16 de septiembre 2016
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Las consecuencias de la Ley “Nicaraguan Investment Conditionality”, que está en la antesala del Congreso de Estados Unidos, serán “fuertes” para la economía nicaragüense, que de inmediato recibiría menos cooperación internacional, tendría una imagen negativa ante los inversionistas y disminuiría sus cifras, según expertos consultados por Confidencial. La iniciativa de ley dio este jueves su primer paso hacia el Congreso, donde podría ser discutida y aprobada en 2017.
“Nica Act”, como la han bautizado sus congresistas promotores, propone que Estados Unidos se oponga a que Nicaragua reciba préstamos de los organismos financieros en los que el país anglosajón tiene un voto decisivo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Este jueves, el primer paso de la iniciativa fue su aprobación en el subcomité del Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense.
Diversos especialistas coinciden en que la ley no lograría ser aprobada este año, debido a las elecciones presidenciales es aquel país, fijadas para el ocho de noviembre, solo dos días después de las votaciones en Nicaragua. Sin embargo, no la descartan para el próximo año y creen que los mismos comicios nicaragüenses podrían ser su próximo empujón.
“Ortega lo ha provocado”
El abogado liberal y expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, considera que la iniciativa se ha promovido entre los republicanos como respuesta a las violaciones a la Constitución Política del comandante Daniel Ortega, su irrespeto reiterado a los derechos de los nicaragüenses y sus acercamientos a países como Rusia e Irán, que no son bien vistos por Estados Unidos.
La demanda de la que han hecho eco la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata Albio Sires, del Comité de Relaciones Exteriores, es que Ortega adopte medidas para el restablecimiento de la democracia en Nicaragua y que permita y garantice elecciones libres, justas y transparentes.
“Ortega ha sido el principal promotor de esta iniciativa al restar garantías constitucionales, negar los derechos de los nicaragüenses y buscar nuevas confrontaciones con Estados Unidos. Una ley como la que se propone traería menos cooperación a Nicaragua, que ya no cuenta con la de Venezuela”, indicó Pallais.
El economista y exdiputado Enrique Sáenz --uno de los 28 legisladores de la oposición destituidos por una resolución del tribunal electoral en julio pasado--, sostiene que "sin duda, la razón que llevó a colocar la demolición de la democracia en Nicaragua en los radares de la comunidad internacional fue la brutal embestida de Ortega que comenzó con eliminar a la oposición del proceso electoral, excluir la observación internacional, apoderarse de todo el sistema electoral de la base a la cúspide, designar a su esposa (Rosario Murillo) como candidata a la vicepresidencia y destituir a los diputados opositores".
La cooperación del BID y el BM se estima en unos 250 millones de dólares anuales en préstamos altamente concesionales.
Además, Pallais estima que se enviaría un mensaje negativo inmediato para los inversionistas y en el corto y mediano plazo afectaría significativamente las cifras económicas del país, que tanto han destacado el gobierno y el sector empresarial, incluyendo el crecimiento económico cuya meta se ha fijado en un 4.5 por ciento anual.
Sáenz sentencia que "al evaporarse la cooperación petrolera venezolana, pasmarse los ingresos por exportaciones y esfumarse la cooperación internacional tradicional, a la economía nicaragüense solo le quedan dos tanques de oxígeno: las remesas familiares y los créditos de las instituciones financieras multilaterales (BID, Banco Mundial y BCIE, principalmente). Es una situación sumamente vulnerable. Obviamente, de aprobarse una iniciativa como esa tendría un impacto muy fuerte".
Participantes en la audiencia "El colapso democrático de Nicaragua", del subcomité del Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos. | Confidencial
“El colapso democrático”
La iniciativa “Nica Act” se presentó formalmente en una audiencia que el subcomité tituló “El colapso democrático de Nicaragua”, que contó con la participación del subsecretario adjunto del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Juan González, y la asistente administrativa del Buró para Latinoamérica y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), Marcela Escobari, para argumentar el retroceso democrático del país.
Escobari aseguró que el gobierno de Ortega “continúa cerrando los espacios democráticos y consolidándose en el poder”, tras recordar que el caudillo del Frente Sandinista lleva diez años en el poder, luego su regreso a la Presidencia en 2007 y su reelección en contra de las disposiciones constitucionales en 2011.
Ahora, Ortega busca un tercer período consecutivo, con una reforma constitucional a la medida y en compañía de su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia. Además, el mandatario despejó el camino eliminando la competencia de la segunda fuerza política del país, al arrebatarle su representación legal a través de un fallo judicial. Todo a la sombra de un proceso para el cual también ha obstaculizado y prohibido la observación electoral nacional e internacional independiente.
Bajo estas condiciones, las elecciones han sido calificadas por la oposición excluida como una "farsa", mientras varios organismos demandan su anulación y convocatoria a un nuevo proceso transparente y justo.
En su intervención, el presidente del subcomité, Jeff Duncan, también mencionó las irregularidades en procesos electorales pasados, la concentración del poder político, el control sobre el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, las presiones a la libertad de prensa y de expresión, el nepotismo y la “enorme discrecionalidad” en la concesión del proyecto del canal interoceánico, al empresario chino Wang Jing, de HKND.
González: señales "preocupantes" con "implicaciones para la región"
El subsecretario adjunto del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Juan González, por su parte, aseguró que "las relaciones bilaterales entre Nicaragua y Estados Unidos se encuentran en un momento crítico".
El funcionario aclaró que el gobierno de Ortega es colaborador en algunos temas como la lucha contra la migración ilegal y el tráfico de drogas, pero indicó que "no hay duda que desde que asumió el poder en 2007, el Presidente de Nicaragua Daniel Ortega ha estado trabajando para transformar el país en un sistema de facto de partido único".
"Preocupan las acciones que ha tomado recientemente para restringir la realización de elecciones libres y justas y desmantelar instituciones democráticas, tales como los partidos políticos independientes. Si bien todavía existen algunas libertades y el proceso electoral se llevará a efecto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha utilizado los mecanismos del gobierno, el sistema judicial, la manipulación política y la intimidación para eliminar el sistema de controles y contrapesos necesario para que exista una democracia vibrante que funciona", alertó González en su ponencia.
Según González, "el efecto acumulado de estas acciones arriesga en convertir estas elecciones en una pantomima de democracia" e instó "firmemente" al gobierno nicaragüense a "cambiar el curso y crear un ambiente más propicio para la realización de elecciones libres y justas", tras apoyar los "esfuerzos de la sociedad civil de Nicaragua, los líderes empresariales y los líderes religiosos de continuar abogando por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la separación de poderes y un proceso electoral justo".
Además, advirtió que en Estados Unidos "ven señales preocupantes en relación a los espacios democráticos en Nicaragua que podrían tener importantes implicaciones para la región".
Consenso entre republicanos y demócratas
La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen recordó las expulsiones "arbitrarias" de ciudadanos y funcionarios estadounidenses de Nicaragua y celebró el voto de republicanos y demócratas a favor de la iniciativa. Mientres, el demócrata Albio Sires expresó su esperanza en que el proyecto sea aprobado por el Congreso y el Senado y sea firmada rápidamente por el presidente Barack Obama.
Sáenz resaltó que debido a las pocas posibilidades de la ley en el Congreso, la iniciativa "hasta ahora parece ser un amago político para mostrar a Ortega que de aquí en adelante no podrá seguir atropellando impunemente los derechos de los nicaragüenses y que hay fuerzas del "establisment" norteamericano que tienen sus ojos puestos en Nicaragua".
A su juicio, "esta es una realidad nueva", porque hasta hace tres meses "no existían esas visiones compartidas por democrátas y repúblicanos" y subrayó que "ese mismo estado de opinión también se ha extendido a nivel de la comunidad internacional, en Europa, en América Latina, en organismos internacionales y en los grandes medios de comunicación".
Además, recordó que "es previsible que en los próximos días la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos presente un informe sobre la situación del país y coloque en agenda el colapso de la democracia nicaragüense", aunque señaló que "la responsabilidad principal para impulsar un proceso de cambio recae en nosotros, los nicaragüenses".
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó dos reformas a la iniciativa, estableciendo que a más tardar 120 días después de la fecha de la promulgación de esta Ley, el Secretario de Estado, en consulta con la comunidad de inteligencia presente al Congreso "un informe sobre la participación de altos funcionarios del gobierno de Nicaragua, incluyendo los miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, y el sistema judicial, en los actos de corrupción pública o violaciones de los derechos humanos en Nicaragua".
Además, indicaron que el informe no será clasificado (aunque puede contener anexos que sí lo sean) y que su información estará a disposición del público interesado.
Igualmente, el subcomité votó a favor de una resolución que demanda la liberación inmediata de los prisioneros políticos, y el respeto a los procesos constitucionales y democráticos en Venezuela.
