2 de enero 2016
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Unos 400 campesinos ya han bajado de sus comunidades en la zona seca para exigir la entrega de los alimentos que se encuentran retenidos en la comunidad El Tizo, municipio de Santa María, Nueva Segovia. Al menos 250 quintales de arroz, frijoles, maíz, sal y 350 litros de aceite fueron donados por productores del sur del país, para alimentar a las familias que han perdido sus cultivos a causa de la sequía, pero la policía ha acaparado los víveres, con el argumento de asegurarse que cumplan con los requisitos del ministerio de Salud (MINSA).
“El alimento parece que lo va a venir a entregar la gente del partido, el alcalde de Santa Maria, los CPC. Primero me estaban pidiendo que les presentara documentos del MINSA o del Sinapred y ahora dicen que va a venir una comisión del MINSA que va a determinar si se dan o no los alimentos”, dijo Jaime Maradiaga, líder de la comunidad El Tizo.
En la casa de la familia de Maradiaga se mantienen custodiados los alimentos por efectivos de la Policía Nacional, mientras más campesinos llegan a esperar que se entregue la ayuda. La jornada de hoy ha transcurrido en relativa calma, pues aún no se han presentado altercados. Sin embargo, desde el 31 de diciembre que se suministró la comida, los lugareños han hecho presión, armándose con piedras, palos y machetes para exigir que se les repartan, este viernes a más tardar, los alimentos que están retenidos.
“Es estar jugando con un olla hirviendo, con el hambre de la gente. Nosotros entendemos que este alimento no se da por que ellos creen que es una donación de un partido político. No importa si lo entregan ellos (el gobierno), pero que lo entreguen”, aseguró Maradiaga.
El líder comunitario denunció que desde las 5 de la mañana se presentó una patrulla de policía en sus casa para amenazarlo de que iría preso si “seguía convocando a que la gente bajara de sus comunidades”. “La gente está viniendo por que ya se había acordado que hoy la entregaban, en una reunión con el padre y el jefe de la policía ellos dijeron que era hoy que se daba y la gente sabía”, manifestó.
Según el párroco de la localidad, Julio López, la ayuda beneficiaría a unas 167 familias que se encuentran en hambre a causa de la sequía.
Esta es la segunda ocasión que el gobierno obstruye la ayuda que productores del Sur del país donan a los poblados azotados por el hambre. A pesar de las presiones de distintos sectores, incluyendo la iglesia católica a través de la organización Cáritas, las autoridades se han negado a declarar estado de emergencia en la zona, que abarca 60 municipios en Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa y Jinotega.
