15 de octubre 2016
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La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó este viernes en Managua un estudio sobre el “grave impacto” que ha causado en la población la concesión del Canal Interoceánico, un mega proyecto que se difumina a medida que pasa el tiempo, pero que para esta organización se trata de “un proceso de mega acaparamiento de tierras”.
El estudio fue realizado en conjunto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quien realizó el trabajo de campo. Fueron entrevistados 131 campesinos de 58 comunidades que serán afectadas por la ruta canalera.
Entre las principales conclusiones del estudio sobresale la criminalización de la protesta social, el hostigamiento a los campesinos del movimiento anti Canal y la militarización de las comunidades.
Francisca Ramírez, dirigente del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, estuvo en la presentación del estudio y aprovechó para denunciar “la persecución” que sufre de parte de la Policía Nacional y el Ejército. Narró que el primero de octubre su marido fue detenido sin explicación, cuando trasladaba granos básicos al norte del país.
La productora originaria de la Colonia La Fonseca, en Nueva Guinea, afirmó que ha recibido visitas de secretarios políticos del Frente Sandinista de dos comunidades distintas, quienes la han acusado de ser jefa de grupos armados y grupos narcos.
“Hay una persecución diaria contra los campesinos. Ya perdimos el derecho a ser campesinos, perdimos el derecho a la salud, porque cuando vamos al Centro de Salud hay como treinta antimotines”, aseguró Ramírez.
Los secretarios políticos también le han dicho que el movimiento anti canal es financiada por organizaciones, y que los han querido vincular con partidos políticos. “Hemos demostrado que la lucha de nosotros es por nuestros derecho y territorios”, señaló.
El estudio preparado por la FIDH (una federación de 180 organismos de derechos humanos de todo el mundo, entre ellos el CENIDH) sostiene que frente a la movilización ciudadana, el gobierno del comandante Daniel Ortega ha optado por la persecución de líderes y la represión de la protesta social, usando para ello las fuerzas especiales de la Policía Nacional, así como fuerzas de choque en complicidad con las autoridades. Eso quedó evidenciado –dice el estudio– en la marcha nacional realizada el 27 de octubre de 2014, y en la represión de los campesinos en El Tule, Río San Juan, la navidad de ese mismo año.
Juan Francisco Soto, Vice Presidente de la FIDH, expuso el estudio junto a la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIDH. Según Soto, la FIDH está preocupada por las violaciones a derechos humanos provocadas por la concesión de un proyecto que carece de estudios fiables que determinen su viabilidad, y de inversionistas para su materialización.
“Se ha logrado documentar junto al CENIDH que se está utilizando al sistema judicial del país para reprimir a estos líderes. El sistema judicial está para la defensa de la población, no para criminalización”, lamentó Soto.
Soto criticó que las fuerzas armadas protejan a una empresa privada, en este caso HKND-Group, propiedad del empresario chino Wang Jing, a quien le fue concesionado este obra faraónica, cuyo coste ronda los 70 mil millones de dólares.
La doctora Núñez afirmó que los indígenas Rama-Kriol, que serán afectados con la construcción del Canal, no han tenido una consulta libre, previa e informada para consentir el uso de sus tierras para esta empresa. De hecho, dijo la defensora de derechos humanos, el régimen ha usado a algunos comunitarios para firmar avales que no representan el sentir de toda esa población indígena.
El Estudio critica en un amplio análisis el “carácter lesivo de las empresas” de maletín de Wang Jing en torno a HKND, y pide a Holanda, Hong Kong y las Islas Caimán “adoptar medidas necesarias para que empresas” inscritas en sus territorios “no menoscaben el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.
El CENIDH y la FIDH piden al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas profundizar en el análisis de la problemática que plantean los mega proyectos como el Canal. Del mismo modo, exhortan a los relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitar una misión in situ en Nicaragua, para poder “evaluar el impacto en los derechos protegidos por sus relatorías en de la concesión” canalera.
