5 de diciembre 2015
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La aprobación de la Ley de Seguridad Soberana, realizada este martes en la Asamblea Nacional tras el desafuero de dos diputados de la oposición y mientras se se llevaba a cabo una audiencia judicial a dos activistas liberales, no son hechos aislados ni casualidades, sino parte de las “acciones represivas” que el gobierno del comandante Daniel Ortega incrementará el próximo año electoral, según advierten diputados de la oposición.
A Luis Callejas, diputado del Partido Liberal Independiente y presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, le llama la atención que “en tiempos de paz, se están incrementando en 1,500 el número de oficiales del Ejército de Nicaragua y 1,300 los agentes de las unidades especiales de la Policía Nacional”.
“Es todo un paquete: porque incluye un aumento de la represión política en el PLI, pero también te están aprobando una Ley de Seguridad Soberana que tiene una amplitud tal que el Presidente (de la República) va a hacer con ella lo que quiera”, analiza el diputado.
El martes, a la Asamblea Nacional le bastó media hora para discutir y aprobar por mayoría el desafuero de los diputados Raúl Herrera y Eddie Gómez.
Javier Vallejo Fernández, miembro de la Comisión Especial que remitió la solicitud de la jueza Indiana Gallardo al plenario y fue el único de los cinco legisladores que se pronunció en contra del dictamen, estima que el retiro de la inmunidad a sus colegas “a todas luces es una persecución política (para) buscar cómo callar a quienes estamos demandando los derechos de los nicaragüenses en temas de elección”.
Durante los últimos ocho meses, ciudadanos independientes de diversas edades, miembros de organizaciones cívicas y simpatizantes y líderes de los partidos políticos de oposición han realizado más de treinta protestas para demandar elecciones libres y transparentes, aunque la Policía Nacional ha fortalecido un cerco de agentes que le impide acercarse a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Más intimidación y acciones represivas
El primer miércoles de septiembre, un hombre que más tarde fue identificado como Samir Matamoros, de 27 años, realizó varios disparos al aire durante uno de los llamados #MiércolesDeProtesta. Dos meses después, aparecieron en la escena jóvenes con camisetas azules y verdes que dijeron sumarse a la demanda de transparencia electoral, pero que llegaron armados de piedras y garrotes y comenzaron a rivalizar con los grupos que protestaban meses antes.
“Nos han querido intimidar enviando pistoleros, pandilleros y ahora van dirigidos a intimidar personalmente a diputados y activistas del Partido Liberal Independiente. Más que todo, es un proceso intimidatorio que nosotros lo vivimos casi todos los días y ahora ya lo pusieron en la palestra pública. Creo que es un mensaje que quieren enviar, de: ‘aquí podemos meter preso a quien nos de la gana’, independiente de que pasen por encima de la ley”, reclamó el diputado Callejas, durante una conversación con el periodista Carlos Fernando Chamorro en la edición del martes del programa de televisión Esta Noche, donde asistió junto a Vallejo.
“Se van a incrementar las acciones represivas del Gobierno, para defender el gobierno autoritario y corporativo que tiene (Ortega), que le ha salido económicamente muy bondadoso, y van a continuar y obviamente están incluidas otras organizaciones del Estado”, agregó Callejas en alusión a la Ley de Seguridad Soberana.
Ley de Seguridad Soberana con cambios cosméticos
La polémica ley fue aprobada en lo general un día antes de lo previsto, el mismo martes del desafuero de los diputados del PLI. Pasada la 1:00 de la tarde, el jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, se acercó varias veces a la mesa de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y luego la presidenta en funciones de la Asamblea Nacional, Iris Montenegro –también del FSLN— continuó la sesión anunciando la discusión de la Ley.
“Esta ley la veo como una inseguridad para los ciudadanos que osen oponerse a un supuesto soberano (…) Esta es una ley preparada para reprimir”, advirtió Callejas ante el plenario. La ley fue aprobada con 65 votos a favor y 18 votos en contra. Al día siguiente, los 21 artículos de la ley fueron aprobados en lo particular.
Antes de su consulta, a la que el FSLN solo llamó a instituciones públicas y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la ley establecía entre las amenazas a la seguridad ciudadana: “cualquier otro acto o actividad o factor que atente contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad”. Después de las consultas, se “precisó” que esa cualquier otra actividad sería “ilícita” y que esos factores serían “naturales”. El Cosep se declaró satisfecho con las enmiendas.
“Es claro cuando (la ley) dice que es prohibido transgredir los derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua y los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Nicaragua”, declaró el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.
“Lo que no logró cambiar el Cosep fue la discrecionalidad para que el Ejecutivo prácticamente decida que está atentando contra la seguridad soberana”, reclamó Vallejo.
Callejas añadió que la represión del gobierno de Ortega “nos va a afectar a todos, tarde o temprano, y ya es hora que todos los ciudadanos de este país pidamos que se respeten y nos den la voluntad, a todos los nicaragüenses, de elegir libremente”, exhortó.
