18 de abril 2016
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La Junta Directiva de la Asamblea Nacional reiteró el rechazo a la iniciativa del movimiento campesino para derogar la Ley 840, que permite las expropiaciones para dar lugar al proyecto canalero, cuya concesión ostenta el empresario chino Wang Jing. Los asesores legales de los campesinos aseguraron que recurrirán de amparo ante el Poder Judicial, también maniobrado por el comandante Daniel Ortega. Para esta nueva acción los campesinos cuentan con 30 días.
En una resolución emitida este lunes, la Junta Directiva Parlamentaria avala el argumento de la Secretaría de ese poder del Estado de “incompetencia” para modificar la ley 840. Según los diputados sandinistas, no pueden contradecir lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró la constitucionalidad de la normativa canalera.
De esa forma la Junta Directiva del Hemiciclo respondió a un recurso de revisión interpuesto por el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía la semana pasada.
La segunda presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada del Partido Liberal Independiente (PLI), María Eugenia Sequeira, fue la única que votó a favor para que la iniciativa ciudadana continuara en la tubería parlamentaria. La opositora dijo que la propuesta campesina no tiene “ninguna vinculación” con el fallo de la CSJ referido a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos a finales de 2013 por la Sociedad Civil y ciudadanos a título personal contra la ley 840.
“La Asamblea Nacional está facultada para derogar leyes, y la iniciativa (de los campesinos), además de que fue presentada correctamente, no se trataba sobre esos fallos de la Corte. Piden una derogación expresa de la ley 840, punto”, describió Sequeira.
La diputada del PLI opinó que el gobierno sandinista busca evitar más debates sobre el proyecto canalero, por eso impidieron que llegara a discusión a plenario. “Es una irregularidad eso que hicieron y en ningún momento había en la iniciativa vinculación con el fallo de la Corte: era un acto de derogación expresa”, insistió Sequeira.
La asesora legal el Consejo Nacional, Mónica López Baltodano, dijo que no existe ningún conflicto entre las atribuciones del Poder Legislativo y el Poder Judicial. “Hemos alegado que se ha violado nuestro derecho de participación ciudadana, a las 28 mil personas que respaldaron esta iniciativa”, reclamó la jurista de la Fundación Popol Na.
Según López Baltodano, la Asamblea sandinista pretende “confundir” a la ciudadanía al alegar que los campesinos piden declarar inconstitucionalidad de la ley 840. “Es un acto en favor de la mentira y la injusticia”, fustigó.
