“No poner trabas a solidaridad”

Los donantes que trabajan con Cáritas de Nicaragua están teniendo reservas para entregar la ayuda alimenticia que brindan a los más pobres del país, aseguró Monseñor Carlos Herrera, presidente de dicha organización, veinte días después que el gobierno emitiera una normativa informando que toda donación de alimentos debe canalizarse a través del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED). Herrera hizo un llamado a “no poner trabas a solidaridad”.

“Los colaboradores tienen reservas para ayudar, porque si no hay seguridad de que ésta va a llegar directamente a las personas necesitadas, pues sí, la gente se retracta o ya no quiere colaborar (…) Tienen inseguridad, (piensan) que su ayuda no va a ir a la gente pobre, que va a quedar en la institución del gobierno”, declaró Herrera vía telefónica.

El Obispo de la Diócesis de Jinotega explicó que de aplicarse la normativa estatal, carente de fundamento jurídico, que fue anunciada a través de la primera dama Rosario Murillo el pasado 19 de Octubre, su organización – que depende de la Conferencia Episcopal de Nicaragua – se vería “grandemente” afectada, porque depende de quienes no saben qué pasará realmente con las donaciones.

Incertidumbre

La incertidumbre de los donantes de Cáritas Nicaragua surge a raíz del decomiso que la Policía Nacional ejecutó hace más de dos semanas, cuando prohibieron a unos cuarenta campesinos de Nueva Guinea y Río San Juan entregar 800 quintales de alimentos que pretendían donar a más de mil familias del Corredor Seco, quienes padecen de hambre a consecuencia de la sequía que golpea la zona.

Francisca Ramírez, vice-coordinadora del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional, explicó el pasado 19 de Octubre que esta no era la primera vez que hacían un acto de solidaridad como éste. Para el paso del Huracán Mitch, en Octubre de 1998, trasladaron camiones con alimentos desde Nueva Guinea hacia el Norte del país, para ayudar a los damnificados, sólo que aquella vez contaron con el apoyo del gobierno de turno.

Monseñor Carlos Herrera calificó como anormal el decomiso policial de mediados de Octubre, porque se trataba de una donación de una persona privada a ciudadanos en necesidad. “Nunca ha habido eso, excepto en ocasiones donde hay una cuestión de emergencia tienen que coordinar las acciones, pero no decomisar. Eso es una cosa irregular lo que han hecho. Esa es mi opinión”, expresó el religioso.

El presidente de Cáritas de Nicaragua dijo que el gobierno debería facilitar el transporte de los ciudadanos que quieren entregar donaciones, y no obstaculizar un acto de solidaridad. “(…) No podemos nosotros, una persona o una institución, poner trabajas a la generosidad de las personas. No debe ser así. Estamos en un pueblo pobre, donde la generosidad es la que subsana los problemas de los más necesitados”, criticó Herrera.

Organizaciones de la sociedad civil han advertido que la canalización gubernamental de las donaciones violenta la Constitución de la República. En un pronunciamiento, indicaron que ninguna ley limita a comunidades, personas u organizaciones, el ejercicio de la solidaridad como valor humano y universal. Asimismo, citaron el artículo 43 de la Carta Magna, en donde “se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”, y el artículo 53: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica, y el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”.

Sequía y hambre

Hasta ahora, la administración del comandante Daniel Ortega se ha negado a declarar una situación de desastre o emergencia en el Corredor Seco, a pesar de que Cáritas Nicaragua ha alertado durante varios meses sobre el desastre que está causando la sequía. Monseñor Carlos Herrera calificó de urgente las necesidades de alimentos que tiene la población de la zona. “Ya entramos a Noviembre y estos últimos días no ha llovido (…) Habrá una crisis bastante grande (…) Yo creo que aumentará más la sequía”, advirtió.

Cáritas Nicaragua calcula que la sequía está impactando a unas 185 comunidades, 10 mil familias y más de 70 mil personas. Por su parte, la Unión de Productores Agropecuarios (Upanic) informó este martes que dicho fenómeno afecta entre 33 y 60 municipios del Pacífico y Norte de Nicaragua, y que la región perdió hasta el 75% de su producción agrícola. El Caribe y la Zona Central del país son las que han logrado mantener el consumo nacional y la estabilidad de los precios, manifestó la entidad.

Un poblador de la comunidad El Carrizal denunció hace dos semanas que las comunidades del municipio de Ciudad Antigua también son afectadas por tratos preferenciales del Frente Sandinista. “El problema es que la alcaldíaestá en manos del Partido Liberal Independiente (PLI). El Estado no envía ningún tipo de alimentos aquí. Este es un municipio muy pobre, y la alcaldía no tiene condiciones para cubrir el paquete alimenticio de todas estas familias”, lamentó el ciudadano.

En su discurso del Día del Ejército, el pasado 2 de Septiembre, el comandante Daniel Ortega advirtió que declarar emergencia por la sequía daría lugar a que organismos internacionales envíen contribuciones, pero que sería muy poca. “Son muchos más los paquetes de alimentos que se entregan todas las semanas para atacar el hambre en la población de extrema pobreza”.

Ayuda oficial no llega a todos

Monseñor Herrera considera que la ayuda de los programas gubernamentales, entre ellas Hambre Cero, no está llegando a toda la población necesitada. “La gente comenta que no… (la está recibiendo) un grupo pequeño, un poco más allegado a los colaboradores del gobierno más bien. No es a las personas más necesitadas, sin color, sin cuestiones políticas. Entonces allí hay también desigualdad en esa distribución”, expresó.

El religioso indicó que Cáritas entrega anualmente unos siete mil kilos de alimentos, que reparten entre diferentes instituciones, hogares de ancianos, comedores de niños y zonas de escasos recursos. En total, la organización beneficia a unas 25 mil familias en todo el territorio nacional.

Aunque Monseñor Herrera no pudo precisar cuándo se reunirán con la Presidencia sobre la situación de la sequía y la centralización de Sinapred, dijo que esperar que la situación cambie. “Vamos a intentar dialogar (con el gobierno) y esperar, pues, que se resuelvan estos problemas, y que le den el derecho a las personas de colaborar y llevar la ayuda donde ellos (los ciudadanos) lo crean más conveniente”, explicó.

El obispo se refirió a la incertidumbre que genera entre la población y en los donantes situaciones como el decomiso de alimentos y la normativa de Sinapred. Por un lado, "el desánimo de colaborar, un poquito también molesto, porque ellos ponen todos sus gastos para llevar esto¨, dijo el obispo, pero también ¨con una incertidumbre sobre lo qué pasará en el futuro".