31 de agosto 2016
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Dos torsos humamos en medio de la maleza, piernas y brazos picoteadas por las aves de rapiña, sangre y descomposición. Así fueron encontrados los restos de los miskitos Gerardo Chale Allen (30 años) y de Lenín Pedro Parista (28 años), descuartizados por colonos que invaden sus tierras en la comunidad Esperanza Río Coco arriba, una zona alejada del Caribe Norte de Nicaragua, donde los indígenas están siendo asesinados ante la inacción del gobierno del comandante Daniel Ortega.
Chale Allen y Pedro Parista fueron secuestrados el 18 de agosto por colonos cuando iban a sus parcelas a recolectar alimentos para sus familias. Fueron emboscados por hombres armados y secuestrados. Once días después, este 29 de agosto, tras “una intensa búsqueda”, un grupo de 35 guardabosques miskitos se toparon con los cadáveres, aunque hacían falta las cabezas de las víctimas.
El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) contabiliza una treintena de miskitos asesinados desde septiembre de 2015, cuando la violencia de los colonos arreció en la zona.
“Los restos los dejaron en la selva, bien adentro, en las faldas del cerro Mucu. Al parecer primero los rafaguearon y luego los descuartizaron”, relató Delwing Rosalío Colomer, activista del CEJUDHCAN. A los indígenas los pudieron identificar por sus vestimentas convertidas en harapos.
Rommel Constantino, presidente del Gobierno Territorial Indígena de Wangki Twi Tasba Raya, lamentó la inacción de las autoridades, en especial de la Policía y el Ejército Nacional.
“La autoridad comunal le comunica a la territorial y después a la territorial. Cuando la Policía y el Ejército son avisados, piden tiempo para organizarse, dicen, pero la violencia continúa”, lamentó Rommel, quien dijo que en su comunidad los asesinatos de siete indígenas en menos de un año siguen impunes.
Violencia en aumento
La constante tensión que viven estas comunidades miskitas ha alertado a todos menos al gobierno sandinista. El doce de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó por tercera vez consecutiva medidas cautelares a favor del pueblo miskito, que ante la violencia armada de los colonos huye hacia Honduras para refugiarse.
Las medidas de protección de la CIDH fueron giradas para las comunidades de El Cocal y Naranjal, del territorio Li Aubra, sumando doce beneficiadas en menos de un año. Sin embargo, hasta la fecha, los miskitos han denunciado que el gobierno del comandante Daniel Ortega no ha respondido al llamado del organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Seis defensores de los indígenas del CEJUDHCAN también recibieron medidas cautelares al recibir constantes amenazas de muerte y hostigamiento por su labor.
“El Estado de Nicaragua no dialoga con las comunidades y no busca los mecanismos para proteger la vida de los indígenas. No interviene ni con la Policía, el Ejército, ni la Fiscalía ni la Procuraduría, desacatando las medidas cautelares de la Comisión”, dijo la doctora María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).
Acosta describió un panorama dramático a causa de la violencia: un estado de tensión permanente, abusos sexuales a mujeres, secuestros, amenazas y muerte.
Un amplio reportaje de Confidencial --presentado en cuatro entregas-- evidenció la corrupción y el tráfico del territorio ancestral por parte de funcionarios del Frente Sandinista y del partido YATAMA. Los principales implicados son el Coordinador del Gobierno Regional, Carlos Alemán Cunningham, y los concejales Waldo Müller y Adrián Valle Collins, todos sandinistas. La investigación periodística demostró además que el propio Procurador General de la República, Hernán Estrada, entregó seis mil manzanas de tierras en territorio indígena. La dependencia pública prometió hace meses una entrevista a este medio de comunicación, pero no hemos obtenido respuesta.
El tráfico de tierra indígena está prohibido por la Ley 445, que garantiza la propiedad comunal. En los territorios de WangkiTwi-Tasba Raya, Li Aubra y Lilamni Tasbaika Kun habitan aproximadamente once mil miskitos, y al menos unos tres mil han sido forzados a abandonar sus hogares, de acuerdo a la CIDH y al CEJUDHCAN.
Los indígenas reclaman el cumplimiento del saneamiento de los territorios ancestrales, que consiste en expulsar a colonos. Sin embargo, el gobierno del comandante Ortega no ha realizado esta última de cinco etapas establecidas en la ley 445.
“El Estado de Nicaragua tiene un compromiso histórico con los pueblos indígenas, pero calla y no resuelve este problema que nos deja sin tierra y sin recursos”, lamentó Rendel Herbert, representante del pueblo Mayagna, en el programa Esta Noche.
Rommel denunció que la violencia que sufren como indígenas es desmedida frente a las armas de guerra que portan los colonos. El presidente comunal del territorio Tasba Raya aseguró que las autoridades “no creen” que los invasores los emboscan con armas automáticas y nuevas.
Herbert sospecha que detrás de las armas de guerra que empuñan los colonos contra los comunitarios “hay personas poderosas, grandes terratenientes y políticos” que las suministran. El Mayagna sostiene que el interés “principal” es “quitar las tierras y los recursos naturales, así como una limpieza étnica”.
Este martes los restos de los indígenas Chale Allen y Pedro Parista fueron sepultados en la comunidad Esperanza. Más tumbas de cemento crudo son construidas de urgencia en el Caribe Norte de Nicaragua, como la de Rey Müller y otros 29 miskitos abatidos por defender sus tierras.
