13 de abril 2016
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El 30 de octubre del año pasado, el Banco Central de Nicaragua informó el cierre de la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país, amparado en el mandato que le da el Artículo IV del acta de constitución de esa entidad multilateral. La nota del Banco, narraba de forma somera los temas de conversación con el gobierno de Daniel Ortega.
Tres meses después, el Fondo publicó sus conclusiones acerca del estado de la economía nicaragüense, detallando los esfuerzos por mantener la estabilidad macro del país, e incluyó la letra menuda un dato clave que pasó desapercibido para muchos: Caracas había pedido un cambio en las reglas del juego, para redefinir quién manejaría la ‘cooperación’ que ofrece a Nicaragua.
“A petición del gobierno de Venezuela, todos los activos y pasivos relacionados con el esquema de cooperación petrolera están en proceso de ser transferidos de una cooperativa financiera privada (Caruna), a una empresa de responsabilidad limitada nicaragüense (Albanisa), copropiedad de la empresa de distribución de petróleo estatal de Nicaragua Petronic (49%), y la empresa nacional del petróleo de Venezuela (Pdvsa, 51%)”, según una traducción del documento del Fondo.
Es una declaración de apenas 61 palabras, que tiene consecuencias inmensas para los involucrados, si se considera que, hasta el 30 de junio del 2015, Albanisa, cabeza del mecanismo de privatización de la cooperación venezolana creado por el Frente Sandinista, había recibido US$3,396.7 millones en concepto de préstamo, para pagarse a 25 años de plazo, con dos años de gracia, a una tasa de interés de 2%.
“Esto significa que la deuda resultante del esquema de cooperación petrolera (pasivos) deja de ser asumida por Caruna, y pasa a ser asumida por Albanisa, pero también que los activos derivados de las inversiones en que se ha aplicado la cooperación petrolera, pasan a control de Albanisa”, explicó el economista Adolfo Acevedo.
Algunos de esos activos podrían incluir canales de televisión, emisoras de radio, hoteles, redes de gasolineras, fincas ganaderas, empresas constructoras y de alquiler de maquinaria de construcción, un banco, talleres de mantenimiento de autos lada y buses rusos, una empresa exportadora de alimentos, y todo aquello que hubiera sido financiado con el dinero de la cooperación petrolera.
La diferencia clave es que, mientras Caruna es una entidad privada netamente nicaragüense, el 51% de Albanisa pertenece a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), que ahora sí, podría asumir el control directo de su inversión.
“Esto significa, por una parte, que si antes Caruna era formalmente la responsable de manejar el crédito asociado al suministro petrolero según su mejor criterio, ahora la parte mayoritaria de Albanisa, (Pdvsa), tendrá un peso decisivo en las decisiones que se adopten”, añadió Acevedo.
La ‘cuasifiscal’
Durante años, las continuas misiones del FMI que llegaban a Nicaragua, advirtieron del riesgo que la deuda de Albanisa, (en rigor, una deuda privada de una empresa que es propiedad en 49% de una entidad estatal nicaragüense), se convirtiera en deuda pública, lo que devastaría la situación financiera del país.
Más de una vez, los economistas advirtieron el riesgo de que alguna vez el Estado nicaragüense tuviera que asumir esa deuda. Haciéndose eco de ese temor, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional viajó a Caracas en 2011, para entregar a sus homólogos una declaración en la que rechazaban la posibilidad de que el dinero que manejaba Albanisa pudiera llegar a convertirse en deuda pública.
Producto del cambio de operador financiero, Acevedo insiste en que “la deuda ya no correspondería asumirla a esta entidad nicaragüense (Caruna), que difícilmente podría pagarla, dada la magnitud que ha asumido su servicio, sino a Albanisa, igual que los activos en que se haya invertido esa deuda”.
Un cálculo propio, elaborado a partir de la información disponible, muestra que el servicio de esa deuda llegará casi a duplicarse en 2016, cuando el abono alcance los US$206.2 millones, si se le compara con los US$109.2 millones que debieron pagarse en 2013. La razón de esa relación sería casi el triple, si la comparación se hiciera contra los US$73.8 millones pagados en 2012. Y cada año subirá más.
Según las declaraciones del FMI, basada en las promesas de la administración Ortega, “la política del gobierno actual es no dar garantías públicas en cualquiera de los pasivos asociados. Las autoridades han informado al staff que el riesgo de crédito sobre la deuda de la colaboración petrolera recae exclusivamente en Pdvsa”.
“Aquí lo esencial es que el riesgo de crédito (esto es, el riesgo de impago), es asumido plenamente por Pdvsa. Es decir, que si Albanisa no puede pagar la deuda, sería Pdvsa, y nadie más, quien asumiría el costo”, añadió Acevedo.
“Una posible interpretación es que se sabe que la deuda derivada del crédito petrolero no puede ser pagada, dada la magnitud que ha adquirido, y el acreedor (Venezuela) quiere tener la garantía de que al menos tendrá control sobre los activos en los que se ha invertido el crédito, y un mayor peso en su utilización futura”, teorizó el economista.
Entre otros, los activos más rentables son el negocio de importación de hidrocarburos, y distribución de combustibles; la generación de energía eléctrica, la exportación de alimentos (aunque se encuentra en declive), y la actividad financiera.
“Al mismo tiempo, el gobierno de Venezuela dejaría protegido al gobierno de Nicaragua con respecto al eventual cobro futuro de esta deuda por parte de un nuevo gobierno venezolano o ante un cambio del marco legal y regulatorio en Venezuela aunque, debido a la falta de transparencia, no existen elementos para analizar los mecanismos jurídicos utilizados para materializar estas decisiones”, añadió.
[destacado titulo="¿Alguien pagará esa deuda? ¿Quién?"]
A pesar de todo el tiempo que tienen para pagarla, de los dos años de gracia, y de una tasa de interés menos que simbólica, el economista Adolfo Acevedo está convencido de que Albanisa no será capaz de pagar la deuda a Venezuela.
Su argumento principal es el tamaño de esa deuda. Citando al FMI, Acevedo recuerda que “dos tercios [de la deuda privada externa del país, que sumaba US$5,641.4 millones al cierre del 2015, según el Informe de Deuda Externa 2015 del Banco Central de Nicaragua] corresponden a la colaboración petrolera de Venezuela administrada por Albanisa y Caruna”.
En diciembre pasado, la situación de esa deuda se reveló más inestable de lo que pudiera suponerse, cuando se conoció el contenido de una carta, firmada por el vicepresidente de Albanisa, Francisco López, en la que urgía a sus pares venezolanos encontrar la forma de pagar casi US$190 millones que se les había enviado en productos, a pesar que ya se había superado los fondos disponibles para pagar la factura de alimentos previstos para 2015.
Es difícil que Venezuela haya podido honrar esa obligación, siendo que ese país atraviesa una profunda crisis económica, y una aguda escasez de divisas.
En el referido Informe del Artículo IV, el Fondo muestra su preocupación, dado que “el staff también considera que Nicaragua estará en mayor riesgo de sobreendeudamiento general, dada la magnitud de la deuda externa privada, la naturaleza cuasi-fiscal de alguna de esta deuda, y la probabilidad de que algunos proyectos actualmente financiados con recursos de Venezuela podrían terminar siendo absorbidos por el presupuesto”.
Un economista que trabaja para una representación extranjera en Nicaragua, y leyó el reporte del FMI, recordó que en el pasado el gobierno de Nicaragua ya pudo transferir al Presupuesto de la República algunos de los programas financiados con recursos de la cooperación venezolana, por lo que no duda que la administración Ortega será capaz de hacerlo de nuevo.
Su duda, en este caso, es quién pagará la deuda, pero sus candidatos no son ninguno de los organismos que la manejaron (Caruna y Albanisa), sino “el Banco Central de Nicaragua y el Ministerio de Hacienda”. Y cuando eso suceda, los nicaragüenses nos daremos cuenta que “los efectos de esa deuda son mayores que sus [supuestos] beneficios”.
El documento del Fondo, por su parte, detalla que “la dinámica de la deuda pública ha empeorado desde la DSA [análisis de sostenibilidad de deuda] anterior, debido a una política fiscal más expansiva. La deuda podría convertirse en insostenible en el caso de que no se tome ninguna medida adicional para mejorar las finanzas del INSS”.
Que se sepa, nadie está haciendo nada para mejorar las finanzas del INSS, que se deterioran mes a mes.
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