
Un poder sin límites nos atenaza y pretende anularnos. Quiere afirmar que el pueblo es él y que la soberanía no es nuestra.
Pero, ¡no!, la soberanía popular es del pueblo y el pueblo somos toda la ciudadanía, toda la población nicaragüense. ¡Somos el mandante!
Al pueblo de Nicaragua le costó mucho tener el derecho a elegir y ser electo. Las mujeres de Nicaragua pudimos votar hasta la segunda mitad del siglo XX. ¡Nuestro voto vale!
Mi voto es mío y no tengo por qué desperdiciarlo en una farsa, en un proceso que es un remedo, una puesta en escena.
El régimen ya decidió que ilegalmente se reelige, decidió que niega el derecho de participación a las organizaciones y personas que quiere, decidió que destituye diputados electos por miles de personas y finalmente decidió que quiere empezar su propia dinastía. En suma ha decidido usurpar la soberanía popular.
Por todo ello, la abstención es la salida y no el voto nulo, porque se vota en procesos electorales y este no lo es. Se vota, asumiendo que se cuentan los votos y aquí se dan los datos al gusto del dictador. Se vota para decidir y aquí la consigna gubernamental es el fraude.
Si en 1979 la salida fueron las armas y en 1990 fueron los votos, en el año 2016 la voluntad individual para conformar la expresión colectiva es preservar nuestro voto y no entregarlo al manoseo de la dictadura. ¡La abstención es la salida! Ese es nuestro compromiso para el presente y futuro. Ese es nuestro deber para derrotar a la dictadura, evitar la confrontación y lograr la paz y el desarrollo.