3 de septiembre 2016
Los representantes de la Iglesia evangélica nicaragüense esperan que el gobierno del comandante Daniel Ortega “reflexione” sobre la normativa que controla el ingreso de misioneros religiosos a Nicaragua, emitida el pasado 12 de agosto, bajo el título de “Mecanismo para facilitar el ingreso y egreso organizado y seguro a Nicaragua de Iglesias, denominaciones y congregaciones”.
El pastor Mario Espinoza, presidente del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, aseguró que la normativa les cayó “como un balde de agua fría” y que cada mes esta afectaría a un promedio de más de doscientos misioneros que asisten diferentes proyectos religiosos en el país.
“La medida trae un serio obstáculo para que misioneros, pastores, evangelistas o gente que venía a ayudar con viviendas o comedores (ahora) puedan venir libremente, como lo habían estado haciendo”, afirmó Espinoza, en una entrevista con el programa de televisión Esta Noche, el jueves pasado.
Durante las últimas tres semanas, una docena de representantes evangélicos se han reunido con representantes del gobierno para expresar su inconformidad con la normativa y exigir su derogación. El fin de semana anterior, un grupo de evangélicos también protestó en la Rotonda Larreynaga, en Managua. La normativa ha cambiado, pero aún sigue sin gustar a la mayoría de los representantes.
Piden “volver a la normalidad”
El pastor Rafael Aristas, presidente de las Asambleas de Dios, agregó en la entrevista que las reuniones con el gobierno permitieron acordar la eliminación de los trámites internacionales que los misioneros debían realizar en los consulados nicaragüenses ubicados en el exterior.
Sin embargo, las iglesias aún tendrían que enviar una carta al Ministerio de Gobernación junto con un formulario con los detalles del misionero: nombre, edad, ocupación, nacionalidad, denominación religiosa, fecha y hora de ingreso, fecha y hora de salida, itinerario en Nicaragua, objetivo de su visita y otros detalles. Luego, esperar siete días para que el gobierno autorice o rechace la solicitud.
“Hemos conversado y las tensiones se han bajado, porque inicialmente la normativa era más estricta”, valoró Aristas. Antes, dijo, pedían que el misionero identificara hasta el nombre del conductor y el modelo, color y placa del vehículo en el que se iba a trasladar.
Espinoza coincidió en que la reducción de requisitos es un avance respecto a la normativa original, pero aclaró que la nueva “esquela” aún no es aceptada por todo el liderazgo evangélico.
“Quisiéramos volver a la normalidad, que la Iglesia y los pastores se sientan tranquilos. Nosotros no tenemos nada que esconder. Somos transparentes y esperamos que el presidente (Ortega) pueda reflexionar y podamos volver a la normalidad”, expresó Espinoza.
Medida sin precedente
Las Asambleas de Dios, que actualmente preside Aristas, tienen más de cien años de permanecer en Nicaragua. “En todo este lapso nunca habíamos tenido un problema como el que tenemos ahora.
Una ley que sale así, de la noche a la mañana, lo descontrola todo”, lamenta el pastor.
El gobierno y los evangélicos tienen un nuevo encuentro previsto para el próximo 20 de septiembre. Espinoza y Aristas confían en que podrán seguir conversando para facilitar —y no dificultar— las visitas de los misioneros.
Los pastores lamentaron que el gobierno argumente que la normativa pretende combatir la posible influencia del crimen organizado en Nicaragua.
“¿Por qué nos tratan de esta manera? Nos parecen que esas causas no son correctas para aplicárselas a la Iglesia. Imagínese el color que nos dan. Empañan la imagen de la Iglesia, del pastor y del misionero”, reclamó Aristas.
Según datos de ambos pastores, en Nicaragua existen unas 3,600 iglesias evangélicas y laboran unos 7,000 pastores.
Espinoza consideró que la medida “golpea la economía de las Iglesias” que tienen asistencia a viviendas pobres y comedores infantiles en zonas rurales o marginadas del país, porque ante la medida varios misioneros han cancelado sus visitas o han cambiado de destino sus proyectos.
“La Iglesia siempre ha tenido libertad para actuar, para ayudar, y Nicaragua ha sido hasta ahora el país más seguro para hacerlo, en comparación con otros países de la región, pero de pronto nos encontramos con esta medida y es lo que no entendemos”, criticó Espinoza. “Creemos —agregó—que la medida no es real y esperamos alcanzar un acuerdo que nos permita actuar como siempre”.