Albanisa en operación “triangulación”

Segunda de tres partes.

Documentos oficiales de la compañía Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), revelan que a pesar de los acuerdos políticos de alto nivel entre los presidentes Daniel Ortega y Hugo Chávez, Venezuela cuestionó los mecanismos de ¨triangulación¨ de exportaciones utilizados por Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), para pagarle a Venezuela la factura petrolera.

El reclamo surgió desde 2012 pero subió de tono en los niveles bucrocráticos de PDVSA después del fallecimiento de Chávez cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013.

Los venezolanos estaban molestos no solo porque Nicaragua le estaba enviando comida para pagar el 50% de la factura que debía ser cancelado en el corto plazo (cuando los acuerdos especificaban que esos abonos debían aplicarse a la factura de largo plazo), sino también al confirmar que Alba Alimentos de Nicaragua S.A. (Albalinisa), estaba comprando alimentos en Centro y Suramérica, para revendérselos a ellos.

En el ‘punto de cuenta’ denominado “Modelo para homologar la compensación de la factura petrolera con productos de Nicaragua”, presentado por el Presidente de PDV Caribe, Bernardo Álvarez, al Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez C., en noviembre de 2013, se presentan algunos ejemplos de embarques de productos enviados por Nicaragua, que no habían sido producidos en nuestro país.

“En la compensación con Nicaragua se han recibido productos provenientes de otros países (triangulación): de El Salvador (café); de Argentina (caraotas negras); de Honduras (aceite de palma); de Guatemala (novillos), y de Brasil (azúcar refino)”, detallan.

“Esta triangulación vulnera los principios de Petrocaribe de promover la producción nacional en los países beneficiarios y eliminar la intermediación. La Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), ha manifestado la necesidad que los productos a compensar por los países sean originarios de los mismos”, le recuerdan a Ramírez.

Por ello, le piden “establecer que todas las compensaciones se realicen sin permitir triangulaciones, para el caso de Nicaragua, y extensivo a los demás países que utilicen el mencionado mecanismo de pago”, a menos que fuera la misma Venezuela la que aprobara de previo alguna excepción a ese requisito.

Para probar la triangulación, adjuntan copia de un documento de abril de 2013, en el que Carlos Osorio, presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), le informa a Víctor Aular Blanco, director de Pdvsa, haber recibido de parte de Albalinisa, 2,984.4 toneladas métricas de aceite crudo de palma, por un valor de 3.95 millones de dólares, “provenientes de la República de Honduras”.

Otro documento de septiembre 2012, refleja la recepción de un embarque de 20,764 toneladas métricas de azúcar cruda, valorado en US$15.8 millones, provenientes de Guatemala; o las 3,281 toneladas métricas de frijoles negros, de julio de 2013, valoradas en US$4.2 millones, “provenientes de la República de Argentina”.

Abono mal aplicado

El otro problema que incomodaba a los socios venezolanos es que los acuerdos binacionales firmados en 2007 detallan que Nicaragua pagaría en 90 días el 50% del costo del petróleo recibido, y que dispondría de 25 años (entre ellos, dos años de gracia) para pagar el 50% restante.

Este segundo tramo sería pagadero en dinero o con alimentos, a través de un ‘mecanismo de compensación comercial’, en el que Venezuela debería indicar cuándo y cuántos alimentos recibiría.

Es por eso que Álvarez presenta el ‘punto de cuenta’ a Ramírez, tratando de encontrar una solución a posterior. Un ‘punto de cuenta’ es un tecnicismo que usan los venezolanos para referirse a una propuesta que se presenta a un superior jerárquico para su aprobación. En este ‘punto de cuenta’ se detalla que, si bien el Acuerdo Energético del ALBA establece la creación del mecanismo de compensación, “no especifica la porción de la deuda a la cual se va a aplicar la compensación”.

A continuación se menciona que “el Acuerdo Energético Petrocaribe sí establece expresamente que la compensación debe hacerse con la porción de largo plazo”, detalle que fue ratificado en diciembre de 2011, durante el octavo Consejo Ministerial de Petrocaribe.

A pesar de lo que dicen los acuerdos, los asesores jurídicos de Pdvsa hacen ver a sus superiores que entre 2008 y junio de 2013, el país sudamericano recibió 1,764.5 millones de dólares en alimentos, montos que “Nicaragua cuenta con que sean compensados de la factura a corto plazo (por lo que no ha pagado dicha porción). Sin embargo, Finanzas Corporativas de Pdvsa no tiene ningún documento que la autorice a compensar del corto plazo”.

Dada la situación planteada, los asesores jurídicos solicitan al ministro Ramírez que decida “de forma excepcional y concesional, aprobar todas las compensaciones recibidas de Nicaragua hasta la fecha, con la porción a corto plazo”.

‘Perdón’ predatado

En la práctica, la propuesta implica beneficiar a Nicaragua con un ‘borrón y cuenta nueva’, aceptando que los US$1,764.5 millones que ya habían sido enviados en alimentos, se aplicaran a la deuda de corto plazo (90 días), y no a la de largo plazo (25 años), que es lo que en realidad establecen los acuerdos.

Viendo hacia el futuro, se proponía un abanico de opciones que iban desde exigir que a partir del 1 de enero de 2014, el 100% del costo de los futuros embarques se debitaran de la cuenta de largo plazo, o bien, que se implementara un cronograma progresivo de cuatro etapas (que podían ser trimestrales, semestrales o anuales), en la primera de las cuales el 25% del costo de los envíos se aplicaba a la deuda de largo plazo, mientras el 75% restante se usaba para abonar a la deuda de corto plazo.

En una segunda etapa, los envíos se usaban para abonar 50% - 50% a la deuda, pasando en la etapa tres a una proporción de 75% - 25%, para quedar a partir de la cuarta etapa, aplicando el 100% del costo de los envíos a la deuda de largo plazo.

Aunque el documento no especifica cuál fue la decisión del ministro Ramírez, sí es sabido que desde mediados de 2014, y con más fuerza a partir de 2015, Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa), fue disminuyendo el monto de sus envíos de animales y productos a Venezuela, motivados por una realidad que nadie supo prever: el descenso del precio internacional del petróleo.

Al bajar el precio de los hidrocarburos, disminuyó por partida doble la cantidad de dinero que quedaba en Nicaragua: por un lado, porque al estar el petróleo más barato, Nicaragua tenía que dedicar menos recursos para pagar esa factura.

Por el otro, porque los acuerdos especifican que si el precio del petróleo superaba los 100 dólares, Nicaragua se quedaría con el 50% del costo de la factura, pero si descendía a 80 dólares, el país solo podría retener el 40%. Con el barril de petróleo a 60 dólares, solo el 30%, de la factura se quedaba en Nicaragua.

Un esquema ventajoso

Esto no fue del todo malo para Nicaragua. El economista Adolfo Acevedo dice que gracias a este mecanismo de compensación comercial, el gobierno de Daniel Ortega pudo estimular las exportaciones y fortalecer las alianzas con lel sector privado vinculado a esos rubros de exportación, sin desembolsar un solo dólar para pagar la factura petrolera.

Explica que, aunque había que pagar con divisas líquidas el componente de 90 días, Albanisa pudo pagarlo con productos. “Vendían los hidrocarburos, agarraban la plata, compraban los alimentos, y de esa forma, no se desembolsaba un dólar en divisas líquidas para pagar ese componente”, explicó Acevedo.

“¡Un dólar no desembolsabas!, pero ahora ese componente a 90 días se tiene que pagar en divisas líquidas, lo que significa presión sobre las reservas internacionales del país, porque hay que ir al Banco Central a comprar las divisas, y si el BCN no tiene, hay que comprarlas en el mercado cambiario”. De hecho, “las reservas internacionales tienen siete meses de caída consecutiva” alertó.

Otra implicación del fin de ese esquema es que las exportaciones a Venezuela se han derrumbado en 63%, “y eso explica en gran medida el descenso general de nuestras exportaciones, porque no han podido compensarlas exportando más a otros mercados: se cayeron las exportaciones a Estados Unidos, Honduras, Canadá, Reino Unido, etc.”, enumera.

“Se decía que lo que no se colocara en Venezuela se podría colocar en otra parte, aunque tal vez a menor precio, pero no es cierto. Ni siquiera en volumen, porque también se ha caído el volumen. La caída de 18 meses de las exportaciones, se explican en gran parte por la caída de las exportaciones a Venezuela, porque ya no hay plata (para comprar y exportar), porque vas a recibir la mitad del petróleo”, ilustró.

[destacado titulo="El "megamonstruo burocrático" de Albanisa"]

En 2012, la administración pública venezolana tenía prisa no solo por subsanar los vacíos legales de los acuerdos firmados, y por formalizar las decisiones tomadas fuera del texto de los acuerdos. También les interesaba ‘blindar’ el futuro, no solo de cara a su obligación constitucional de cuidar los recursos que les fueron confiados, sino también evitarse sorpresas.

Un error que pedían corregir es la redacción del documento, en el que se señala que “las partes suscribieron, en el marco del Acuerdo Energético del ALBA…”, cuando lo correcto es decir que ese acuerdo fue suscrito por los respectivos jefes de Estado.

Del mismo modo, se insta a ordenar, detallar y enlistar los ocho contratos de suministro y venta de petróleo y sus derivados, así como los cinco contratos de administración de fondos suscritos entre Pdvsa y Caruna, con la aclaración de que el objeto de estos últimos cinco contratos debe especificar que pretenden regular a Caruna como tenedor del “depósito y custodia de fondos” provenientes de la cooperación venezolana.

Al sugerir la redacción de un nuevo contrato que sustituya a todos los anteriores, el equipo jurídico de Pdvsa rechaza la definición según la cual, los fondos que administra Caruna, provienen “de la porción financiada a largo plazo (porción transferida) del monto total FOB de la factura petrolera… una vez deducidos los costos operacionales y financieros”.

Esta definición generó la reacción más severa del equipo jurídico, que comentó: “Ojo, esto es muy peligroso. Nos van a clavar por esta vía todo el basurero de los costos operativos del megamonstruo burocrático de Albanisa para que los pague Pdvsa con un descuento en la factura”, por lo que sugieren omitirlo.

El documento de 17 páginas sigue haciendo énfasis en que la ejecución de los fondos destinados a financiar obras de infraestructura, proyectos sociales y/o socio-productivos de carácter reembolsable (y no reembolsable), debía hacerse de común acuerdo entre Pdvsa y el gobierno de Nicaragua.

Asimismo, rechazan la ‘camisa de fuerza’ que representa el acuerdo a priori de que el 62% de los recursos debería colocarse en inversiones seguras y rentables, y sugieren a sus jefes, que se condicione a que esas inversiones sean “retornables”; que fueran aprobadas por Caruna y Pdvsa, y que el porcentaje a dedicar a este uso, debería ser fijado considerando una serie de variables, como la verdadera rentabilidad de las colocaciones, o el monto de los incobrables.

“Lo del 62% fue un invento de aquí. El acuerdo original era 25% para programas sociales. El otro 25% es para este tipo de préstamos. No sé realmente cómo quedaron, porque para decidirlo el staff de Pdvsa hizo un análisis, y lo presentó para que se tomen decisiones y luego me imagino que habrá habido alguna negociación”, explica el economista Adolfo Acevedo.

Los servicios jurídicos de PDVSA insisten en sus críticas, al considerar que “esto es un costo de administración exorbitantemente caro. Estos costos suelen estar por el orden de 0,5% y para lo grande de los fondos podría ser aún menor y ser suficiente para pagar los verdaderos costos de administración”.

Después, al analizar la parte de la cláusula tercera según la cual “Pdvsa podrá en cualquier momento subrogarse en todo o en parte en los derechos y obligaciones que haya contraído Caruna”, la asesora jurídica se pregunta si esto significa que Pdvsa asume las obligaciones que haya contraído Caruna, advirtiendo contra la posibilidad que después resulte que “la deudora es Pdvsa misma”.

Al estudiar cómo se escribió el contrato, de Oliveira señala que “esta redacción es terrible y puede ser usada para darle interpretaciones amañadas como la que se dio al Artículo IV del Acuerdo Energético del ALBA”, que es el que detalla los plazos y condiciones en que Albanisa y Nicaragua deberían restituir los fondos a Venezuela, partiendo de la premisa de que se trataba de una deuda soberana que terminaría transformándose en deuda de una entidad privada llamada Albanisa.[/destacado]