18 de agosto 2016
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Última entrega.
Si la supuesta “deuda privada” de Nicaragua con Venezuela es reconocida como deuda pública, como sugieren los “papeles de Pdavsa” publicados por Confidencial, todos los nicaragüenses –ciudadanos, empresarios, productores, trabajadores, etc.- sufrirán las consecuencias a través de un incremento de los impuestos o una reducción de los gastos en el presupuesto de la república
Esta es la conclusión a la que arribaron el economista y ex diputado Enrique Sáenz, y el experto en Derecho Constitucional, Gabriel Alvarez, cuando fueron entrevistados en el programa Esta Semana, para analizar cómo se liquidará el pago de más de 3,600 millones de dólares entregados a Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), para su administración.
Confidencial publicó dos reportajes basados en una decena de documentos preparados por los abogados de Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), en los que aquellos concluyen que el socio nicaragüense manejó la operación al margen de los acuerdos entre Estado a Estado, desviándolos de forma irregular hacia la cooperativa privada conocida como Caruna.
“Aquí el problema es que aun cuando fuera una deuda privada, aun cuando el cobro se hiciera efectivo a Caruna, de todas maneras, sufriría la economía nicaragüense. ¿Cuánto más si se trata de una deuda pública, aun cuando fuera por la vía de un aval del Estado?”, expuso Sáenz.
Aun cuando se pudiera argumentar que sigue vivo el ‘compadrazgo político’ que dio vida a los acuerdos petroleros entre ambas naciones, la crisis humanitaria que vive Venezuela como producto de la caída de los precios, lleva a que no sea difícil imaginar que caracas designa a su embajador en Managua para comenzar a cobrar la deuda.
Aunque sea ‘entre amigos’.
Pero es probable que esa relación se vea interrumpida bruscamente, si la oposición venezolana logra que se lleve a cabo el referéndum revocatorio, y lo gana. En ese caso, serán los actuales diputados venezolanos los que tendrán que decidir si transparentan el modo en que se manejaron esos recursos, y proceden a su cobro.
“Ortega tuvo encerrados en el aeropuerto, sentados en un taburete, a quienes van a venir a cobrar esa deuda”, recordó Sáenz, añadiendo que “la legislación aplicable, la jurisdicción para resolver cualquier problema, es Venezuela. Es el aparato judicial venezolano el que tendría que resolver, en caso de conflicto”.
El ex diputado detalló que si esa deuda se convierte en pública, “tiene que pasar al Presupuesto de la República, y solo hay dos alternativas para honrarla: aumentar impuestos, y sufren todos los ciudadanos, o disminuir gastos en salud y educación, o las dos cosas. Y hay otra implicación: una vez que esa deuda se incorpore como deuda soberana, todas las calificaciones soberanas y todo posible endeudamiento futuro se encarece. Este es un acto criminal”, enfatizó.
Sáenz entiende que no está describiendo un panorama hipotético, sino de “algo que ya empezó, porque ya tuvieron que comenzar a pagar, y ya comienzan a verse las consecuencias: merma en las divisas, que va a ir pronunciándose mes a mes, trimestre a trimestre, y de año en año, y las consecuencias vamos a sufrirlas todos: empresarios, productores agropecuarios, trabajadores, ciudadanos”.
Responsabilidades civiles y penales
El hecho que Venezuela pudiera enviar sus cobradores a Managua, no hace que esa deuda –que se ha manejado de forma privada- se convierta en pública, solo porque sí. Hay requisitos que cumplir.
El constitucionalista Álvarez considera que “son muy sólidas las consideraciones sobre las que se basa esta conclusión del análisis jurídico de Pdvsa. Si una entidad estatal nicaragüense es la dueña del 49% de las acciones de Albanisa, y 51% de una entidad estatal venezolana, la interfase entre eso, y la aparición de Caruna nunca ha sido claramente fundamentada”.
“Más bien da la impresión que fue una manera de evitar el control, la rendición de cuentas, de manejar estos fondos con una discrecionalidad total, y también, probablemente, para mantener ciertos equilibrios macrofinancieros”, añadió.
Sobre si hay suficiente mérito para declararla deuda pública, por estar amparada por una cuerdo entre dos estados soberanos, que fue refrendado por el poder legislativo de ambos estados, Álvarez recuerda que “la Asamblea Nacional está obligada a aprobarla como ley para que sea deuda pública. No es que la aprobación de los acuerdos la convierte en deuda pública”, defendió.
Álvarez se declara convencido que esto constituye deuda pública. “Las cosas son lo que se deriva de su naturaleza jurídica. Es decir, del régimen jurídico, de los elementos que la constituyen, y no muchas veces, de los nombres, las formalidades. Por lo tanto, aquí habrá que deducir responsabilidades de orden penal y de orden civil, pero también hay una responsabilidad ante el patrimonio del Estado”.
“La Constitución tiene una disposición que reconoce el derecho de perseguir frente al patrimonio del Estado aquellos daños y perjuicios -incluso, por actuación legítima, por actuación legal- y el Estado luego ir contra los funcionarios que hayan tomado la decisión”, precisó.
El abogado opina que “habría que cobrar la deuda a Albanisa, no a Caruna. Ese es un tema por el que tendrán que responder los nicaragüenses que tomaron esa decisión, ante los nicaragüenses que en ese momento tendrán que deducir esas responsabilidades”.
“Los acreedores de esta deuda le van a cobrar a Albanisa, y Albanisa no es un ente privado. Es un ente detrás del cual se encuentra en 49% el Estado de Nicaragua, y el Estado de Nicaragua será al final el que tenga que responder ante esta deuda, y eso por supuesto, nos va a afectar a todos los nicaragüenses, frente a un derroche de recursos cuantiosos”.
“Una de las primeras responsabilidades, una de las primeras obligaciones del primer gobierno democrático que haya en Nicaragua, será aclarar, llegar al fondo del asunto, y deducir las responsabilidades penales, civiles, patrimoniales, de todos los que hayan incurrido en algún momento de este desorden”, sentenció.
Álvarez también señala que, aunque hubo una omisión constitucional de la Asamblea Nacional de haber cumplido la atribución, la competencia de legislar una deuda pública –con lo que obligaba a transparentarla, y pasaba a controlarla- esa omisión no elimina la naturaleza de deuda pública que surge del manejo de esos recursos”.
