23 de marzo 2016
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En las últimas semanas se han multiplicado las declaraciones de ciertos dirigentes del ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América) alertando sobre las consecuencias para la región de un inminente “golpe” en Brasil. Desde su perspectiva, llueve sobre mojado, ya que la trama para acabar con el gobierno de Dilma Rousseff y cerrar las puertas al regreso de Lula da Silva en 2018, o incluso antes, estaría íntimamente relacionada, a través de una conspiración de escala regional, con las derrotas electorales de Cristina Fernández, Nicolás Maduro y Evo Morales.
El tono apocalíptico de sus manifestaciones, carentes de cualquier sentido autocrítico, trasunta la preocupación ante la pérdida de hegemonía regional del bolivarianismo. Atrás quedaron los tiempos en los que rápidamente se movilizaban todos los presidentes sudamericanos si algún miembro del club era amenazado. Las cumbres extraordinarias celebradas en Santiago (2008) para atajar la crisis secesionista de Bolivia o en Buenos Aires (2010) para defender a Rafael Correa del “golpe de estado” en su contra, son pruebas evidentes de ello.
Entonces bastaba con que el comandante Chávez tocara a rebato para que la mayor parte de los presidentes se alineara detrás suyo. Su capacidad de movilización iba más allá del ALBA, ya que si bien Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay no integraban el bloque bolivariano, actuaban coordinadamente con sus dirigentes. Dominaba la idea de que todos participaban de un proyecto común, democrático y de progreso, que conduciría a la Patria Grande a su definitiva liberación política, social y económica. Aquí se inscribe la memorable frase de Lula en 2008, cuando manifestó sin dudar que Chávez había sido el mejor presidente de Venezuela en los últimos 100 años.
Hoy las cosas han cambiado. Y si bien Morales instó a convocar una cumbre extraordinaria de Unasur en Brasil para respaldar a Rousseff y a Lula, el uruguayo Tabaré Vázquez, presidente pro tempore de la institución regional, se limitó a mostrar su preocupación por lo que ocurría en Brasil mediante una misiva a sus colegas, donde también abogaba por el estricto funcionamiento de las instituciones democráticas. De momento no hay cumbre de Unasur ni espacio institucional para ciertas letanías.
Con la actual correlación de fuerzas tampoco sabemos que ocurriría de concretarse la convocatoria. Hay un grupo de países (Argentina, Colombia, Paraguay y Perú) que si bien no actúan coordinadamente distan mucho de acatar las consignas bolivarianas. El alineamiento del Uruguay de Tabaré Vázquez no es el mismo que el de José Mujica, y los problemas de Michelle Bachelet con la corrupción son tales que carece de estímulos para salir en defensa de unos líderes afectados por el escándalo de Petrobras. El fin abrupto del gobierno de Rousseff supondría un duro golpe para el proyecto populista bolivariano y todo lo que representa, pese a que Brasil no es clara expresión de esa corriente.
De ahí la dureza de ciertas palabras. Maduro alertó contra un “golpe de estado mediático y judicial” contra Rousseff y Lula, convertido en “un golpe congresal y judicial” por Morales. Ese golpe le permitiría a “la derecha brasileña” recuperar el poder: “Cómo es posible que grupos oligárquicos con apoyo de Estados Unidos acaben con las democracias, acaben con la paz social. Imagínense que [en] algún país de Sudamérica vuelvan enfrentamientos armados, porque nuestro continente América tiene un patrimonio que es la paz, aunque falta la justicia social pero tenemos paz”.
Correa argumentó que la trama orquestada para quitarse de encima a los “gobiernos progresistas de la región”, comenzando por el de Brasil, es parte de un “nuevo plan Cóndor”, el gran operativo contraterrorista de las dictaduras militares sudamericanas en la década de 1970: “Ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta que incluso se atreva a publicar conversaciones privadas”. Por su parte, José Mujica se mostraba convencido de la inocencia de Lula en el caso de Petrobras: “Lula viene de muy abajo y tiene una historia que lo santifica”.
Más allá de ciertos discursos beligerantes que muestran no sólo preocupación por el futuro político de Brasil, sino también solidaridad con los compañeros en desgracia, el populismo bolivariano analiza la actual coyuntura política latinoamericana en términos de confrontación de legitimidades. Así, tendríamos una legitimidad buena y superior, la de los presidentes elegidos por el voto popular, enfrentada a otra legitimidad devaluada, como la que encarna la Asamblea Nacional en Venezuela, o la que provocó las derrotas electorales en Argentina y Bolivia, que fueron posibles gracias a la desinformación, la manipulación y la mentira.
Esta misma lógica descansa en las opiniones de ciertos diputados españoles de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya y En Comú Podem, que descalificaron la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional venezolana por antidemocrática y contraria a los derechos humanos. Joan Mena, de En Comú Podem, aseguró que la Ley “es un intento de la derecha venezolana en connivencia con las derechas latinoamericanas, que están haciendo un asalto a los gobiernos populares y democráticos de América Latina. Y el intento es de institucionalizar el delito. Es lo que pretende la oposición en Venezuela al perdonar delitos tan graves como el narcotráfico, la violación, delitos comunes, que son reconocidos por la normativa legal venezolana. Por lo tanto, es una Ley hecha a la carta al servicio de grandes delincuentes que forman parte de esa derecha venezolana.”
En Brasil dos de los tres poderes tradicionales del estado, el legislativo y el judicial, tienen en sus manos el futuro de Rousseff y el de Lula. En tanto se respete la legalidad, el enfrentamiento entre los poderes es acorde a derecho y no supone ningún intento golpista. Las prácticas “destituyentes” contra los “gobiernos populares legítimos” forman parte del “relato” populista, como han dejado entrever en diversas oportunidades Cristina Fernández y Rafael Correa. Lamentablemente hoy también Rousseff y Lula han incorporado ese mensaje a sus discursos. Ciertos mecanismos constitucionales, como el juicio político, fueron incluidos oportunamente en la Constitución brasileña para ser usados. De ahí que no sea ninguna herejía democrática, si se hace conforme a la ley, apartar anticipadamente a Dilma Rousseff del gobierno.
