23 de febrero 2016
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Remigio Ángel González no sólo es el amo y señor de los canales de televisión abierta y del 25% de las radioemisoras de Guatemala. Hasta hace unas pocas semanas, el magnate mexicano también controlaba, a través del contrato de exclusividad de sus canales y de una empresa que gestionaba los patrocinios, a las selecciones nacionales de fútbol. Su objetivo no era llevar a la Azul y Blanco a la tan ansiada clasificación a un Mundial, si no engordar sus cuentas bancarias.
Ejecutivos ligados al grupo Albavisión, el consorcio latinoamericano de medios de comunicación de los que Ángel González es propietario, diseñaron una estructura ad hoc para cooptar a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), la máxima autoridad del balón pie profesional, por medio de una empresa ligada al club Comunicaciones, equipo de fútbol profesional propiedad de González, los canales de televisión abierta y las principales radioemisoras de la corporación. Con la complicidad del expresidente de la Fedefut, Brayan Jiménez, esta estructura negoció millonarios contratos de patrocinios con empresas locales, de los cuales se quedaba hasta con el 50% de “comisión”, y cuyos aportes nunca ingresaron a la federación, manejó el cobro de las taquillas de los partidos, y se sospecha llegó a influir en las decisiones del cuerpo técnico de la selección al que le pagaba sus honorarios profesionales.
Desde hace un mes, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) recaba documentos, testimonios, registros y evidencias de los actos anómalos que, sospecha, se realizaron en la Fedefut durante la administración de Jiménez (diciembre 2013 a noviembre 2014), las cuales podrían alcanzar a, al menos, un gestor vinculado a González, y a dos directivos del Comunicaciones que habrían participado en negocios poco claros. Se trata del mexicano Pedro Portilla White, representante de los intereses de González en el Comunicaciones y otras de sus empresas, así como los directivos de ese club Igor Alexsei González Pacheco y Carlos Estuardo Molina Pinillos. “Estamos en proceso de investigación para establecer si las negociaciones fueron legales o ilegales, identificar el destino del dinero que se generó así como a los presuntos responsables”, dijo a Plaza Pública una fuente de esa Fiscalía, la cual es dirigida por Glenda Aldana.
Los negocios de los que se favorecieron estas personas y empresas con la Fedefut, se realizaron en lo que los expertos en el estudio de estructuras criminales denominan “la zona gris”, el espacio donde los mecanismos de la legalidad son utilizados con fines espurios; la relación comercial entre empresarios y funcionarios con apariencia legal pero envuelta en la opacidad y la discrecionalidad; el tráfico de influencias y hasta el pago de sobornos y chantajes.
Amigos con derechos… exclusivos
Hasta el año pasado, Ángel González se ha había preocupado por tener la exclusividad en los derechos de transmisión de los partidos de todas las categorías de las Selecciones Nacionales de Fútbol de Guatemala. En marzo de 2010, Radio y Televisión Guatemala, S.A. (Canal 3) y Televisiete, S.A., (Canal 7), ambas integrantes de Albavisión, suscribieron un contrato de “autorización de derechos de transmisión deportiva” con Brayan Jiménez, quien ejercía su primer período como presidente de la Fedefut (2009-2013). Por medio de ese documento legal, que estuvo vigente de 2010 a 2013, la Fedefut concedía a las empresas de González los “derechos exclusivos” de transmisión de los partidos de las selecciones, a través de televisión abierta, cable, internet, radio, satélite y cualquier otro medio o plataforma electrónica. Los canales de Albavisión, según el contrato, se obligaban a pagar a la Fedefut US$110 mil anuales durante el proceso de clasificación de la selección mayor para el Mundial de Brasil 2014, cifra que bajaría a US$80 mil anuales en caso de no lograr la clasificación, tal y como ocurrió. En 2014, Jiménez y los canales renovaron el contrato por cuatro años más (2014-2018) en los mismos términos técnicos y jurídicos del anterior, pero con retribución económica menor: US$90 mil anuales durante la fase de clasificación al Mundial Rusia 2018, o US$60 mil anuales si la selección no logra la clasificación.
Aunque el contrato se encuentra en plena vigencia, las nuevas autoridades de la Fedefut están abiertas a, al menos, “discutir el asunto”. Adela Camacho de Torrebiarte, presidenta del Comité Normalizador de la Fedefut, dice que “todo lo actuado por las autoridades anteriores”, incluidos los contratos de derechos de transmisión, “serán revisados y evaluados” por ese comité. “No es posible que (los canales) paguen a la Federación entre US$7,500 y US$5 mil mensuales por estos derechos, cuando en países como Panamá, por ejemplo, su federación recibe hasta US$80 mil al mes”, señala.
El Comité Normalizador que preside Camacho de Torrebiarte fue designado a finales de diciembre pasado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), y está integrado también por Stuardo Ralón, Juan Barragán, Hugo Maúl y Roberto Aldana; tiene como objetivo reestructurar la Fedefut, transparentar los procesos administrativos y reformar sus estatus. Respecto a los derechos de transmisión de los partidos de las selecciones, “nosotros quisiéramos que el proceso fuera más sano, y que se hiciera por medio concursos de licitación pública y abierta, en los que pudieran participar todos los canales de televisión y plataformas de internet que existen ahora en el país”, indica Camacho.
La FIFA integró el Comité Normalizador de la Fedefut, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusara a Brayan Jiménez y al secretario del comité ejecutivo de la Fedefut, Héctor Trujillo, de haber recibido sobornos de parte de la empresa estadounidense Media World hasta por US$400 mil, a cambio de ceder los derechos organización, comercialización y transmisión en el extranjero de los partidos de la Selección Nacional. Jiménez fue capturado el pasado 12 de enero en la capital guatemalteca, tras permanecer más de un mes prófugo, y se encuentra a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos para ser procesado por estos hechos; mientras que Trujillo, también exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), y quien fue detenido en Florida el 4 de diciembre del año pasado, se encuentra libre bajo fianza en Estados Unidos tras pagar una fianza de US$4 millones. Los otros tres miembros del Comité Ejecutivo presidido por Jiménez, el tesorero Noe García, y los vocales Milton Mendoza y Fernando Gómez, renunciaron a sus cargos tras el escándalo.
Debido al “desorden administrativo” con que el Comité Normalizador se topó en la Fedefut , no ha sido posible establecer si los montos pactados en los contratos por los derechos exclusivos de transmisión ingresaron a las arcas de la federación entre 2010 y 2013. En los años 2014 y 2015, esos ingresos no fueron reportados en el Balance del Presupuesto 2014 ni un centavo de los Q10.5 millones reportados como ingresos tuvieron como fuente el pago de los contratos pactados con los Canales 3 y 7; y en el informe financiero de 2015 sólo se registró un ingreso de Q234 mil en concepto de “patrocinio” otorgado por Radio y Televisión Guatemala (Canal 3).
El negocio del fútbol
En la exclusividad de los derechos de transmisión garantizada y la amistad y lealtad de Brayan Jiménez –y de la Fedefut– probada, la maquinaria de Ángel González ideó la forma de multiplicar las ganancias que se podrían derivar del negocio del fútbol, a pesar de los constantes e históricos fracasos de la bicolor en competiciones internacionales. El Ángel de la televisión encomendó a su compatriota y hombre de confianza, Pedro Portilla White, la misión de convertirlo, también, en el Ángel del fútbol guatemalteco.
Portilla White proviene de las grandes ligas del negocio de la televisión y del fútbol profesional de su país, México. Mercadólogo y publicista, fue uno de los creadores de Televisa Deportes, la división comercial de deportes del monstruo mexicano del entretenimiento mundial, propiedad del magnate Emilio Azcárraga Vidaurreta, y directivo de club América, uno de los equipos más populares del fútbol profesional de México, propiedad de Televisa. Se trasladó a Guatemala en agosto de 2008, luego de que Albavisión comprara el club Comunicaciones a la familia García-Granados por tres millones de dólares.
La venta del equipo, uno de los más antiguos del fútbol guatemalteco y con mayor cantidad de títulos en su haber, estuvo a cargo de Enrique Godoy García-Granados, quien recuerda que habló personalmente con Ángel González sobre “los aspectos generales” de la negociación, y que luego pactó los pormenores del negocio con Fernando Villanueva y Juan Carlos González, ejecutivos de Albavisión. Godoy siguió durante los siguientes dos años como presidente del club, pero la administración del mismo estuvo a cargo de Portilla. “Él (Portilla) vino específicamente para eso, a aplicar el mismo sistema que funcionaba en el modelo de Televisa: darles bonificación a los patrocinadores en la televisora (modelo que aplicaría años después con la Selección Nacional de Fútbol). En esa parte nosotros ya no tuvimos nada que ver. A partir de entonces, ellos fueron los que manejaron el dinero. Ellos gestionaban y administraban el equipo”, cuenta Godoy.
Pedro Portilla White, hombre de confianza de Ángel González.
Además de administrar al Comunicaciones, en esos años Portilla echó a andar QualyTV, la división de televisión de pago del grupo Albavisión en Centroamérica, y a dirigir la estructura que cooptó a Jiménez y a la Fedefut. Para ello utilizó la Corporación Burgen, S.A., una empresa creada en agosto de 2011, cuyas socias fundadoras fueron la estudiante Susana Matilde Saloj Piril, entonces de 20 años; y la contadora, Mayra Andrea Tepaz Álvarez, de 26 años. La sociedad, cuya escritura constitutiva fue aprobada por el notario Jorge Antonio Porras Estrada, tiene un capital autorizado de Q25 mil, y uno pagado de Q5 mil, el cual fue aportado en partes iguales por las socias fundadoras. Según los archivos del Registro Mercantil, entre 2010 y 2014, Tepaz Álvarez, ha sido administradora única y representante legal de otras 85 sociedades anónimas, en 36 de las cuales aún mantiene vigente su nombramiento como tal.
Tepaz Álvarez fue la primera representante legal de Corporación Burgen, S.A. En febrero de 2012 fue sustituida por Alfredo Javier Sánchez Aceituno, quien a su vez fue reemplazado por Igor Alexseis González Pacheco, en marzo de 2015. A partir del 6 de julio de ese año, la representación legal de la compañía la mantiene Carlos Estuardo Molina Pinillos. Estos dos últimos, directivos del Comunicaciones en el período 2014-2015, durante la presidencia del club de Portilla White. En los diferentes contratos suscritos por Corporación Burgen, S.A. entre la Fedefut y las empresas patrocinadoras de las selecciones de fútbol, a los que Plaza Pública tuvo acceso, la compañía consignó tres diferentes direcciones de sus oficinas –dos en la zona 10 y una en la zona 15– pero en ninguno de estos sitios dieron razón de sus personeros o representantes.
Igor Alexseis González Pacheco (izquierda) y Carlos Estuardo Molina Pinillos.
El 4 de mayo de 2015, por medio de un contrato privado Brayan Jiménez, en representación de la Fedefut, otorgó a Corporación Burgen, S.A., representada en ese documento por Igor Alexseis González Pacheco, los derechos exclusivos de comercializar con terceros los patrocinios de las Selecciones Nacionales de Fútbol de Guatemala (excepto la de fútbol sala), por el plazo de un año, y con prohibición expresa a la Federación de negociar por sí misma ningún patrocinio. La empresa se comprometió a alcanzar la meta mínima de patrocinios de US$700 mil durante el período del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2015, y la Fedefut le concedió a la compañía comisiones del 35% por alcanzar la meta establecida; 50% si llegaba a los Q900 mil; y el 60% si superaba los Q1.7 millones. Según se lee en el documento, Jiménez presentó una certificación extendida por el Secretario General Administrativo de la Fedefut, la cual contiene la “autorización específica” del Comité Ejecutivo de la Federación para suscribir ese contrato, pero no fue adjuntada al mismo. Las firmas que calzan el contrato así como el anexo donde se precisan los porcentajes de distribución de los patrocinios fueron autenticadas por el notario Eduardo Humberto Pinto Acevedo.
Mitad para mí, mitad para… ¿?
En los siguientes cuatro meses, Corporación Burgen, S.A. superó la meta acordada con la Fedefut al pactar patrocinios por US$900 mil con tres empresas. Con las tres suscribió contratos por US$300 mil durante un año, pero con diferentes condiciones y beneficios para cada uno, según los documentos a los que Plaza Pública tuvo acceso. A Carnes Procesadas, S.A., (embutidos Bremen), en el contrato firmado el 10 de junio de 2015, González Pacheco, en representación de Burgen, concedió al patrocinador una bonificación del 100% de su inversión de publicidad en los canales de televisión abierta, y un 25% en las radioemisoras de Albavisión. La gestora aseguró en el contrato tener “un acuerdo” con Televisiete, S.A. para ofrecer ese beneficio a los patrocinadores de las selecciones en los medios en los que ésta tiene participación (el grupo Albavisión). Con la empresa Navega.com S.A., representante de las marcas de la telefónica Tigo (Tigo, Tigo Star y Tigo Sports), el contrato fue firmado el 28 de agosto por Carlos Estuardo Molina Pinillos, entonces nuevo representante legal de Burgen. A esta compañía le concedieron bonificación en los canales de televisión del grupo, así como los derechos de transmisión de los partidos de las selecciones en internet por medio de una aplicación para teléfonos móviles. En este contrato Pedro Portilla es mencionado como "ejecutivo de cuentas" y "ejecutivo comercial" de Burgen, S.A. Dos meses después, el 12 de octubre, Navega.com S.A., cedió los derechos del contrato con Burgen, S.A, a favor de Servicios Especializados en Telecomunicaciones, S.A., otra de las empresas que forman parte del consorcio de Tigo. El tercer patrocinio fue suscrito por Molina Pinillos el 11 de septiembre de 2015, con el Banco de los Trabajadores (Bantrab). A este no le otorgaron bonificación publicitaria en los medios de Albavisión ni otro beneficio en particular, excepto los derechos de promocionar su marca como patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol, según el contrato suscrito con la empresa gestora.
El escándalo generado por las órdenes de captura en contra de los directivos de la Fedefut, Brayan Jiménez y Héctor Trujillo, supuso el fin del jugoso negocio de los patrocinios del fútbol. Las tres empresas rescindieron sus contratos con Burgen y se desligaron para que sus marcas no fueran perjudicadas. Juan Luis Rodríguez, mandatario judicial de Bremen, asegura que su empresa fue “sorprendida en su buena fe” al haber sido condicionada por la Fedefut a firmar el contrato de patrocinio con Burgen cuando durante los más de 20 años que han colaborado con la Selección la ayuda siempre la han pactado con la Federación. “Nunca supimos que Burgen cobraría algún tipo de comisión por gestionar el patrocinio. Cuando nos enteramos del problema legal que enfrentaban los directivos de la Federación, y luego de la intervención, decidimos retirar nuestro patrocinio”, señala. La gerencia de comunicación del Bantrab se limitó a decir, por medio de un correo electrónico, que esa institución apoya el deporte como parte de su responsabilidad social empresarial; y Tigo no emitió ningún comentario al respecto.
Brayan Jiménez fue detenido y llevado a la Torre de Tribunales.
Según los plazos y formas de pago establecidos en los contratos, a diciembre de 2015, Bremen pagó a Burgen, S.A, US$150 mil; Tigo US$125 mil; y Bantrab US$150 mil. En total, durante el segundo semestre del año pasado, las tres empresas aportaron US$425 mil, el 50% de los cuales (US$212,500) habrían quedado en poder de la compañía gestora en concepto de comisión, y la otra mitad debió ingresar a las arcas de la Fedefut. Sin embargo, según sus registros contables, ese dinero nunca llegó.
Hugo Maúl, miembro del Comité Normalizador de la Fedefut, dice que han pedido a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, una “auditoria profunda” de los años en que Jiménez presidió la Federación “para conocer el detalle de todo lo que hizo el Comité Ejecutivo durante ese tiempo. Por el momento es difícil saber a ciencia cierta dónde está el dinero que debió ingresar por diferentes conceptos. Lo único que está claro es que las cifras no coinciden”. La Fiscalía contra la Corrupción también está a la espera de conocer los informes de la Contraloría para establecer las cantidades que, sospecha, habrían sido desviadas por las anteriores autoridades. De momento, lo que investiga con mayor certeza es la desaparición de US$1 millón 50 mil que la FIFA entregó a la Fedefut en 2015 para diversos procesos de las selecciones.
También buscan determinar si el Comité Ejecutivo y Jiménez incurrieron en algún delito al haber pactado el pago de “comisiones” a una empresa privada por gestionar los patrocinios, al ser la Fedefut una institución autónoma pero que recibe y maneja fondos del Estado. “La Fedefut es una entidad autónoma y como tal tiene libertades que no se observan en el sector público, donde las comisiones están altamente reguladas. Sin embargo, no vemos por qué no deberían observarse las mismas normas que rigen a las instituciones del Estado, las buenas prácticas. Está en una zona gris que a mi juicio no debería existir”, indica Maúl.
Los ingresos por la venta de los boletos, los cuales también eran controlados por Corporación Burgen, S.A., así como supuestos pagos mensuales de US$5 mil, que diversas fuentes deportivas, dentro y fuera de la Fedefut, aseguran le concedía esa empresa a Brayan Jiménez, forman parte de las anomalías que aún falta por esclarecerse dentro del negocio del fútbol.
Los mariachis callaron
La influencia de Albavisión llegaba hasta el Cuerpo Técnico de las Selecciones Nacionales. Los millonarios salarios de los dos últimos directores técnicos de la Azul y Blanco, el argentino Iván Franco Sopegno y el paraguayo Ever Hugo Almeida, fueron pagados, con la venia de la Fedefut, por Televisiete, S.A., y Corporación Burgen, S.A. De hecho, el contrato de patrocinio suscrito con embutidos Bremen, establece que parte del dinero aportado por esa empresa se utilizará para el pago de salarios del cuerpo técnico, así como viáticos, premios para jugadores y costos de preparación y viajes, entre otros. Los cheques que fueron girados a favor de una decena de periodistas por supuestas asesorías y servicios a favor de la Fedefut y de Jiménez, y que el Comité Normalizador sospecha se trataba de sobornos, estaban cargados al rubro de “patrocinios”.
Adela Camacho de Torrebiarte, presidenta del Comité Normalizador, reconoce que había “una concentración de poder e influencia” de parte de grupos ajenos a la Federación, pero se cuida de vincular éstos con Albavisión. Asegura no tener evidencias de que Albavisión haya decidido sobre la designación y contratación de los directores técnicos anteriores, y de que por ser este grupo el que pagara sus salarios hayan tenido incidencia en sus decisiones técnicas y deportivas. Sin embargo, reflexiona: “Como dicen… el que paga los mariachis pide las rancheras…”. Y agrega: “el nuevo director técnico (Walter Claveri) lo elegimos nosotros, y le vamos a pagar nosotros”, como queriendo decir: “los mariachis callaron…”.
Aunque se pretendiera ocultar la participación de los ejecutivos de Albavisión en los negocios del fútbol, sería imposible porque ellos mismos no hacen nada por ocultarse. En la segunda semana de enero, el Comité rescindió el contrato de comercialización de patrocinios con Corporación Burgen, S.A., porque “consideramos que no era un contrato favorable para la Federación. Había pago de comisiones por conseguir patrocinadores, y eso no es correcto”, cuenta Camacho de Torrebiarte. Pedro Portilla, agrega la presidenta del Comité Normalizador, les visitó para tratar de persuadirles de dar marcha atrás en esa decisión.
Ni los directivos de Corporación Burgen, S.A., ni los ejecutivos de Albavisión respondieron a los llamados de Plaza Pública. El único que lo hizo fue Pedro Portilla. En una breve comunicación telefónica fijó su posición: “como empresa hemos decidido no hacer comentarios sobre un contrato privado, el cual está perfectamente documentado y dentro de la ley”.
De las investigaciones del Comité Normalizador, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, se determinará qué tan afectado saldrá Ángel González y sus empresas por la debacle del negocio del fútbol.
