9 de agosto 2016
“tierra hermosa de ríos y mares, oh! Cuna de sabios ancianos
Corazón del Pueblo Costeño, El alma y nervio de un pueblo inmortal
Tierra virgen, codicia mundial.”
(Himno de la Costa Caribe, fragmento)
El día de hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por vez primera a partir de 1994, cuando se inicia el primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1994-2005). La misma Asamblea General refrendó el compromiso por el desarrollo humano y los derechos de los Pueblos Indígenas iniciando un nuevo decenio a partir del 2005 y que concluyó en el año 2014. Este año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas está dedicado al derecho a la educación.
Durante las últimas dos décadas el esfuerzo de la comunidad internacional y de las mismas organizaciones indígenas, ha rendido importante resultados globales, regionales y nacionales. A nivel global, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas (2007) es un logro mayor pues reconoce el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y el derecho a un trato digno y humano respecto a los otros ciudadanos nacionales; la Declaración además incluye la obligación de los Estados a garantizar el derecho a la consulta libre previa e informada a los pueblos indígenas en los proyectos sociales y económicos que puedan afectar su sobrevivencia y desarrollo como pueblos. En materia educativa la Declaración dispone que “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”.
A nivel regional los Estados, organismos internacionales de cooperación y los Pueblos Indígenas han logrado importante mecanismos de consulta y cooperación. El Fondo Indígena de América Latina establecido en 1992, por ejemplo, es un organismo multilateral de apoyo a las necesidades de educación media y superior, y de liderazgo de los Pueblos, especialmente mujeres, el cual ha tenido un impacto fundamental en el desarrollo humano de los Pueblos Indígenas en la región.
En el nivel nacional el efecto de los esfuerzos internacionales han sido muy desiguales. La mayor parte de los países de América Latina – incluyendo Nicaragua – han ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. No obstante, en algunos países los avances obtenidos inicialmente están hoy día en franca regresión, y los pueblos indígenas sometidos a violencia del Estado y otros agentes – usualmente empresas e individuos que desean desposeer de sus tierras a los pueblos indígenas por el valor económico que representan sus recursos naturales. En Centroamérica, Honduras, Guatemala y Nicaragua están en este grupo de países, cuyos pueblos están a la defensiva de sus territorios ancestrales, resistiendo agresiones cada vez más intensas por una serie de procesos expansivos de desposesión muy concatenados, que amenaza con iniciar conflictos de mayor proporción. Recordemos por ejemplo los asesinatos de Berta Cáceres en Marzo del presente año, y de otros 14 activistas de derechos humanos en Honduras desde el 2014.
En la Costa Caribe de Nicaragua el estado de cosas respecto a los derechos de los Pueblos Indígenas no es menos alarmante. La mayor parte de los 23 territorios titulados a partir del 2007 experimentan ocupaciones recientes masivas de colonistas que reclaman posesiones en tierras propiedad de los pueblos indígenas y afro-descendientes. En algunos de estos territorios como Tasba Raya – en el Caribe Norte – la violencia producto de estos conflictos es parte de la vida cotidiana. El Centro de Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) reporta que desde 2012 han sido asesinadas 12 personas “defensores de los derechos humanos” en las comunidades de la Costa Caribe.
Es desafortunado que el Estado Nicaragüense se detuvo “en seco” como árbitro y facilitador en la fase del saneamiento de los territorios, lo que permitiría clarificar los derechos de propiedad que puedan reclamar los ocupantes no-indígenas en los territorios de los pueblos de la Costa Caribe. El gobierno ha preferido promover un enfoque de “cohabitación” entre indígenas y no indígenas, e intentado aislar y deslegitimar a quienes demandan saneamiento, pretendiendo hacer creer que todas las situaciones de saneamiento requieren desplazar a familias de campesinos. Un enfoque de saneamiento debería reconocer las distintas situaciones de ocupaciones que existen en los territorios, y atender y resolver con sensibilidad y diálogo intercultural las distintas reclamaciones por tierras que existen entre las comunidades y los colonistas, y entre las mismas comunidades. El gobierno en cambio ha preferido atar su enfoque de saneamiento para promover las inversiones extranjeras, dejando a “nudo ciego” aquellos territorios en donde las tensiones y disputas por la tierra crecen día a día. Parece muy claro que existe una moratoria oficial para resolver estos conflictos en un año electoral en donde el FSLN procuraría asegurar nuevos votantes entre amplios sectores campesinos del Caribe Norte y Centro del país.
Para promover la prometida construcción del Canal Interoceánico, el Gobierno de Nicaragua ha manufacturado un “Convenio de Consentimiento” con una parte del Gobierno Territorial Rama-Kriol, que ha sido cuestionado por la falta de tiempo para lograr una consulta informada; por la mala fe al no permitirles a las comunidades Rama y Kriol a contar con abogados de su confianza durante el proceso; y por introducir en el Convenio la idea del “arrendamiento indefinido” de la tierra comunal, que podría expropiar y dividir el territorio Rama-Kriol para siempre. Los tribunales del país no han amparado a miembros del GTR-K para evitar que el proyecto continúe erosionando sus derechos humanos y la posibilidad de preservar su territorio. Los Pueblos Rama y Kriol no parecen tener optimismo en el sistema judicial nicaragüense, por lo que parece inevitable que su demanda sea llevada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde Nicaragua ya ha perdido dos casos emblemáticos: la sentencia sobre Awastingni en el 2001, y sobre YATAMA vs. Nicaragua en el 2005. En ambos casos el Estado de Nicaragua fue encontrado culpable de violar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras (Awastingni) y a la participación política (Yatama).
Además de lo anterior, las regiones del Caribe son áreas de ocupaciones masivas – ya no silenciosas de proyectos de inversión productiva, carreteras, presas hidroeléctricas, plantaciones (cocoteros, palma africana) y extracciones mineras; pero además existe un proceso de acaparamiento de tierras por parte de privados o empresas (nacionales y extranjeras) para especular con estas tierras, o quizá para asegurar las reservas de recursos que se puedan contener en estas áreas, y que les permitan una participación ventajosas en futuras oportunidades de negocios.
El 9 de Agosto el Pueblo Miskitu celebra el festival de Sihkru Tara, una fiesta binacional entre Honduras y Nicaragua, que se celebra masivamente desde el 2004. La celebración ha cobrado un especial ímpetu por el esfuerzo que YATAMA Y MASTA (Honduras) han hecho para fortalecer los lazos de hermandad del gran territorio de la Moskitia y la nación Miskitu. El Sihkru Tara celebra la unidad del pueblo Miskitu, la revitalización de su cultura su identidad ancestral. Este año la celebración estará marcada por el rompimiento de la alianza entre YATAMA y el FSLN, luego de finalizar un acuerdo política que dejó a medio camino una plataforma que tuvo la oportunidad de poner en la mesa algunos de los temas importantes para el fortalecimiento de la autonomía de la Costa Caribe y el desarrollo con dignidad de sus habitantes. Para las elecciones de Noviembre YATAMA va a intentar elegir por vez primera diputados regionales y conservar su personería jurídica. Será una contienda cuesta arriba, no solo para YATAMA, sino para todos los pueblos costeños, en un país que vive giro autoritario y una total postergación a los temas fundamentales de la Costa Caribe.