23 de febrero 2016
AA
Share
El gobierno de Nicaragua anunció que pondrá en libertad a reos nacionales condenados a cinco años de cárcel o menos, bajo el régimen de "convivencia familiar", sin especificar las medidas para cada caso, ni si la acción implica un perdón definitivo de la pena. El anuncio difundido por la vocera del gobierno y primera dama Rosario Murillo en su alocución acostumbrada a través de los medios oficiales, dice que la medida es "un esfuerzo coordinado del Poder Judicial, Fiscalía General de la República, Policía Nacional, Ministerio de Gobernación y la Procuraduría General de la República". La medida podría beneficiar, entre otros, a los policías acusados por la masacre de Las Jagüitas.
En un intento por legitimar la orden gubernamental, la primera dama se apresuró a declarar que este procedimiento para sacar de las cárceles a los reos con penas por "delitos leves" está en marcha desde el 2014. Durante ese año fueron excarcelados 3,815 nacionales y 58 extranjeros, en el 2015 salieron 3,489 y 31 extranjeros y en 2016 se liberarán a 845 nacionales y cinco de otras nacionalidades, para un total de 8,149 nacionales y 94 extranjeros que serán liberados en este período, según el documento leído por la vocera del gobierno.
En el parte oficial no hay ningún argumento jurídico ni se detalla el procedimiento a seguir en cada caso y tampoco se enumera consideración alguna según el delito por el que está pagando pena un reo y únicamente se limita a tipificarlo como "delitos leves". El argumento del gobierno para ejecutar la medida está sustentada "en el marco de una Política Humanitaria y de Reconciliación y Unidad de las Familias Nicaragüenses en estricto apego a la Constitución Política y a las Leyes Penales de la República", dice la nota.
La disposición del Ejecutivo "es un abuso de funciones, porque no le corresponde (al presidente Ortega) ni tiene atribuciones (para ordenarlo). No puede el presidente ordenar un plan de libertad como este", dijo el exprocurador de la República y abogado penalista Alberto Novoa.
Por su parte, el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el abogado Mauro Ampié, rechazó la orden gubernamental porque "en los países donde existe el Estado de Derecho, el Sistema Judicial debe ser independiente de esas decisiones que pueden estar determinadas por consideraciones políticas del Ejecutivo".
"La justicia es un tema que no es equiparable a esa 'política humanitaria' que menciona (Rosario) Murillo... Solo los jueces de ejecución de sentencia están facultados para cambiar el régimen", insistió el titular del Cenidh.
Cinco policías de la Masacre de Las Jaguitas entre los beneficiados
Ampié además cuestionó esa calificación que hace el Ejecutivo de "delitos leves" porque hay casos, como la masacre de El Carrizo, por ejemplo, "donde hubo delitos gravísimos, donde los asesinos -vinculados al partido de gobierno- fueron condenados a penas mínimas de tres años y tres meses. Ese es un caso donde los autores de la masacre habrían quedado en libertad y no necesariamente es un caso leve", dijo Ampié.
La disposición oficial también incluiría la libertad bajo el "régimen de convivencia familiar" para cinco de los nueve policías condenados por la masacre de Las Jagüitas, cuyas penas van de los 2 a los 4 años.
Los exoficiales que serán puestos en libertad, por esta orden del comandante Ortega son el suboficial Miguel Ángel Ramos, condenado a cuatros años y los suboficiales Augusto César Medrano, Harrison Osmar Ramírez, Osman Ricardo García y Ernesto Alexánder Urbina López, los últimos cuatro sentenciados a dos años de prisión.
Ampié y el doctor Novoa coincidieron, sin embargo, en que puede haber casos que ameriten cambiar las medidas privativas pero (determinar) eso le corresponde al juez de ejecución de sentencia, no al presidente. "Aunque haya una coordinación debe de pasar, por lo menos, por el proceso formal de la orden del juez de ejecución", insistió Novoa.
Presidenta de la CSJ se molesta
Aunque los juristas independientes rechazaron la deposición porque quiebra el principio de independencia de Poderes, consultada sobre el anuncio, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, defendió la disposición difundida por Murillo. "Esa es una comisión la que existe, papá, y eso es lo que ella está diciendo. Está presidida por el Poder Judicial".
- ¿Y quién va a determinar cuál va a ser el procedimiento, doctora?
-¿Cuál procedimiento? Es una comisión presidida por el Poder Judicial y se están coordinando. Aquí existe una coordinación interinstitucional para poner en libertad a la gente. Si están presos, malo y si están en libertad, malo...
- ¿Y que acaso ya no están los mecanismos por los cuales se ponen en libertad a una persona, doctora?
- Bueno, que se queden preso, está bien, dijo la doctora Ramos en tono molesto, antes de cortar abruptamente la llamada telefónica.
El exprocurador Alberto Novoa además enumeró los pasos que establece la ley de régimen penitenciario para otorgar el beneficio de convivencia familiar a un reo. "Primero el privado de libertad debe de pasar por un régimen de adaptación, luego el régimen de trabajo interno, posteriormente el régimen de trabajo externo, después el régimen de libertad condicional y finalmente el juez valora si le concede la convivencia familiar", resumió Novoa.
Novoa además explicó que este privilegio se le otorga a un reo por enfermedad terminal o por buena conducta, pero lo tiene que determinar el juez, en coordinación con el Sistema Penitenciario. "Todo debe pasar por una orden del sistema judicial", insistió.
El jurista también descartó que la medida poco específica del gobierno pueda ejecutarse mediante un indulto, porque en el país "no existe una ley de indulto y ese beneficio solo la Asamblea Nacional tiene facultades para otorgarlo".
Por su parte, la también abogada y defensora de los derechos de las mujeres Azalea Solís, cuestionó que el gobierno introduzca "esos motetes de más de ocho mil reos, cuando los procesos de excarcelación deben de estar sustentados en consideraciones particulares. Esa masividad de excarcelación no está en las facultades del Ejecutivo", fustigó Solís.
La abogada del Movimiento Autónomo de Mujeres dijo que con esa disposición quedarán en libertad todos los condenados por violencia contra las mujeres, porque "con las reformas, casi todos los delitos contemplados en la ley 779, excepto la violación y el femicidio, que son los muy graves, son los que quedarían en ese paquete... No es para nada remoto que ahí aparezcan casos de violencia contra las mujeres en esa excarcelación", cuestionó la abogada feminista.
Solís también considera que con esta decisión de Ortega "para aparecer como humanitario", en realidad busca "bajarse un poco la tensión de todas las cosas que han hecho. Acordate que hace poco excarcelaron a alguien que no debían hacerlo porque es una persona vinculada a delitos de droga, estoy hablando del exmagistrado y hermano de la presidenta del PLC, Julio Osuna".
En el comunicado leído por la vocera presidencial además dijo que "en el marco de las Políticas de Intercambio y Reciprocidad con otros Países del Mundo está deportando a prisioneros de otras nacionalidades que estaban cumpliendo sus condenas en Nicaragua, a fin de que vayan a cumplirlas a sus respectivos Países de origen", dice la nota.
