17 de febrero 2016
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Entre las expresiones desafortunadas referidas a la autonomía municipal que se escuchan a menudo está la que dice: “la autonomía no da comer”, o su variante “yo no como autonomía”, para restarle importancia frente a las necesidades más urgentes asociadas a la supervivencia como la alimentación y la salud. Pero aunque la autonomía municipal, al igual que los derechos civiles y políticos, no sea tan tangible como un plato de comida, puede impedir que a uno le quiten la oportunidad de comer.
Prueba de lo anterior es la información publicada en estas páginas el pasado 11 de febrero sobre el castigo que reciben los productores de El Tule de parte de la alcaldesa del FSLN, por oponerse a la construcción del canal. La exclusión del mantenimiento de los caminos y puentes de esta comunidad de las inversiones municipales por razones políticas, es una muestra clara de que el abandono de la autonomía municipal de las autoridades repercute de forma directa en las posibilidades de comer, tanto por arrebatar los ingresos que percibirían los productores por sacar sus frijoles al mercado, como por la disminución de su oferta a la población, y por ende el encarecimiento del producto.
En el plano teórico lo anterior muestra que de las tres dimensiones comúnmente aceptadas de la autonomía municipal, la política resulta ser la determinante a la hora de definir -y medir- el autogobierno de un municipio, a contrapelo de lo que la reforma neoliberal intentó vender, en el sentido de que la esfera financiera era la más importante por cuanto aseguraba el desempeño eficiente de los gobernantes locales, en línea con la primera generación de las teorías de la descentralización.
El caso de El Tule, y de muchos otros municipios en Nicaragua, no sólo revela el valor de la autonomía política de los electos frente el poder central, sino además que las otras dos dimensiones –administrativa y financiera- vienen a ser instrumentales, por no decir secundarias, comparadas con la investidura política que los ediles reciben de la ciudadanía a través del voto. Este mandato no sólo es la fuente de legitimidad primaria de los gobernantes locales; también lleva aparejadas las no menos importantes obligaciones de ser responsables ante los electores (rendición de cuentas), de dar prioridad a las demandas locales en los planes de inversiones y de desarrollo local (dar sentido al desarrollo del municipio), y de abrir canales o espacios de interlocución con todas las personas que habitan en el territorio (fortalecimiento de la democracia local), entre otras.
Cuando las autoridades municipales sólo gestionan competencias que le son asignadas por el nivel central con escaso o nulo margen para tomar decisiones (por ejemplo en las reuniones semanales donde se “les baja la línea”), se convierten en agencias de Managua, en simples ruedas de un engranaje que funciona con muy poca sensibilidad hacia los problemas locales, como el caso de los caminos de El Tule, o peor aún, con toda la intención política de excluir a quienes el poder central considera sus enemigos. En esta situación la autonomía, en el mejor de los casos, es autoadministración pero no autogobierno, y la “comida” o las posibilidades de comer llegan a la población condicionadas por las prioridades decididas “allá arriba”.
Por extensión de lo anterior, cuando los ediles actúan como administradores de las finanzas locales y las partidas del presupuesto municipal llegan dictadas y atadas a porcentajes fijos desde el nivel central, la autonomía financiera se ve reducida a simple membrete. La potestad de redistribuir los ingresos municipales entre las demandas locales tiene que pasar por el filtro previo de las autoridades nacionales, lo que incluye las prioridades del mando supremo. Para evitar cualquier descarrío se ha cambiado la naturaleza de instituciones como INIFOM, que de apoyo al fortalecimiento municipal pasó a ser una entidad control y supervisión del cumplimento de la ortodoxia centralista. En estas condiciones de subordinación financiera las inversiones se operan bajo criterios políticos, lo que implica privilegiar la lealtad sobre la necesidad, y el clientelismo sobre el derecho. Esto conlleva a favorecer las asignaciones (la comida) para los “míos” y la exclusión de los otros, que en el caso de El Tule son quienes se oponen al canal.
Esta relación transitiva entre autonomía municipal y comida no es nueva ni es parte del folclore nacional. En los breves períodos en que las autoridades locales han sido autónomas, en Nicaragua se ha cumplido el principio universal de que las municipalidades, por su cercanía con la población, son las mejor situadas para dar respuestas a sus demandas locales, en el encuentro cara a cara con la ciudadanía. Pero para que ello ocurra deben tener el poder de decidir -o sea de gobernar- sobre y con una comunidad política que las ha elegido y ante la cual tienen que rendir cuentas por el encargo recibido; así como por las políticas, los planes y los presupuestos que hayan aprobado pensando en mejorar las condiciones de vida de los habitantes, lo que por supuesto incluye las oportunidades para que las familias tengan un plato de comida en sus mesas.
Sin embargo, esta relación se vio alterada cuando las autoridades perdieron su autonomía política frente el gobierno central por efecto de la adulteración de las elecciones municipales y sus efectos encadenados: la inestabilidad de los electos y el retorno del secretario político como poder fáctico sobre los regidores. Los tres factores alteraron la naturaleza de los electos como servidores públicos para convertirlos en peones al servicio privado de un partido. Ello explica la hemorragia continua de alcaldes y concejales, convirtiendo a los primeros en los funcionarios más enfermos de América Latina (ya son 36 los destituidos o “renunciados” por motivos de salud).
La reconversión del servidor público en trabajador privado y del edil en activista político, explica que la alcaldesa de San Miguelito opere con la lógica partidista de excluir a quienes adversen las órdenes del mando central; y que desde la sumisión en vez de la autonomía, niegue las oportunidades para que los pobladores de El Tule lleven la comida a sus hogares. Ciertamente que la autonomía municipal no se come, pero la renuncia a su ejercicio te puede dejar sin comida… para lo menos.
