15 de octubre 2016
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, reaccionó con cautela y preocupación ante la denuncia hecha por Carlos Fernando Chamorro sobre el espionaje que realiza el Ejército de Nicaragua y miembros del Frente Sandinista contra la redacción de Confidencial y los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, y abogó por el respeto a la libertad de expresión y prensa.
Aguerri aseguró que no le “consta” que el Ejército “esté haciendo algo”, pero “no solo hemos sido creyentes, sino también defensores activos del modelo de las libertades, especialmente, de la libertad de prensa”, dijo. Además, señaló que el COSEP ha estado “a la par de diferentes medios” cuando se han quedado sin acceso a los permisos que les permitieran importar equipos o papeles. “Hemos estado aglutinando a los diferentes sectores independientes alrededor de su fortaleza y unidad”, subrayó.
El presidente del COSEP recordó que los empresarios le brindaron su solidaridad a Carlos Fernando Chamorro en 2008, cuando la Fiscalía y la policía allanaron las oficinas Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), en un acto de abuso de poder
“Solidarizarnos en ese aspecto. Si eso fue como lo plantea Carlos Fernando, pero también es importante –aun si se parte de la premisa de que no se cree en el sistema- es importante que siempre se den este tipo de acusaciones a través del sistema”, afirmó Aguerri.
Daña imagen del país
Roberto Sansón, presidente de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AmCham), sostuvo que no puede “decir si la denuncia es cierta o no”, pero revela “que hay un problema de descomposición que hay que mirar con cuidado”.
“El Ejército tiene que ver seriamente esto, a ver si la denuncia tiene sustento. No puedo opinar más porque eso depende de cada institución, pero la obligación es investigar los casos”, alentó el empresario.
El presidente de AmCham expresó que esta denuncia de Chamorro previo a un proceso electoral cuestionado, y todas las acciones en contra de la oposición representada en la Coalición Nacional por la Democracia, repercuten en el ambiente de inversiones.
“Todo lo que ha pasado en los últimos meses daña la imagen del país. Independientemente de la posición que una persona tenga sobre el tema político, lo cierto es que nos afecta a todos”, aseguró.
Leonardo Torres, presidente de la Consejo Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa (Conimipyme), afirmó que la denuncia debería presentarse ante las autoridades.
“Lo que debe hacer (Chamorro) es poner una denuncia ante la Policía o el Ministerio Público, para que abran una investigación, que diga si estos señores del Ejército existen o no existen, y quiénes son”, dijo Torres.
Mientras que Aguerri recordó que estas “prácticas burdas” eran realizadas en los años ochenta. “Ningún gobierno debe hacer ningún tipo de espionaje contra ningún medio de comunicación, por muy diferente que piense del gobierno, y ese es un principio que desde COSEP siempre vamos a defender y respetar. Lo hemos dicho incontables veces. Tenemos que aprender a ser tolerantes con los que piensan distinto. Ningún gobierno debería hacer ese tipo de cosas, si es que lo hace”, reiteró Aguerri.
“Ortega facultó al Ejército para espiar”
- Exmilitar asegura que la DID realiza labores de espionaje político
El teniente coronel en retiro, Irving Dávila, aseguró que con la reforma a la Constitución Política y al Código Militar en 2014, el comandante Daniel Ortega otorgó a la Dirección de Información para la Defensa (DID) facultades similares a la extinta Seguridad del Estado de los años ochenta, que realizaba espionaje político.
“Al modificar la Constitución y el Código en el artículo 26, se establece más claramente la función de seguridad nacional que tiene el Ejército”, explicó Dávila, quien ha realizado un análisis a fondo de la normativa militar.
El oficial en retiro sostuvo que la “función de seguridad nacional” no es más que “la seguridad del régimen” de Ortega. Recordó que en Latinoamérica los Ejércitos asumieron esta función en el pasado, causando represión en contra de quienes consideraban enemigos.
“Una vez dada esa facultad a la DID, que es el ejecutor de la política de seguridad nacional, se crea posteriormente la ley de Seguridad Soberana”, expresó Dávila. “Esa ley es una interpolación, es una suplantación y traslado de artículos de la ley de Seguridad Democrática convertida de manera antojadiza la ley de Seguridad Soberana”.
Aunque la propia Constitución prohíbe al cuerpo castrense espionaje político, Dávila explicó que con la reforma a la Constitución se produjo una contradicción entre artículos que facultan al Ejército a cumplir esta función. “Ortega facultó al Ejército para espiar”, dijo.
Según Dávila, la DID hace espionaje político porque lo ha vivido en los departamentos, cuando se reúne con otros retirados del Ejército, quienes demandan una ley para acceder al Seguro Social. “Andan detrás de todas las personas que el orteguismo ve como enemigos de manera paranoica”, insistió.