29 de junio 2016
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La deportación de los seis jóvenes ambientalistas de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir, detenidos por la Policía Nacional tras un accidente con un horno ecológico en la comunidad de La Fonseca, en Nueva Guinea, ha provocado decenas de noticias y reacciones internacionales. Sin embargo, ellos no son los primeros deportados de Nicaragua por el gobierno del comandante Daniel Ortega, que entre 2010 y 2016 ha expulsado a un total de 25 extranjeros, entre ellos defensores de derechos humanos, artistas, periodistas y políticos.
Cuatro estadounidenses, cuatro mexicanos, tres venezolanos, tres bolivianos y dos españoles están en la lista de expulsados por Ortega. También hay dos italianos, un sueco, un chileno, una belga, un costarricense, un francés, una argentina y un peruano-suizo.
Menos de dos semanas antes de la expulsión de los seis ambientalistas, el gobierno había deportado al universitario mexicano Jobany Torres, quien estuvo detenido durante doce días por la Policía, sin ningún contacto con su consulado, y luego fue acusado y condenado por simular su secuestro para "perjudicar la imagen" del gobierno nicaragüense. Torres también fue presentado en el juzgado con golpes en ambos ojos, que las autoridades alegan se autoinfligió.
El estudiante mexicano Jobany Torres Becerra en los juzgados de Managua. Carlos Herrera | Confidencial.
Los seis ambientalistas de la caravana solidaria fueron detenidos el sábado pasado y tras 48 horas sin que se supiera exactamente en donde estaban, fueron trasladados a diferentes puestos fronterizos, sin dar aviso a las autoridades consulares de sus países.
Los jóvenes han afirmado que se les mantuvo aislados y en condiciones insalubres. El lunes, tras varios plantones para exigir su libertad, la Fiscalía anunció que no habían pruebas para acusarlos de ningún delito y posteriormente se supo que el indígena costarricense Byron Reyes Ortiz (28) y la argentina Ana Laura Rodríguez (27) fueron trasladados al puesto fronterizo de Las Tablillas, en la frontera con Costa Rica. Mientras, el español, Daniel Espinoza y los mexicanos Salvador Tenorio, Enmanuel de la Luz Ruíz y Eugenio Paccelli Chávez (todos de 25 años) fueron llevados a la frontera con Honduras, por el sector de El Guasaule.
La semana anterior, Ortega ya había expulsado al politólogo norteamericano Evan Ellis, experto en las relaciones entre China y América Latina, alegando que “no tenía una autorización oficial para realizar investigaciones en Nicaragua sobre el canal interoceánico”, y también a dos funcionarios de la Alianza Aduana-Sector Privado contra el Terrorismo (C-TPAT por sus siglas en inglés), que habían llegado a Managua para certificar a una textilera originaria de Estados Unidos.
El Dr. Evan Ellis, politólogo norteamericano, expulsado del país.
Los 15 que fueron deportados antes
El primer deportado por el gobierno de Ortega fue el misionero de origen italiano Alberto Boschi, a quien en junio de 2010 le cancelaron su nacionalidad nicaragüense.
Luego, en noviembre de 2012, fue el periodista y cineasta sueco, Peter Torbiörnsson, quien realizó el documental Good Bye Nicaragua, en el cual relató la operación terrorista de la Penca y cuestionó al exministro del interior, Tomás Borge.
Cuatro meses después, en marzo de 2013, fue deportado Mateo Cardella Costa, italiano e hijo de Francesco Cardella, nombrado embajador de Nicaragua en Arabia Saudí. El joven señaló a Néstor Moncada Lau de quererse quedar con una propiedad que él buscaba como su herencia tras el fallecimiento de su padre.
Dos meses después, en mayo, corrió una suerte similar el fotoperiodista chileno de la Agence France-Presse (AFP), Héctor Retamal, bajo la acusación de que violó la ley de migración. A Retamal lo detuvieron cerca de la residencia presidencial cuando se dirigía a dar cobertura a un encuentro entre Ortega y el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina.
En mayo de ese año, también el exgobernador venezolano del estado Carabobo, Henrique Fernando Salas Feo, y el diputado Carlos Berrizbeitia, informaron que en Nicaragua le retuvieron su pasaporte en el aeropuerto nicaragüense adonde habían viajado con motivo de una gira junto con otros parlamentarios latinoamericanos y europeos. Salas dijo que tras tres horas retenidos en el aeropuerto, las autoridades les pidieron dejar el país.
Ese año, también fue deportado Carlos Ariñez Castel, pareja de Zoilamérica Narváez, hija de la primera dama Rosario Murillo. El 25 de junio, Murillo le comunicó a su hija la decisión de la expulsión. Migración dijo que al boliviano se le venció su período legal.
Otra deportación fue la de la ciudadana y periodista belga Michèle Sennesael, en diciembre de 2014, quien realizaba un reportaje sobre el canal interoceánico y las afectaciones que produciría en su ruta.
En febrero de 2015, el gobierno tampoco permitió el ingreso del estadounidense Jason Glaser, director de la Fundación Isla que ha denunciado las condiciones de trabajo en que laboran miles de cortadores de caña y el caso de los enfermos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
Luis Carlos Buob, miembro del Centro por la Justicia y Derecho Internacional y de nacionalidad peruana y suiza, también fue regresado a Costa Rica en mayo de ese año, por “decisión soberana” del país. En Migración le dijeron que lo investigaban por narcotráfico, lo arrojaron al suelo, le decomisaron sus celulares. Este abogado acompañó al Cenidh en la audiencia en marzo que se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar el tema del canal interoceánico. Similar ocurrió con la española Marta González, miembro del Cejil.
También ese año se le impidió el ingreso al caricaturista francés Jules Berjeaut, conocido como Jul, quien tenía previsto participar en el panel Humor Frente a la Barbarie, en el evento Centroamérica Cuenta, organizado por el escritor Sergio Ramírez. A Jul no le dieron ninguna explicación.
Más reciente, en enero de este año, las artistas del colectivo boliviano TransformArte, Liz Morales e Irumaki Cárdenas, denunciaron que autoridades de Migración y Extranjería del Aeropuerto impidieron su ingreso sin brindarles una razón oficial y afirmaron que los oficiales intentaron cobrarles más dinero del establecido por las leyes nicaragüenses.
En febrero, el expulsado fue el director regional de la organización de derechos humanos y democracia Freedom House, Carlos Ponce, de origen venezolano, con nacionalidad estadounidense, quien llegaba a Nicaragua para reunirse con personal de la embajada de Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
