Oposición: inclusión o nuevas elecciones

Durante los próximos diez días, los representantes de los nueve movimientos políticos que integran la opositora Coalición Nacional por la Democracia jugarán sus últimas cartas para obtener el espacio electoral que les corresponde en los comicios del 6 de noviembre.

Miembros de la Coalición afirmaron a Confidencial que el objetivo de esta etapa de la estrategia opositora es hacer uso de todos los recursos que la Ley les permite, para lograr la declaración de nulidad de la sentencia con la que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) arrebató la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) al grupo liderado por el diputado Eduardo Montealegre.

Además, se busca obtener un fallo satisfactorio sobre la situación legal y dirección del Partido Acción Ciudadana (PAC), que lidera el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Moisés Hassan, cuya organización es la única de la Coalición que actualmente cuenta con personalidad jurídica.

La expresidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya, coincide en que en este momento el enfoque principal entre la oposición debe ser que “resplandezca” el Estado de Derecho y se respeten los derechos de los militantes y simpatizantes de los partidos que integran la unidad opositora.

Zelaya ha sostenido que la sentencia 299, que el 8 de junio entregó la representación legal del PLI al abogado Pedro Reyes, es extemporánea, porque no se falló en los 45 días que indica la Ley, sino más de cinco años después de iniciada la litis. Además, ha calificado la misma de ilegal y lesiva para la democracia nicaragüense.

Anuncian nuevos recursos legales

El abogado y exdiputado liberal José Pallais adelantó a Confidencial que durante los próximos días presentarán nuevos recursos legales contra la sentencia de la sala judicial.

Esta semana, la Sala Constitucional de la CSJ declaró “no ha lugar” el recurso de aclaración presentado por el diputado Indalecio Rodríguez, quien relevó a Reyes como presidente del PLI, aunque la sala judicial anuló su sucesión en la sentencia.

Según una nota publicada en el sitio web del Poder Judicial, el magistrado Francisco Rosales, operador político del gobernante Frente Sandinista en la Corte, afirmó que Rodríguez no señaló “los supuestos puntos oscuros, dudosos y omisiones que contienen la resolución recurrida o las omisiones, errores de copia, referencia o cálculos numérico o hacer las condenaciones o reformas convenientes en cuanto a daños, perjuicios, costas, intereses o frutos”.

La sentencia que para la oposición y diversos analistas políticos responde a los intereses del comandante Daniel Ortega para cerrar el espacio electoral y anular la competencia en unas elecciones presidenciales a su medida, es para Rosales “clara, precisa y congruente”.

Pallais además comentó que la semana entrante, la fórmula presidencial de Luis Callejas y Violeta Granera (que la CSJ inhabilitó en el mismo fallo), encabezarán una gira por organismos internacionales, grupos por la defensa de los derechos humanos y congresistas estadounidenses en Washington y Nueva York, incluyendo encuentros con funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este fin de semana, Callejas y Granera viajaron junto a otros miembros de la Coalición a las comunidades de Nueva Guinea, incluyendo poblaciones afectadas por la concesión del proyecto del canal interoceánico.

El plazo que la oposición se ha fijado para cumplir con esta primera etapa de su estrategia es el próximo 28 de julio, debido a que el calendario electoral estableció el 27 de ese mes como el día para la “autorización de constitución de alianzas de partidos políticos”.

Zelaya y Pallais coindicen en que tras ese día ya prácticamente estaría definida la boleta electoral y sus participantes, de manera que el tiempo para revertir la exclusión de la Coalición se habría agotado.

El exdiputado opina que los objetivos principales de la estrategia opositora deben ser la denuncia de la farsa electoral, el que no hay por quién votar y por tanto hay que abstenerse y que en caso de no garantizar el espacio de una oposición verdadera y el derecho a elecciones libres y transparentes, entonces se deben exigir nuevas elecciones.

[destacado titulo="¿Es delito llamar a la abstención, si "no hay por quien votar"?"]

Eduardo Montealegre, coordinador nacional de la Coalición Nacional por la Democracia, reiteró a Confidencial que después del 28 de julio definirán las siguientes acciones de la estrategia opositora e insistió en que él no se opondrá a ninguna idea que permita expresar el rechazo al cierre del espacio político para los comicios de noviembre.

Pallais, quien fue presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, expresó esta semana su opción a favor del “derecho a la abstención”, a través de un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa.

Según Pallais, el derecho al voto “significa que el ejercicio o no de ese derecho es una facultad que depende de la voluntad del ciudadano (y) son ellos quienes libremente pueden decidir si votar o no”.

“Como el derecho se encuentra establecido a nuestro favor somos nosotros quienes responsablemente debemos decidir en qué sentido usarlo. En consecuencia de lo anterior la abstención es un comportamiento tan democrático como el acudir a votar a nuestra Junta Receptora de Votos, votar o abstenerse son dos aspectos del ejercicio de un mismo derecho y ambas prácticas son igualmente legítimas”.

Montealegre insistió en que aún no se ha definido cómo la oposición haría este llamado.

El exdirector nacional de Cedulación, Dionisio Palacios, estima que el riesgo con el llamado a la abstención es que una vez que inicie la campaña electoral (del 20 de agosto al 2 de noviembre) se estaría incurriendo en un delito electoral.

El artículo 87 de la Ley Electoral prohíbe en su tercer párrafo “difundir propaganda electoral con miras a dañar la integridad de los candidatos inscritos o que signifique un llamado a la abstención y violencia” e indica que “todo este material será retirado de circulación por la autoridad del orden público competente”.

Además, el artículo 174, en el capítulo sobre los delitos electorales, establece que será sancionado con arresto de 6 a 12 meses quien entre otras actividades llama a abstenerse de votar mediante el soborno, la amenaza, la fuerza o la violencia.

Pallais considera que la campaña de la Coalición por la abstención no involucrará ninguno de esos elementos, porque se trata de un llamado a la “consciencia cívica sobre el valor del voto y el rechazo masivo a la farsa electoral”.

Según Palacios, la certeza la dará el Reglamento de Ética Electoral que el CSE debe publicar. Según el calendario, su emisión está prevista para el próximo 20 de julio.

Palacios agregó que si la Ley Electoral y el Reglamento de Ética Electoral se aplicaran con imparcialidad, “el primer sancionado sería el partido de gobierno que ha forrado de propaganda oficialista todas las instituciones públicas, incluyendo las escuelas, y además presiona a los empleados públicos para que participen en actividades partidarias”.

“El problema en Nicaragua —sentenció Palacios— es que la Ley no se aplica parejo”.[/destacado]