12 de marzo 2016
Desde hace varios años la cordillera de Dipilto-Jalapa, una montaña de más de 43 mil manzanas, está sufriendo un despale indiscriminado de parte de madereros de la zona, con el consentimiento de las instituciones locales del Estado.
Hasley Tourniel, representante del grupo ambiental Mogotón, dijo en el programa televisivo Esta Noche, que existe una depredación a este bosque enfocado en dos sectores, la industria forestal y los cambios de usos de suelos para el cultivo del café.
Tourniel explicó que la cordillera es un área protegida y aunque instituciones como Marena, Inafor, Alcaldía, Magfor, incluso diputados, tienen conocimiento del tema, existe un “boleo” entre cada entidad estatal y al final todos responden que la aprobación para sacar madera de la zona es “una orden de arriba”.
“La ley 749 que vela por el régimen jurídico de la frontera, protege la cordillera y dice que debe ser totalmente indeleble a la deforestación. La ley 647, que firmó el presidente Ortega en el 2007, prohíbe el aprovechamiento forestal de 15 kilómetros del borde fronterizo hacia el interior del país. Pero ninguna se cumple. Los madereros se amparan en un decreto del mismo presidente, que es completamente inconstitucional, porque el decreto del ejecutivo no puede pasar por una ley del legislativo y eso lo sabe cualquier jurista”, afirmó Tourniel, quien agregó que tanto Inafor como Marena, ahora están usando el pretexto del gorgojo, que hay poco en la zona, para extraer madera sana.
Escasez de Agua
El manejo de la cordillera está reglamentado por la Ley General de Agua (620), que es consecuente en decir que no se debe deforestar donde hay presencia de agua por recarga hídrica. “En este caso, la cordillera es una esponja exclusiva de recarga hídrica que abastece a más de 250 mil segovianos”, expuso el ambientalista.
Pedro Guerrero, habitante de la comunidad Santa Rosa, ubicada en el municipio de San Fernando, dijo que existe una preocupación enorme en el lugar porque el despale puede provocar que se sequen más ríos. “Ahora hay agua, pero poca, nosotros gritamos ahorita porque no queremos que nos pase como en las otras comunidades donde ya los ríos se secaron”, aseguró.
Jacinto López, quien vive en San Antonio, jurisdicción del municipio de Mozonte, afirmó que en su comunidad, donde viven 777 personas, no hay agua y el río, que está siendo contaminado, ha disminuido su caudal enormemente. “Es un problema serio el que estamos enfrentando, no se trata de algo político porque cuando no haya agua, vamos a sufrir todos, aquí el problema no solo es de Mozonte, sino de todo el departamento”, sentenció.
Guerrero mencionó que se han reunido en reiteradas ocasiones con el coronel Juan José Membreño, jefe de la primera región militar, quien les responde a sus cuestionamientos sobre por qué no han frenado el despale, que la situación es muy dura, y que aunque ellos estaban viendo el problema de la deforestación en los cinco kilómetros de la frontera, la última palabra debe ser dada por Marena e Inafor.
Los habitantes de los municipios afectados han realizado protestas pacíficas para llamar la atención del gobierno, sin embargo, sienten que las instituciones locales ignoran por completo sus peticiones.
“Un día mientras veníamos caminando, veíamos como agarraban los tractores, motosierras, volando los pinos sanitos. A veces el más dañino es el gorgojo humano porque es el que camina sobre un camión, tractor, porque lleva esa madera a los aserríos”, menciona Guerrero con mucha preocupación.
“A raíz de un famoso decreto presidencial, que dice que se levanta la ley de veda, se aprovechan para despalar la zona. Es un decreto irresponsable, que afecta mucho el departamento. También existe una confabulación entre regentes forestales, miembros del Marena, Inafor y la alcaldía, que están desbaratando esta cordillera de una manera camuflada, con muchos permisos donde no se respetan las normas técnicas y normativas para extracción”, dice Tourniel quien finaliza diciendo que el Ejército debería detener la tala de árboles, porque la Ley 749 le da facultad.