Yelka Ramírez: "Ustedes no sienten mi dolor"

Yelka Ramírez y su familia tocaron nuevamente a las puertas de la sede policial de Plaza El Sol, en Managua, este jueves. Demandaban respuesta de la primera comisionada Aminta Granera, pero lo que recibieron de parte de la Jefatura Nacional fue agentes que impidieron que esta madre golpeara el vidrio de la recepción.

“Ustedes no sienten mi dolor, ni el dolor de mi familia… No lo sienten. Si hubiéramos sido nosotros los que matamos estuviéramos condenados a cadena perpetua”, gritaba Ramírez mientras sus lagrimas mojaban sus mejillas. “Pero como ustedes son los policías, allí se acabó. Todo el mundo sabe que sigo tocando esta puerta. ¡Que la abran! Aquí está mi familia”, retó la mujer.

Los oficiales ordenaron el cierre de la recepción de Plaza el Sol por la protesta que Ramírez montó en compañía de vecinos y miembros de la Sociedad Civil. “Cada vez que se cierra una puerta de la institución policial es una nueva masacre para la familia de Yelka Ramírez. Nosotros vamos a seguir acompañándola a pesar de la intolerancia, del atropello que cometen con su familia. Como ciudadanos creo que tenemos la obligación moral de apoyar a Yelka en su demanda”, dijo Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).

La única respuesta de la institución policial fue grabar, desde atrás del portón principal, a los familiares de Ramírez y a las demás personas, como sucedió este martes, cuando las víctimas convocaron al primer plantón.

Jiménez sostuvo que Ramírez no exige al Estado, representado por el gobierno del comandante Daniel Ortega, regalías ni acuerdos bilaterales, sino que cumpla con su obligación de reparación de daños.

“Todo funcionario público que cause daños a un ciudadano debe repararlo. Eso está establecido a nivel de los códigos procesales, penales y civiles. La jueza que condenó a los policías por la masacre de Las Jagüitas, mas allá de las penas absurdas que impuso al ser mínimas, debió haber tasado los daños e indemnizar. Son obligaciones estatales y son obligaciones morales como seres humanos que han atropellado derechos tan grave como es la vida”, dijo la dirigente del MAM.

Al plantón llegó la dirigente campesina de la protesta anti canal, Francisca Ramírez. Aprovechó que vino a Managua a participar en un foro y pasó solidarizándose con la familia Ramírez-Reyes.

“Vengo porque veo la injusticia en Nicaragua y es preocupante ver que una Policía que vela por el bien de la ciudadanía cometa un crimen, y hasta estos momentos no le den a la familia el apoyo psicólogo para reparar ese crimen, es injusto. No se puede dar en Nicaragua”, lamentó la productora originaria de La Fonseca, Nueva Guinea.

Repudian campaña contra Yelka Ramírez

Miembros de la Sociedad Civil repudiaron que, supuestamente, en las redes sociales cuentas afines al gobierno intenten deslegitimar la protesta de Ramírez ante la Policía Nacional. Incluso, dijeron, le cuestionan su dolor al argumentar que no era madre biológica de uno de los pequeños asesinados por las balas de los agentes anti narcóticos el día de la masacre.

“Independientemente si no es la madre biológica de uno de los niños, allí falleció sobrinos, su hermana; ella quedó lesionada con daños físicos y psicológicos que de por vida va a tener que enfrentar toda esta familia”, fustigó Jiménez. “Me parece inmoral que esta gente esté haciendo este tipo de campaña queriendo justificar lo injustificable; pretendiendo deslegitimar una demanda que es justa, que es ciudadana, que es evidente la masacre. Todos hemos vistos las promesas que han hecho las instituciones, especialmente la Comisionada Granera”, agregó.

Para la dirigente del MAM, el hecho de que Ramírez y su familia no tengan respuesta pese a las promesas recibidas, evidencia una “actitud de misoginia” contra las mujeres, contra esta madre que ha “tenido la valentía” de interpelar al poder. “Es un linchamiento institucional que cometen contra Yelka. Eso es injusto, reprochable y no solo nivel ciudadano sino a nivel de los tratados y compromisos internacionales”, lamentó Jiménez.

Otro de los señalamientos contra Yelka en las redes sociales afines al gobierno, es que ha politizado su reclamo. Sin embargo, ella lo rechaza: “Yo protesto por mis derechos, no por ningún partido político. Protesto porque mis derechos están siendo violentados, porque mataron mis hijos, a mi hermana”.

La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Wendy Flores, explicó que toda lucha por la defensa de los derechos humanos es política, “es decir es demanda de los respetos civiles, ciudadanos, de manifestarnos”. “En este caso, no es ajeno que para descalificarla digan eso. Pero tiene derecho reclamar la reparación de los daños causados”, aseguró Flores, quien enfatizó en el carro de la familia que no ha sido devuelto, la falta de atención psicológica y las reparaciones económicas que el gobierno no ha asumido de forma integral.

Un gesto de solidaridad

Ramírez es de las más activas en los plantones, eleva su voz contra una institución que le cierra las puertas y le impone oficiales para evitar que toque la puerta. La madre pone todo su empeño en cada gesto de reclamo de justicia. Al final llora, quizá de rabia y de tristeza. Hace pausas y busca a su pequeña recién nacida en medio de la gente para darle de mamar, ponerla en su regazo, mientras guarda silencio y su mirada se pierde.

Yelka Ramírez volvió en sí cuando un hombre ajeno a la protesta se bajó de una camioneta. Se acercó a su sobrina y le regaló varios tarros de leche especial que la niña debe beber tras la operación que la salvó. El hombre es calvo, moreno y no quiere lo filmen las cámaras. Apenas dijo que se llama Bismarck Siero y que se solidariza porque tiene dos hijas discapacitadas. “Es solidaridad”, dijo cuando volvía a su automóvil.

Milton Reyes, esposo de Yelka, permanecía pegado al portón principal de Plaza El Sol con su otro hijo, sobreviviente de la masacre, sobre los hombros. Gritaba hacia adentro de la institución: "Ahora que reclamamos no hay nadie, pero para matar sí hay”.