12 de abril 2016
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La Secretaría de la Asamblea Nacional rechazó la iniciativa ciudadana para derogar la Ley 840, que avala la concesión y las expropiaciones canaleras, al declararse “incompetente” para tramitar esta solicitud presentada el jueves siete de abril por el movimiento campesino denominado Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional.
El argumento central de la Secretaría Parlamentaria para rechazar la iniciativa respaldada por 28 mil firmas es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dio lugar a los recursos por inconstitucionalidad contra la ley 840, presentados por diversas organizaciones civiles, políticas y ciudadanos a título personal en 2013.
El rechazo -firmado por la primera secretaria del Poder Legislativo, la diputada sandinista Alba Palacios- esgrime que la sentencia número 30 del Poder Judicial “produce un efecto erga omnes en el sentido de que se produjo una cosa juzgada en forma general en cuanto a los puntos declarados constitucionales o inconstitucionales”. “Por tanto la Asamblea Nacional no puede tramitar esta iniciativa que tendrá como efecto (…) que se deje sin efecto una sentencia firme dictada por la CSJ, dictada en el ámbito de su competencia”.
La argumentación de la Secretaría invoca también el artículo 49, numeral 8, de la Ley Orgánica del Parlamento, reformada en 2015, que establece la “falta de competencia” ante la iniciativa presentada por el movimiento campesino.
El artículo 49 dice que “son funciones de la Primera Secretaría (…) rechazar las iniciativas y solicitudes cuya materia o trámite sean notoriamente improcedentes por falta de competencia de la Asamblea Nacional. El promotor de la iniciativa o solicitud podrá recurrir por escrito ante la Junta Directiva dentro de tercero día, quien resolverá sin ulterior recurso”.
Notificación sorpresa
La abogada ambientalista Mónica López Baltodano, asesora legal de los campesinos, dijo que la notificación recibida de parte de la Secretaría Parlamentaria la tarde de este lunes los tomó por sorpresa. Se supone que cualquier modificación o rechazo a una iniciativa ciudadana debe ser comunicada 24 horas después de presentada. En este caso, la notificación tuvo que haber llegado el viernes ocho de abril.
López Baltodano no aceptó la carta de rechazo firmada por Palacios, ya que estaba fechada el viernes ocho de abril, e insistió que fueron notificados este lunes 11 de abril. La jurista catalogó de “extemporánea” la acción.
“Exigimos que la primera Secretaria firmara una carta con la fecha de hoy, con la hora en la que estábamos siendo notificados. Como rechazaron esa solicitud, nosotros dijimos que no aceptaríamos algo con la fecha incorrecta como en derecho corresponde”, dijo Baltodano tras salir del Parlamento.
Para la jurista, hay una intencionalidad expresada por medio de la Secretaría del Poder Legislativo de “decirle al país que la ley del Canal está escrita en piedra, y que ni 28 mil firmas de ciudadanos pueden modificarlas. “Es una aberración desde el punto de vista jurídico, una situación indignante y vamos a tomar las acciones de movilización social correspondientes”, declaró López Baltodano.
Rebaten argumento de Secretaría
La abogada dijo que desconocen el rechazo de la Secretaría, porque consideran “vergonzoso” que el Parlamento alegue que no pueden reformar una ley que ellos aprobaron gracias a la mayoría sandinista. “Es absurdo alegar que existe una sentencia de la Corte Suprema, porque eso significa que ninguna ley puede ser reformada si fue declarada su constitucionalidad”, reclamó López Baltodano.
Según ella, es atribución de la Asamblea Nacional darle trámite a la iniciativa ciudadana de ley. “Una vez más queda claro que hay una decisión política de empujar esa concesión canalera, incluso si es pasando encima de los ciudadanos”, dijo López Baltodano.
Tribunal Latinoamericano del Agua condena
El Tribunal Latinoamericano del Agua emitió un veredicto este ocho de abril en el que "condena" al Estado de Nicaragua por otorgar la concesión del Canal al empresario chino Wang Jing, y el hecho de "conceder privilegios para el concesionario en detrimento de los derechos e interés de todos los nicaragüenses y la inaplicabilidad de la normativa nacional renunciando a su soberanía".
El Tribunal del Agua, en sesiones realizadas en El Salvador, recomendó al gobierno del comandante Daniel Ortega aplicar una "moratoria general" para la construcción del proyecto canalero y todas las actividades relacionadas.
"Cualquier caso y antes de iniciar el proceso de construcción del Canal aquí referido se deberá realizar una Evaluación Ambiental, social y económica con base científica y de carácter independiente", dice el veredicto.
