El proyecto Ortega-Murillo

La desaceleración de la economía nicaragüense es, en parte, porque no llegó la “lluvia de inversiones extranjeras” que anunció el gobierno para el 2015-2016. Esta cautela de los inversionistas, se va a profundizar por las medidas políticas adoptadas por Ortega entre mayo y agosto de 2016 y por el “Nica Act”, indican que los negocios no van a marchar al mismo ritmo que a las necesidades del gobierno. Además el marco económico internacional es adverso, se habla de una nueva recesión internacional.

Los niveles de inversión, en definitiva, no dependen solamente de la confianza que se tenga en el gobierno, aunque es un elemento que se toma en cuenta; sino que principalmente dependen de la tasa de ganancia que puedan obtener los empresarios. El gobierno va a continuar a facilitar las ganancias vía reducción de los salarios reales, reprimir las huelgas y garantizar la remisión de las utilidades y dividendos por parte de las empresas extranjeras y el pago de los intereses de la deuda externa.

Por otro lado, la economía arrastra agudos desequilibrios que se profundizaron en los últimos diez años. La desaceleración obedece, también, a desequilibrios estructurales del capitalismo dependiente nicaragüense que está corroído por un tradicional rentismo parasitario en beneficio de los grupos económicos dominantes. Si no hay un fuerte proceso inversor en el sector productivo la desaceleración va a continuar, con peligro a profundizarse.

En el futuro inmediato, 2017, la ampliación del consumo y el crecimiento del mercado interno, va a depender de las inversiones del gobierno en obras públicas (esas inversiones dependen en un gran porcentaje de los préstamos de los organismos financieros internacionales que pueden ser bloqueados si se convierte en ley el “Nica Act”), pero el impacto de esas acciones sobre el conjunto de la economía no es automático e inmediato, y, al mismo tiempo, habrá que ver cuántos dólares del blanqueo se transforman en inversión real productiva.

El gobierno no ha propiciado el crédito para la actividad productiva y prevalece el incentivo para la especulación en los mercados de dinero y de capital. La fragilidad del mercado laboral es evidente, en cuanto a la cantidad del empleo, su calidad y los ingresos que se generan.

Es cierto que los precios de los principales productos de exportaciones han cesado de caer; pero el freno de China, el estancamiento de Europa, el temor a un reinicio de los quebrantos bancarios (Italia, Alemania, etcétera), retratan un marco económico internacional desfavorable. A partir de 2017, no se cuenta tampoco con el escenario de la euforia del dinero venezolano, ni con los vientos de cola de los altos precios internacionales.

En el 2017, podemos prever una reducción de las conquistas sociales, mantenimiento de las transferencias de los ingresos a favor del gran capital en detrimento de los sectores populares: el proyecto Ortega-Murillo expresa los intereses de la nueva clase, de la vieja oligarquía, que privilegia a los banqueros, sostiene al agronegocio y apoya a la gran minería de cielo abierto.

Todo lo anterior, implica consolidar el neoliberalismo, mantener el ejército de desempleados o subempleados y afianzar la pobreza. Ortega-Murillo tienen un proyecto reaccionario bien definido, aunque se autoproclamen progresistas y a favor de los pobres. Vivimos una coyuntura de mañas y artimañas, tenemos que continuar atentos a lo que está en curso. Quienes sufrimos la dictadura somocista sabemos que eliminar a la oposición en un proceso electoral o a las voces disidentes es fiel reflejo del temor del poder autoritario. Cada día el gobierno Ortega tiene menos credibilidad dentro de los sectores progresistas en el escenario internacional.

La apertura comercial (firmar tratados de libre comercio) ha sido un objetivo estratégico del equipo económico del gobierno y que es apoyado por el gran capital. Ellos auspician el ingreso de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio Transpacífico, a la Alianza del Pacífico o a cualquier tratado de libre comercio (TLC) que se pueda firmar (Taiwán, Chile, Corea del Sur, Chile, México, CAFTA, etcétera), aunque no se hay incrementado la productividad, ni la producción. Se firman TLC y no hay nuevos productos que vender.

El objetivo del gobierno Ortega-Murillo es relanzar el programa neoliberal después de las elecciones de noviembre de 2016. Ortega-Murillo encarnan un modelo no progresista, contrario a la creencia de algunas personas, privilegia al capital financiero y la concentración del capital y la desigualdad social. Su proyecto es centrado en la apertura comercial y el turismo de alta gama. Sin embargo, el proyecto Ortega-Murillo es muy incierto en el mediano plazo.

Una economía que crece poco y a la baja, exportaciones que dependen esencialmente de la demanda en Estados Unidos, el dinero venezolano a la baja, son factores que entre muchos otros tienen a la economía nicaragüense contra la pared. Por otro lado, se ha traspasado un umbral, exista una profunda crisis ética, comienza la intimidación política, todo lo cual significa que es el fin mismo de la democracia.

Es de esperar, a partir del 2017, que se empiecen a manifestar disputas cada vez más abiertas al interior de los distintos sectores de la clase dominante en cuanto al rumbo a privilegiar en el futuro (conflictos que de manera incipiente ya se han presentado), elemento que se puede agudizar en la fase que se inicia de desaceleración económica.