El COSEP también es un actor político

El consenso nacional e internacional que el COSEP se ha constituido en el ente social con mayor espacio de entablar un vínculo con el gobierno de Daniel Ortega es indisputable. Si bien es cierto que este gremio formalmente no es partidista e ideológico, la organización hace política.

Su relación con el entorno nacional, el tipo de arreglo no escrito al que llegó con Ortega, que como dice Michael Shifter surge “bajo el entendido de que no se meterán en política, y en correspondencia, Ortega les dejará hacer sus negocios con poca interferencia y mínimos impuestos,”son actos políticos.

De igual forma, su política se extiende a la anuencia u omisión respecto a la concentración del poder político del régimen actual.  De ahí que hay una responsabilidad del COSEP de definir abiertamente su posición.

Ante los abusos de autoridad de Ortega, guardar silencio es sumisión y lealtad, hacerse cómplice del régimen a cambio de los favores que éste le ofrece. Por otro lado, la crítica constructiva y comprometida hoy día constituiría un pacto político para el desarrollo y el cambio: para nadie, ni para el COSEP, está en disputa que Daniel Ortega esté gobernando autoritariamente.  Proclamarlo de forma pública y transparente, es el primer paso para ponerle un límite al autoritarismo

La indefinición del COSEP es complicidad, pero también es un legado para los herederos de sus empresas. Al fin y al cabo, son los hijos de los empresarios del COSEP que están recibiendo las instituciones viciadas del Orteguismo.

Los favores del régimen al sector privado. 

Aunque el COSEP razona su relación con Ortega como un acto comedido ante el riesgo político de entrar en otro conflicto, la razón principal por la que COSEP ha pactado con Ortega anteriormente estriba en un acuerdo de conveniencia para la gobernabilidad económica.  Este acuerdo básicamente consiste en que Daniel Ortega otorga el favor al gremio empresarial de darle trato preferencial a ciertas empresas, a actividades económicas emergentes, y le permite opinar y llegar a acuerdos sobre legislaciones y políticas económicas.

Este es un favor clave porque desde la perspectiva del COSEP y ante un estado ineficiente e inefectivo, la línea directa del presidente hacia el gremio corta trabas que de otra forma interrumpirían el crecimiento del país.  Este favor trae beneficios y costos.  El beneficio ha sido el de operar con cierta libertad, y aunque el gremio del COSEP realmente no representa a más del 5% de todo el empresariado nicaragüense, en un país donde más de dos tercios de las empresas son de por sí informales, las ventajas a este grupo son formidables. Por ejemplo, bajo el gobierno de Ortega, las exoneraciones fiscales que representan más del 6% del PIB, a pesar de las objeciones del Fondo Monetario Internacional.

El precio por este favor ha sido el silencio ante los abusos de autoridad y el uso de la excusa del riesgo moral. La dirigencia reconoce ese precio, un silencio a cambio de “volver a poner de pie la economía, para crear empresas, para generar el empleo que la población demanda, para reconstruir de las cenizas un país que fue dejado como tierra arrasada por muchas de esas voces que hoy buscan que campee nuevamente la bandera de la confrontación y la destrucción en nuestro país.”  Es decir, aceptar la misma bota militar que oprimió en el pasado a cambio de una cena suculenta.

Los miembros y líderes del COSEP no necesitan y no tienen por qué hacer campaña política, ese no es el punto. Pero su responsabilidad base está en proponer una agenda para la reforma política de este país como condición necesaria para el crecimiento económico.  El liderazgo sostiene que han “puesto la institucionalidad, el desarrollo económico y el desarrollo social como prioridades en nuestra agenda gremial empresarial con convicción y firmeza.” Para ello resaltan algunos indicadores pero esconden otros, y concluyen con un decálogo de sus principios.

Para llevar a cabo esos principios será importante verificar el compromiso. Un método para ello consiste en comprometerse en cinco puntos clave: exigir al estado el respeto al estado de derecho, comprometerse con el gobierno en promover un desarrollo económico diferente, instar al presidente Ortega a formar un diálogo nacional que verifique el cumplimiento del buen gobierno después de las elecciones.

El estado de derecho

Tanto la confianza, como el ejercicio mismo del estado de derecho en Nicaragua, es deplorable.  El sistema judicial no solo está cooptado por fichas claves del círculo de Ortega, pero su funcionamiento es lento e ineficiente.  El COSEP sabe que la propiedad privada, el activo más importante del empresario, está en peligro.  En un estudio reciente copatrocinado por el COSEP, se constató que cerca de la mitad de los emprendedores nicaragüenses creían que su propiedad no está protegida por el estado, que la solución de controversias es ineficiente, que hay incumplimiento a las leyes y que hay corrupción en el registro de la propiedad.   También reconocen los empresarios la imposibilidad de formalizar sus empresas, y casi la mitad no confía en la oficina de tributación, la DGI, sea por corrupción o ineficiencia.

La responsabilidad del COSEP ante su gremio es asegurar que el estado proteja los derechos de sus miembros, su propiedad.  Para ello tiene como obligación exigir al estado de Ortega que aumente su eficiencia burocrática, los controles de cumplimiento legal contra la corrupción, y la transparencia en la gestión pública, tanto para la asignación de contratos como para la protección de acuerdos comerciales.

Una estrategia de desarrollo más inclusiva  

La situación económica de Nicaragua no es óptima.  Aunque el país ha crecido, no está sacando a nadie de la pobreza. El país continúa viviendo en desigualdad, pobreza y migración, pero no en desarrollo.  El ingreso promedio del nicaragüense es prácticamente el mismo hace diez años, e igual de precario, de menos de 150 dólares al mes.

Entre los factores de esta situación está la baja calificación de la fuerza laboral, el gigantesco tamaño de la economía informal del empresariado nicaragüense, y un enfoque hacia la inversión en actividades de baja rentabilidad.  La responsabilidad del COSEP está en exigir al estado un cambio en su compromiso con el desarrollo y reconsiderar sus estrategias de inversión. Cuestionar la naturaleza de subsidios que compran votos y apoyo, y apostarle al capital humano que está muy rezagado.  El nicaragüense promedio no solo vive de muy poco, pero su formación es inferior al cuarto grado y su salud está en riesgo diariamente.

Agenda nacional y verificación

Dentro del esfuerzo por cumplir con esos diez principios es clave que exista un consenso nacional en el país sobre lo que beneficia a sus ciudadanos.  De ahí que la capacidad de convocatoria de COSEP ante el gobierno debería incluir un esfuerzo por crear una agenda nacional que aborde y exija un cumplimiento a estándares de respeto al estado de derecho, a las reglas del juego democrático y que identifique un modelo de desarrollo incluyente.  El COSEP tiene razón, el país necesita de un diálogo, y no de confrontación, y tanto el presidente como el resto de los actores políticos y sociales tienen responsabilidad de identificar puntos en común, en vez de probar sus fuerzas. No se trata de deslegitimar y desmantelar el poder político de Ortega (aunque para unos ese sería un buen paso). Pero al menos es importante iniciar una etapa de reformas políticas que legitimen a la oposición, que no intimiden a la sociedad civil y que sea fiscalmente responsable de los gastos.

La dirigencia empresarial ha sido clara en manifestar su posición, y sus diez principios representan un rechazo al clientelismo y el favoritismo del gobierno actual.  Ahora queda en sus manos hacerse cargo de practicar esos principios y abandonar el riesgo moral.

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*Politólogo nicaragüense. Investigador en temas de desarrollo, migraciones y remesas en el Diálogo Interamericano.