24 de mayo 2016
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La opositora Coalición Nacional por la Democracia, que integran nueve partidos y movimientos políticos en Nicaragua, divulgó hoy una carta enviada este lunes al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con quejas sobre el proceso electoral nacional que vive el país.
En la carta, con fecha del 23 de mayo, la coalición afirma que el gobierno de Daniel Ortega no cumple con la Carta Democrática Interamericana, el Pacto de San José ni los Acuerdos de Esquipulas I y II, que garantizan la seguridad en Centroamérica.
Asimismo, advierte que el proceso, cuya votación está fijada para el 6 de noviembre próximo, es afectado por problemas que iniciaron en la convocatoria tardía a los comicios, a inicios de mayo, y la omisión de las recomendaciones para "garantizar la transparencia del proceso" por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE).
La oposición también denunció ante Almagro las anomalías en el padrón electoral, que consideran darían pie a "la manipulación electoral", así como la negativa del CSE a publicar los resultados electorales con detalle desde las elecciones municipales de 2008.
Reclamo sobre la observación electoral
De la misma manera señalaron la falta de voluntad para "admitir procesos de observación electoral nacionales o internacionales, independientes y calificados".
"No hay voluntad manifiesta de invitar o admitir" estos procesos, indica la carta, en la cual la Coalición insiste en que “para garantizar un proceso electoral limpio, transparente, confiable y competitivo, es indispensable que la observación electoral inicie en lo inmediato”.
La alianza opositora también señala a Almagro que “el Consejo Supremo Electoral ha anunciado que contará con especialistas electorales, que son más bien consultores internacionales contratados o invitados con gastos pagados por el gobierno, que no satisfacen los requisitos de una observación independiente”.
Además, se quejó de que las estructuras directivas y ejecutivas del CSE están dominadas por miembros del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que estiman sirven como integrantes partidarios y no como funcionarios.
Igualmente mencionan que el "derecho a la libre movilización y expresión" es limitado por "la actuación del Gobierno y sus fuerzas de choque".
Resaltan que los funcionarios son utilizados como activistas políticos en horas laborales y hacen proselitismo con bienes del Estado.
De la misma manera, cuestionan de que la principal fuerza opositora, el Partido Liberal Independiente (PLI), así como el Partido Acción Ciudadana, ambos miembros de la Coalición, están sometidos a procesos administrativos y judiciales.
A eso sumaron el hecho de que el CSE no ha extendido la personalidad jurídica a los opositores Movimiento Renovador Sandinista y la Unión Democrática Cristiana (UDC), también integrantes de la Coalición.
Con el FSLN y Ortega teniendo el 63 % de preferencia de votos, según las encuestas, la oposición de Nicaragua necesita mejorar su popularidad para ganar las elecciones generales.
El 6 de noviembre próximo los nicaragüenses elegirán a un presidente, un vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
