2 de junio 2016
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El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), de Brasil, decidió suspender la transferencia de nuevos recursos a la estatal Eletrobras, para la construcción de la central hidroeléctrica Tumarín, alegando haber encontrado varias irregularidades en el proceso.
Aunque las obras ya están paralizadas por falta de fondos, la medida provocará una disminución en la tasa de ejecución de los contratos. Según Bruno Dantas, miembro del Tribunal, “las pérdidas sufridas por cualquier retraso en las obras no superaría el daño que puede ser causado por nuevas aportaciones, por valor de US$100 millones”.
A mediados de mayo, el nuevo ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, anunció que el gobierno estudiaría la posibilidad de inyectar capital fresco en Eletrobras, que ha estado luchando con una recesión de dos años y problemas políticos que le llevaron a perder efectivo. La compañía también está inmersa en un escándalo de corrupción que afecta a varias empresas estatales.
Meirelles había hecho ese anuncio después que las acciones de la compañía –que también cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York– cayeran 15% en tres días, bajando a 11.2 reales cada una (el precio más alto alcanzado en las últimas 52 semanas es de R$13.75) y luego que se suspendiera la negociación de esos títulos valores en Estados Unidos, ante el atraso en la presentación de los estados financieros de Eletrobras, alegando “problemas de contabilidad”.
Desde entonces, las acciones de la empresa han ido recuperando valor de forma paulatina en la Bolsa de Valores de São Paulo, hasta llegar a cotizarse en 12.98 reales cada una la tarde de este miércoles, luego que cada acción ganara R$0.48 (3.8%), en el transcurso del día.
Ecos del ‘Lava Jato’
Las acusaciones de corrupción proceden de la Policía Federal de Brasil, que continúa con la investigación del caso conocido como “Lava Jato”, que también afecta, entre otros, a Queiroz Galvão, de propiedad privada, así como a la estatal Eletrobras, a las que se les ha otorgado 15 días para responder acusaciones en su contra.
Eletrobras y Queiroz Galvão son dueñas a partes iguales del 90% de las acciones de la empresa Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), que recibió la concesión para desarrollar y operar el proyecto Tumarín. El Estado nicaragüense es dueño del 10% restante.
En el caso del proyecto hidroeléctrico Tumarín, el TCU encontró que el acuerdo de accionistas de CHN transfiere a Eletrobras riesgos altamente desproporcionados, en beneficio de los objetivos de Queiroz Galvão, lo que representa alto riesgo de daño materialmente relevante para la empresa estatal.
También gastos en publicidad y propaganda fuera de los objetivos corporativos, así como problemas contractuales en otros gastos; controles y estructura de gobierno de Eletrobras insuficiente para mitigar los riesgos inherentes al proyecto; y evasión de impuestos y obstrucción de la información durante la inspección.
El fallo se produjo después que los fiscales del Ministerio Público, junto a los del TCU, advirtieran los riesgos que corría el Estado brasileño a través de Eletrobras, en los proyectos de construcción de plantas de Tumarín, así como de Inambari en Perú.
Según el relator de la fiscalización, José Mucius, la petición del fiscal se basa “en el riesgo de que irregularidades similares a las identificadas en la operación de la Policía Federal alcancen a las empresas, y también a la posibilidad de que la desfavorable situación financiera de los contratistas traiga pérdidas al Estado”.
La investigación representa un golpe más para el desarrollo del proyecto, después que en abril Queiroz Galvão anunciara su salida de Nicaragua por razones económicas, luego de anunciar varios retrasos en el comienzo de las obras, que ya deberían tener 3 a 4 años de estar generando electricidad.
