14 de febrero 2016
AA
Share
Un escándalo por un supuesto tráfico de influencias del presidente boliviano, Evo Morales, hacia una expareja suya ha mermado, según el sondeo publicado este domingo, las opciones del mandatario en el referendo del 21 de febrero, en el que se decide si se podrá presentar en 2019 a una nueva reelección.
Una encuesta publicada este domingo en varios periódicos bolivianos señala que la intención de voto, hasta ahora bastante igualada entre el "sí" y el "no", se inclina ahora en un mayor porcentaje por el rechazo a la modificación constitucional que permitiría la reelección de Morales.
El sondeo publicado este domingo, último día en que la normativa electoral permite la difusión de encuestas, recoge que el 47 % de los bolivianos se inclina por el "no", frente a un 28 % que lo hace por el sí y un 25 % de indecisos.
La encuesta, de tipo "flash", fue realizada el pasado 11 de febrero por la firma Mercados y Muestras para los diarios Página Siete, Los Tiempos, Correo del Sur y El Potosí en las cuatro principales ciudades de Bolivia, con una muestra de 600 personas y una fiabilidad del 95 %.
Una de las particularidades de las encuestas electorales en Bolivia es que suelen vaticinar con bastante exactitud los resultados que luego se reproducen el día de los comicios, especialmente en el caso de los sondeos en boca de urna.
Ese último tipo de encuesta tiene especial relevancia porque en los procesos electorales en Bolivia, tradicionalmente el escrutinio oficial se demora unos días e incluso semanas, por lo que las cifras de los sondeos a pie de urna se suelen dar como válidas para avanzar los resultados.
El primer sondeo tras denuncai por tráfico de influencias
En los últimos meses los medios bolivianos han publicado numerosos sondeos sobre la consulta, pero el difundido este domingo es el único que se efectuó después de que la semana pasada saltara a la prensa una denuncia por supuesto tráfico de influencias que salpica directamente al presidente.
La polémica surgió cuando un periodista muy crítico con el oficialismo hizo público que Morales tuvo un hijo -fallecido poco después- en 2007 con la ejecutiva Gabriela Zapata, quien desde 2013 según su propia versión es gerente comercial en Bolivia de una empresa china que se ha adjudicado millonarios proyectos del Estado.
La firma CAMC Engineering (CAMCE) se ha hecho con licitaciones directas por valor de 566 millones de dólares.
Morales ha recibido duras críticas por este supuesto favorecimiento a la empresa de su expareja, pero también por haber ocultado el nacimiento de este hijo cuando ya era presidente y por la juventud de la madre, que tenía poco más de 20 años cuando mantuvo la relación con el mandatario, de casi 50 por entonces.
El gobernante ha negado las acusaciones y ha pedido al Legislativo -donde su partido tiene mayoría- y a la Contraloría del Estado que investiguen si hubo alguna irregularidad en la adjudicación de contratos a CAMCE.
A pesar de que el Gobierno de Morales había afrontado ya escándalos de corrupción, como el millonario fraude en el Fondo Indígena, un fondo que concedió cuantiosas ayudas para proyectos de desarrollo en comunidades indígenas de los que muchos nunca se ejecutaron, ésta es la primera vez que una denuncia atañe de manera tan personal al presidente.
Según el sondeo de este domingo, el 84 % de los encuestados conoce el llamado "caso Zapata", el 59 % cree que Morales no ha dicho toda la verdad sobre su relación con la ejecutiva y el 63 % considera que el asunto debe aclararse ante la opinión pública.
Además, el 60 % opina que el mandatario efectivamente ha ayudado a la CAMCE en la consecución de proyectos estatales.
Los bolivianos acudirán a las urnas dentro de una semana para decidir si avalan una reforma de la Constitución promulgada por el propio Morales en 2009 que permita al mandatario concurrir de nuevo a los comicios en el 2019, en busca de un cuarto mandato consecutivo hasta el 2025.
Morales, que ha expresado varias veces su deseo de obtener un apoyo de un 70 % en esa votación, gobierna Bolivia desde el 2006, comenzó su segundo mandato en 2010 y el tercero en 2015.
Ese tercer mandato contaría legalmente como si fuera el tercero ya que el Tribunal Constitucional decidió que el primer período 2006-2010 no debe ser computado porque fue previo a la refundación del país como Estado Plurinacional en 2009.
