Cuando se cierra el espacio político

En las elecciones municipales de 2,008, los observadores nacionales documentaron un fraude a favor del FSLN en al menos 40 de los 153 municipios — incluida la capital —, mientras en las presidenciales y legislativas del 2011, la misión de la Unión Europea resaltó la ¨opacidad y falta de transparencia¨, que le permitieron al partido de gobierno alzarse con el control de dos tercios del parlamento. Ahora, por las vías de hecho, Ortega intenta establecer el precedente de que su modelo político ya no requiere de elecciones limpias, transparentes, y competitivas para legitimarse, y ha decretado la anulación de la observación electoral independiente.

El último zarpazo contra la democracia ha sido una resolución de la Corte Suprema de Justicia controlada por los magistrados partidarios de Ortega que despoja a la coalición opositora de la personería jurídica del Partido Liberal Independiente. La sentencia va más allá y anula una convención partidaria en la que la oposición eligió a su fórmula presidencial la semana pasada, de manera que las elecciones del seis de noviembre, que ya no eran libres ni transparentes tampoco serán competitivas, al carecer la oposición de casilla electoral y de candidatos. Con una apuesta sumamente peligrosa que revive la historia de la dictadura somocista en el siglo pasado, Ortega cierra el espacio político electoral a la oposición, y abre las puertas a los partidos ¨zancudos¨, colaboracionistas¨, para institucionalizar su régimen de partido hegemónico.

¿Por qué liquidar a la oposición y anular la observación electoral, si el régimen de Ortega no está en crisis y más bien ha logrado ampliar su base política, combinando clientelismo, cooptación y represión, en un clima de estabilidad económica y autoritarismo político? Esta interrogante solo pueden responderla Ortega y su esposa co-gobernante Rosario Murillo, lo que está fuera de debate es que estamos en un parteaguas en la consolidación del autoritarismo vía la reelección indefinida, aunque ésta carezca de legitimidad electoral.

Lo único que podemos celebrar es que a partir de este momento la contienda política se despoja de máscaras y subterfugios: mientras Ortega apuesta abiertamente al continuismo para consolidar su régimen como una dictadura familiar dinástica, la oposición enfrenta el desafío de convocar a la gente a luchar contra la corrupción, el desempleo, la falta de oportunidades, la represión, y la reelección. Aún está por verse si la coalición opositora logrará formular un proyecto alternativo que genere esperanza entre la gran mayoría de los pobres y excluidos, pero ahora queda más claro para todos que la salida nacional ante esta encrucijada no reside en los organismos internacionales o en la comunidad donante, sino únicamente en la soberanía popular.

Al ilegitimar el proceso electoral y cerrarle el espacio político a la oposición, Ortega también está legitimando el derecho a la rebelión y a la protesta cívica, como el único camino para lograr el restablecimiento de la democracia.