7 de junio 2016
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Sorprendida y tensionada por la decisión del Secretario General, Luis Almagro, de acudir a las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana para enfrentar la crisis política de Venezuela, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió enmendarle la plana a Almagro.
En una resolución de cuatro puntos, los 34 países miembros acordaron, por “consenso” ofrecer a Venezuela “identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente entre el Gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a su soberanía”.
Una decisión muy distinta a la que proponía Almagro, de solicitar “una sesión urgente del Consejo Permanente de los Estados Miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016, conforme al procedimiento establecido en el articulo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
Las fechas elegidas coinciden con las de la celebración de la 46ª Asamblea General de la OEA en la capital dominicana, lo que facilitaría el cumplimiento de la solicitud de Almagro. En la agenda de esa reunión, por cierto, está previsto un “Proyecto de Declaración para la Promoción y el Fortalecimiento de la Carta Social de las Américas”, lo que podría reabrir el debate sobre el tema.
Sin embargo, la propuesta no fue siquiera considerada en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del pasado 1 de junio, que decidió, además, apoyar la gestión que han venido realizando los expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Leonel Fernández, de República Dominicana; y Martín Torrijos, de Panamá, con representantes del gobierno y de la oposición en Venezuela, para encontrar una salida a la crisis política en ese país.
En el desarrollo de estas gestiones, Zapatero se reunió el pasado 4 de junio con el dirigente opositor Leopoldo López, encarcelado desde febrero del 2014 por su responsabilidad en la convocatoria de manifestaciones para derrocar el gobierno que dejaron más de 40 muertos en Venezuela.
Sus partidarios lo consideran un preso político. El gobierno rechaza esa calificación y hasta ahora no había permitido a otros dirigentes españoles, como el también expresidente del gobierno, Felipe González (del Partido Socialista, como Zapatero), o el del grupo conservador Ciudadanos, Albert Rivera, reunirse con López
El padre de López, Leopoldo López Gil, describió en encuentro como “una reunión sorpresa”. “La reunión con Zapatero fue una sorpresa para Leopoldo. No sabemos quien ni para que la permitieron. Solo sabemos que hubo una sorpresa”, dijo en su cuenta de Twitter, citada por el diario conservador de los ex franquistas españoles, ABC.
Hace dos semanas, recuerda el diario, el padre de López afirmó que si él fuese la oposición venezolana no recibiría a Zapatero, “porque pertenece al ‘grupito’ de ‘amiguetes’ del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del ‘chavismo que queda’ en el país”.
Fructifique o no la iniciativa de mediación de los exmandatarios, lo cierto es que el Consejo Permanente de la OEA expresó su “respaldo a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan, con apego a la Constitución y el pleno respeto de los derechos humanos, de manera oportuna, pronta y efectiva, a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia representativa”.
Ni Estados Unidos
Ante esta realidad, ni siquiera Estados Unidos propuso discutir la iniciativa de Almagro. Su representante en la OEA, Michael J. Fitzpatrick, intentó, sin embargo, una defensa de las posturas del secretario general. Fitzpatrick pidió que su informe sobre la situación en Venezuela fuera traducido a los cuatro idiomas oficiales de la OEA y tenido en cuenta en las discusiones.
Almagro había preferido no asistir a la sesión, por considerar que la sesión "no tiene la lógica en la que él está ubicado". En particular, consideró que la resolución no hacía referencia al referendo revocatorio contra el gobierno de Maduro que la oposición pretende convocar, de acuerdo con la Constitución; ni a lo que considera “presos políticos” en Venezuela.
Al cierre de la reunión, en ausencia de Almagro, el presidente del Consejo Permanente, el representante argentino Juan José Arcuri, le pidió al jefe de gabinete del secretario general que se abstuviera de hacer uso de la palabra.
“Si es tan amable –le pidió Arcuri– absténgase de hacer uso de la palabra. Si tiene que compartir algo con nosotros, por favor, que nos lo haga llegar por las vías correspondientes". Esta sesión, agregó el representante argentino (que, por cierto, fue embajador de su país en Costa Rica durante largos años) "tendría que terminar con el aplauso que terminó”. Y no le dio la palabra al jefe de gabinete de Almagro.
Arcuri ya había advertido a Almagro de algo que es fundamental en la OEA: "Somos los estados los que decidimos lo que se hace", no el Secretario General.
El embajador ecuatoriano Marco Vinicio Albuja también recordó que "la secretaría general demuestra que se encuentra equivocada en su análisis de las realidades del continente y se aleja de la imparcialidad necesaria para realizar su tarea. Está tomando decisiones por cuenta propia sin respetar ninguna norma, ni de forma ni de fondo".
La frase me recuerda una conversación que hace algunos años sostuve en San José con el entonces Secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, antecesor de Almagro. Le pregunté qué le resultaba más interesante, haber sido ministro o secretario de la OEA. Insulza contestó sin titubear: – ¡Ministro! Como ministro yo decido. Como Secretario General de la OEA tengo que poner de acuerdo a 34 países.
Ante lo ocurrido ahora, quedé pensando que Almagro no asistió a esa clase.
Las críticas hechas en la reunión del Consejo Permanente se orientaban a la pretensión de Almagro de decidir el camino para enfrentar la crisis de Venezuela y sugerir las sanciones. La convocatoria hecha por el Secretario General, en realidad, respondía a una solicitud de la Asamblea Legislativa de Venezuela, hoy controlada por la oposición. Almagro, del mismo modo, apoya sus reivindicaciones principales, tanto en lo que se refiere a la convocatoria del referendo revocatorio, como a los “presos políticos”.
La falta de equilibro en las actuaciones del Secretario General se revelan no solo en el documento de 132 páginas, en las que demanda “cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo” de Venezuela. De no realizarse esos cambios, en su opinión se caería de “forma inmediata en una situación de ilegitimidad”.
Una opinión que no fue compartida por nadie en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, pese a los intentos de Estados Unidos (a los que se sumó Paraguay), de ofrecerle alguna tabla de salvación en medio del naufragio de sus propuestas.
La reacción de Almagro ante a la situación de Venezuela contrasta con la que ha adoptado frente a la de Brasil, pese a que, luego de una reunión con la presidente Dilma Rousseff en Brasilia, el pasado 1 de abril, dio a conocer un comunicado señalando que “nuestra Organización ha hecho un detallado análisis sobre el juicio político iniciado contra Dilma, y ha concluido que no se encuadra dentro de las normas que sustentan dicho procedimiento”.
“No existe una acusación de carácter penal contra la Presidente, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas en 2014. Esta es en todo caso una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución”, agregó.
“Por lo tanto, no existe prueba de la práctica de un delito de responsabilidad, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución Federal”, que es el argumento esgrimido por el congreso para votar la destitución de la presidente brasileña.
Pese a esa evaluación, Almagro no ha pedido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al nuevo gobierno de Brasil, donde el presidente en ejercicio, Michel Temer, y los presidentes de la Cámara y del Senado están acusados en los tribunales de delitos de corrupción.
gclopes@racsa.co.cr
