La "movida" de Ortega en el Poder Electoral

Durante el año que recién se ha iniciado, los nicaragüenses tendremos que tomar importantes decisiones. Este es lo que se llama comúnmente “un año electoral” y también lo será el próximo. Todo lo que se mueva en el país durante el año en la política, el gobierno, la economía, las relaciones internacionales, entre otros, estará vinculado, directa o indirectamente a las elecciones nacionales del próximo noviembre, a las campañas y a las distintas ofertas o programas que presenten las fuerzas políticas. ¿Habrá continuismo o habrá cambio? Esa es la disyuntiva más importante del período. Hay factores alineados para asegurar el continuismo y otros para gestar un cambio. La voluntad ciudadana, la acción de las fuerzas políticas y el Poder Electoral jugarán un papel decisivo. En los tres ámbitos, hay una actividad que aún no perfila su resultado.
En este boletín, analizaremos las condiciones favorables y adversas al continuismo.

Rayando el cuadro

A pesar de faltar unos nueve meses para el primer domingo de noviembre, fecha en que se celebrarán las elecciones, el Consejo Supremo Electoral no ha convocado a las mismas, ni ha realizado anuncio alguno. Sin embargo, algo se está moviendo dentro de la institución, comenzando por su propio organismo rector.

Roberto Rivas, su actual presidente ha desaparecido del radar público y de las oficinas de la institución desde hace varios meses. El comando político se ha trasladado a manos del magistrado vicepresidente Lumberto Campbell, hermano del embajador de Nicaragua en Washington, y hombre de confianza del inconstitucional Ortega.

Campbell, funge también como delegado del gobierno para la Costa Caribe en cuyo carácter participó de una reunión con la delegación del Banco Mundial que estuvo en el mes de enero en el país. Desde el año pasado, ha desplegado una gran actividad como operador político a cargo de comunicar la destitución y nuevos nombramientos de secretarios políticos del FSLN en distintos departamentos. Y aunque no se conoce un nombramiento oficial, ha sido puesto a cargo de la supervisión cercana de la estructura de ese partido en Managua.

En las últimas dos semanas de enero, con pocos días de diferencia, dos magistrados del CSE, de un total de diez, pusieron su renuncia al cargo. Johnny Tórrez Aguilar, el primero, fue nombrado magistrado en el año 2014; anteriormente había ocupado el cargo de presidente del Consejo Electoral del municipio de Managua, jugando un papel relevante en la organización para la adulteración de los resultados electorales correspondientes en 2011 y 2012. Por su parte, José Luis Villavicencio era uno de los magistrados con más larga permanencia en el CSE, más de veinte años en el cargo, y aunque fungía frecuentemente como vocero, no ejercía mayor poder en la administración y operatividad del organismo. Ninguna de esas renuncias ha sido producto de decisiones individuales, sino que son la expresión de una voluntad política al interior del partido en el gobierno por ajustar la cabeza de esa importante institución.

Para ocupar una de las posiciones, el gobierno ha propuesto a la abogada Norma Moreno Silva, ex embajadora de Nicaragua en Argentina y hermana de Fidel Moreno, una pieza del círculo de poder de Rosario Murillo, la esposa de Ortega. Moreno fue procuradora para la niñez y previamente había actuado como vocera de la Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia. En sus tiempos de activista de la sociedad civil se opuso a la penalización del aborto terapéutico, que ejecutó su partido, a la que responsabilizó de un posible aumento de la mortalidad materna e infantil y de la eventual fuga de médicos especialistas por sentirse perseguidos. Al ser investida como embajadora se cruzó de orilla, acusando a las organizaciones no gubernamentales de ser “agrupaciones políticas disfrazadas con temáticas de derechos humanos”, financiadas por los Estados Unidos como parte de la “política perversa” del “imperio norteamericano”, tal como había hecho con la contrarrevolución. En esa entrevista concedida a la Revista2016 en 2014, en Buenos Aires, Moreno se presentó como una devota militante del FSLN.

Hasta finales de enero, aún no se conocía de una nueva propuesta gubernamental para llenar la segunda vacante. Entre los diputados oficialistas se mencionaba insistentemente el nombre de Yara Pérez Calero, otra abogada, que ejerció como Procuradora Auxiliar Penal en Managua y Procuradora Regional del Norte. Fue asesora legal de INAA, de algunas instituciones financieras y de la empresa italiana Astaldi Columbus. Nombrada Sub Procuradora General de la República en 2007, casi inmediatamente asumió el cargo de Intendente de la Propiedad, una función de extrema confianza política y económica, para la familia Ortega Murillo. En ese cargo se ha mantenido hasta la fecha, ejerciéndolo desde su militancia en el FSLN.

Ambas candidatas han sido escogidas a la medida de las necesidades del inconstitucional Ortega en este proceso electoral. Ofrecen incondicionalidad y poseen escaso peso político individual.
Por su parte, la Coalición Nacional por la Democracia que integra al PLI, al MRS, el PANAC, la UDC, el Movimiento Liberal Constitucionalista, la Cruzada Liberal y la Resistencia Nicaragüense, a pesar de no contar con la mayoría para decidir en la Asamblea Nacional, propuso una lista de candidatas y candidatos para ocupar esas magistraturas. Con la excepción de Kitty Monterrey, que ocupa un cargo en la directiva del PLI y que ha sido sistemáticamente vetada por la bancada oficialista con el argumento de que no es nacional de Nicaragua, todo el resto de las candidaturas son de personas que no pertenecen, ni tienen actividad en algún partido político. La lista incluye a Claudia Pineda, directora de la Fundación Violeta Chamorro; Félix Maradiaga y María José Zamora, conocidos activistas de la sociedad civil; Verona Gurdián, empresaria, quien trabajó como gerente de Xerox y Dionisio Palacios, que ya ocupó una magistratura electoral y fue Director de Cedulación.

En el ambiente oficial en la Asamblea Nacional, se afirma que más magistrados serán cesanteados en las próximas semanas. La propuesta de la oposición parece apostar a establecer un desafío a Ortega con una lista de posibles sustitutos confiables para todos. Es también una acción que converge con las protestas de los miércoles por elecciones limpias y transparentes que durante más de cuarenta semanas consecutivas se han realizado en las inmediaciones de las oficinas del Consejo Supremo Electoral en Managua.

Si Tórrez y Villavicencio han sido incondicionales de la familia en el poder, ¿cuál es la razón de su remoción? ¿Será que Ortega considera que hay que hacer algún gesto que dé la impresión de que cambiará algo en la integración de un Consejo Supremo Electoral completamente desprestigiado y sin credibilidad? O, como se afirma en distintos medios, ¿se trata de una recomposición promovida por una facción del FSLN, en detrimento del poder e influencia de otra? La respuesta estará sobre la mesa cuando se realicen los nuevos nombramientos. Cualquiera que sea la razón última de los movimientos en el Consejo Supremo Electoral, lo cierto es que se está produciendo un cierto cambio de correlación interna, desfavorable a la “vieja guardia” de magistrados, mismos que tuvieron un papel determinante en los fraudes electorales de los años pasados.

Si Ortega decide dejar de lado la propuesta de la oposición y nombrar a sus candidatas, estará dando un mensaje de que se trata de un simple cambio de caras, una cirugía cosmética, completamente insuficiente a la demanda social de garantías suficientes para unas elecciones limpias.

El Consejo Supremo Electoral, con cualquier composición, ya no puede seguir oficiando confiado en que el mundo está viendo hacia otro lado. Ahora está bajo la mirada atenta de la Secretaría General de la OEA. Partidos políticos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil le han recordado a Luis Almagro, su titular, la deteriorada situación de la institucionalidad electoral en Nicaragua y la importancia de que se retomen las recomendaciones de la Misión de Observación de la OEA realizada con motivo de las elecciones de 2011.

La actuación de Almagro en relación al proceso electoral venezolano, a sus resultados y consecuencias; su participación actual en la crisis electoral de Haití y la integración, por acuerdo con el gobierno hondureño, de una comisión de la OEA para investigar casos de corrupción, muestran una gran beligerancia. En el caso de Venezuela, el Secretario General, detalló en una extensa carta las violaciones a los derechos de los ciudadanos y la oposición venezolana, previo a las elecciones, a pesar de habérsele negado la acreditación como observadores. Posteriormente, advirtió que si se desatendían los resultados electorales en ese país, podía invocar la Carta Democrática de la OEA, llevando el tema al debate entre las naciones que la integran.

Almagro dejó claro que con o sin acreditación, la OEA observará los procesos electorales en América Latina y El Caribe, amparándose en los compromisos suscritos por los países. Ese importante precedente le indica al gobierno de Ortega que los tiempos de las complicidades se han terminado y que es posible esperar una gestión desde la OEA para contribuir a que se aseguren las condiciones adecuadas para un proceso electoral justo, transparente y competitivo, con respeto a los derechos de las fuerzas políticas que participen y de la ciudadanía. Hay que recordar que la posición de Almagro se ha fortalecido con el cambio de correlación en el Consejo Permanente de la OEA, causada por los resultados electorales en varios países del continente y por el debilitamiento de Venezuela que había actuado como cabeza de un grupo a cuya protección se confió Ortega en varias ocasiones.

A estas alturas, el gobierno sabe muy bien que frente a un nuevo fraude electoral, el Secretario General de la OEA podría invocar la Carta Democrática, restando legitimidad a cualquier resultado y exponiendo al gobierno a otras acciones de censura internacional. Con el retardo de la apertura del proceso electoral, el gobierno trata de ganar tiempo para definir una estrategia frente a esta nueva situación.

El momento actual es propicio para gestionar cambios relevantes que aseguren condiciones para un proceso electoral y elecciones limpias en Nicaragua, una demanda que cuenta con respaldo en la inmensa mayoría de la población, las iglesias, medios de comunicación independientes, movimientos sociales y políticos y sectores empresariales.

Se busca un sucesor

La falta de convocatoria oficial a las elecciones también le da tiempo al oficialismo para resolver algunos asuntos y postergar otros. El FSLN está tratando de frenar un temprano debate interno sobre candidaturas a diputados y diputadas, decisión que la familia gobernante retardará lo más posible para evitar los tradicionales y siempre desgarradores conflictos entre sus líderes locales. Es esperable que la nueva plancha deje de lado a un buen grupo de los actuales diputados, cediendo espacios a nuevas candidaturas que continúen asegurando total lealtad a los intereses de Ortega. Rosario Murillo, tratará de asegurarse el dedazo final en esa escogencia y como lo ha hecho en las estructuras del partido, apartará a los viejos militantes y los sustituirá por jóvenes sin peso político específico, que le deban íntegramente su ascenso.

En la candidatura a la presidencia no habrá sorpresas, pues ese es un espacio sobre el que Ortega actúa con ánimo de dueño. En relación a su compañero de fórmula, hay rumores diversos, pero se sabe que la esposa de Ortega, Rosario Murillo, está pujando fuertemente por esa posición.

Se han mencionado otros aspirantes, entre ellos a José Adán Aguerri, presidente del Cosep, cuya escogencia o la de otro “aliado” es bastante improbable, pues la tendencia en los últimos años ha sido la contraria. Ortega llevó candidatos “aliados” en 2001 con Agustín Jarquín y a Jaime Morales Carazo en 2006. En ese período, trataba de dar un mensaje tranquilizador a sectores empresariales. Pero, una vez establecido en el poder, prefirió que su sustituto legal fuese alguien de su total confianza y lealtad, alguien del entorno interno del FSLN, escogiendo como fórmula en 2011, a Omar Hallesleven, general retirado y su antiguo compañero de armas.

Para Ortega, Aguerri no suma nada en una fórmula presidencial, pues ya posee una alianza con el gran capital y la convivencia institucional con los gremios es una realidad. Ninguno de esos dos asuntos depende de la intervención personal del presidente del Cosep, que puede seguir jugando su papel de enlace eficiente desde su posición actual.

Morales Carazo previamente y ahora Hallesleven, han tenido funciones secundarias y casi exclusivamente de figuración, sin jugar en el círculo de decisiones políticas claves, ni en el circuito institucional bajo el control de Rosario Murillo, quien tiene la ventaja de estar funcionando, desde hace años, como vicepresidente de facto.

Murillo pareciera tener la delantera pues aseguraría que una eventual sucesión institucional quede en manos de la familia, si faltara Ortega, desalentando conspiraciones dentro del partido. Desde la perspectiva de los Ortega Murillo y su anillo de confianza, no hay ninguna razón para entregar la posibilidad de una eventual sucesión institucional a un extraño. En eso reside la fortaleza de Murillo, cuyo opositor más importante puede ser el propio Ortega, que ve agrandarse el poder de su esposa, tan omnipresente como él ausente. Es este último factor el que podría abonar a dejar a Hallesleven, de nuevo, como fórmula.

Las vacas flacas

Para el oficialismo, este es su peor año en mucho tiempo. Un grupo de factores que resultaron favorables a Ortega desde 2006, han cambiado de signo y jugarán en su contra en este proceso electoral.

Desde su inicio, el gobierno del FSLN contó con cuantiosos recursos externos procedentes de Europa, Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales, a los que se sumaron los fondos aportados por Venezuela como resultado del acuerdo Petrocaribe. Actualmente, la mayor parte de la cooperación tradicional se ha retirado de Nicaragua, incluyendo la que se canalizaba a través del PNUD, causada por las recientes gestiones gubernamentales de centralización de los proyectos de cooperación. Por su parte, la cooperación venezolana atraviesa una doble crisis, la debida a la caída de los precios del petróleo y la que se deriva de los cambios políticos en ese país. Los fondos externos destinados al gobierno se han reducido y también aquellos manejados como dinero de bolsillo por las empresas controladas por la familia Ortega Murillo.

Por otra parte, la actividad económica está disminuyendo y el gobierno recibe menos recursos en concepto de impuestos. En preparación, desde hace más de un año, se han recortado diversos programas y subsidios, pasando otros al presupuesto nacional ya tensionado y que lo estará aún más, pues el oficialismo querrá mostrar algunas obras durante este año electoral, aunque tenga la menor disponibilidad de dinero de los últimos ocho años.

La mayoría del pueblo nicaragüense llega a este punto con, prácticamente, los mismos problemas de la última elección. El desempleo sigue siendo nuestro principal flagelo, sin que el gobierno haya podido mostrar una gestión efectiva en esa materia. El proyecto de construcción de un canal interoceánico supuesto a crear decenas de miles de empleos, se ha desfondado a los ojos de los nicaragüenses que continúan optando por la migración frente a la desesperanza de encontrar respuestas laborales en el país.

En los centros urbanos, las familias están resintiendo el incremento en el costo de la vida, el virtual estancamiento de los salarios y la disminución de sus fuentes de ingresos. La rebaja en la factura de energía eléctrica y los combustibles ha sido completamente insuficiente, existiendo la percepción entre la ciudadanía de que aunque el petróleo haya bajado de precio dramáticamente, el efecto no llega al pueblo pues empresas asociadas al poder político se están quedando con una ganancia ilegítima.

En el campo, se resiente el fin del ciclo de buenos precios de los principales productos de exportación y las consecuencias de la disminución de las exportaciones a Venezuela. Dos inviernos irregulares con sequía en muchos municipios, ha colocado al campesinado de esos lugares, en condición de difícil sobrevivencia y en tremenda vulnerabilidad para enfrentar una nueva sequía anunciada como la peor en décadas. Otras comunidades viven bajo la amenaza de ser despojadas de sus tierras por el proyecto de construcción del canal interoceánico, sufriendo un prolongado desgaste económico, teniendo que mantenerse en movilización y alerta para su defensa.

En la región Central y en parte de la región del Caribe se mantienen grupos armados bajo la persecución policial y militar. El comportamiento de la Policía y el Ejército, de acuerdo a un sector del campesinado, en lugar de contribuir a la estabilidad y la seguridad, despiertan malestar adicional pues su modelo de actuación ha resultado violatorio de sus derechos humanos. En la región del Caribe Norte, continúa una creciente conflictividad entre colonos y comunidades miskitas y mayangnas. Líderes indígenas han denunciado que tras los colonos se encuentran fuertes intereses económicos asociados al partido en el poder, razón por la cual el gobierno no interviene.

Este panorama muestra un área rural, que a diferencia de los primeros años del gobierno de Ortega cuando había manifiesta simpatía, ahora se ha convertido en uno de sus puntos más débiles.
En barrios y comunidades, los CPC y otros organismos del partido en el poder han mantenido un hostigamiento extremo a las familias que son vistas como opositoras o que simplemente no se meten en nada. El sentimiento de discriminación y marginación institucional es creciente. Ningún joven puede optar a una beca u obtener su cédula si no se afilia a la juventud del FSLN. Ninguna persona puede hacer una gestión en una institución local, sin que le sea requerida una constancia de los secretarios políticos del FSLN. Cualquiera que haga actividad social está sometido a vigilancia, presiones y frecuentemente, amenazas. Empresarios de todos los tamaños viven con temor a las represalias políticas locales y nacionales, que les pueden ser aplicadas si no se muestran suficientemente alineados al poder.

Los empleados públicos, incluyendo maestras y maestros, policías y militares, resienten el maltrato y el abuso de forzarlos a hacer presencia en actividades políticas, obligarlos a afiliarse al FSLN y quitarles parte de sus salarios como cotización al partido, mientras viven con la amenaza de ser despedidos de sus trabajos.
Antes de las elecciones de 2007 y aún del 2011, era evidente el optimismo y el ánimo en las fuerzas del FSLN en torno a la familia Ortega M. A la fecha, se han acumulado muchas contradicciones. Ex combatientes y antiguos militantes han sido marginados y maltratados por un liderazgo corrupto y servil. Aunque Ortega, sigue disfrutando de veneración en amplios sectores del FSLN, la auto-diferenciación entre orteguistas y sandinistas ha ido aumentando. El cada vez mayor poder de Rosario Murillo que ha servido para cohesionar a unos, es una fuente de conflictos adicionales con otros.

La venta y compra de ilusiones parece haber entrado en crisis. Las expectativas de ser beneficiario de un programa gubernamental o de tener acceso a ciertas oportunidades, se han acabado. Eso explica, la creciente movilización de distintos sectores sociales por sus reivindicaciones económicas, sociales y de medio ambiente, que han puesto sobre el tapete la pérdida de la capacidad del FSLN de responder a las demandas sociales y de ejercer control social.

Por otra parte, estos no son los mejores tiempos de Ortega en su relación con la iglesia católica, pues no ha podido recomponer la situación que tenía cuando el cardenal Miguel Obando Bravo, una figura muy cercana a él, ejercía una influencia notable en el país. En la actualidad, más allá de sus diferencias y matices, la Conferencia Episcopal tiene un papel independiente y en muchas ocasiones crítico, demandando con contundencia y claridad, el recambio total en el CSE. Es impensable ahora, ver a los obispos ser parte de la campaña electoral del oficialismo o de partido alguno.

Apuntalando el continuismo

Sería un espejismo ver a un Ortega completamente debilitado, pues aún conserva valiosos recursos de que echar mano para asegurar su continuismo.

Durante estos diez años, la familia Ortega ha concentrado el poder político, alineando a las instituciones y liquidando su independencia, incluyendo a la oficialidad policial y militar. Ya analizamos antes, lo relativo al Poder Electoral, un instrumento de primordial importancia en estos dos años.

Además, ha acumulado un poder económico considerable con intereses en prácticamente todos los sectores y ostenta, dentro y fuera del país, su exitoso modelo de alianzas con los grandes empresarios, realizado bajo la premisa de que mantengan un bajo perfil en la dinámica política del país.

A estas alturas, la familia Ortega posee la propiedad o el control de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales lo que le asegura una cierta influencia en la opinión pública tratando de difundir una imagen de fortaleza y éxito, que trata de ser contrarrestada en las redes sociales de creciente influencia en el país y fuera del control gubernamental.
El elevado control del poder político y sus palancas, las capacidades económicas que posee y la posesión casi monopólica de los medios de comunicación son tres pilares sobre los que Ortega tratará de conservar su hegemonía. En un proceso electoral limpio y transparente, estos instrumentos no son suficientes, como ya se ha mostrado en la propia experiencia nicaragüense y en otros países, pues lo decisivo es la magnitud de la votación. En ese caso, el oficialismo tendría que cultivar y tratar de conseguir la mayoría electoral. En un escenario de fraude, la manipulación institucional tiene el papel decisivo, sin importar en qué dirección quiera ir el pueblo nicaragüense. Ortega tendrá que optar por uno de esos dos caminos y enfrentar las consecuencias.