7 de noviembre 2015
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Familiares de los ex cañeros detenidos el pasado 7 de octubre en las protestas de Chichigalpa denunciaron este viernes en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que son víctimas de retardación de justicia, pues el juez Henry Morales no ha puesto fecha para la primera audiencia del caso, que debió realizarse el pasado 20 de octubre en conformidad con el código procesal penal. El grupo caminó desde Chichigalpa hasta Managua para presionar al gobierno que cumpla con los plazos establecidos por la ley.
“El juez alegó fuerza mayor, porque dijo que estaba enfermo, pero ese mismo juez aparece en una audiencia privadísima de los acusados de asesinar a policías en Punta Gorda, obviamente no está enfermo”, expresó el director jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión.
El juez López notificó a los familiares que interrumpía los plazos de las audiencias indefinidamente alegando su condición de salud. “Es un retardo injustificado y ilegal, los están haciendo sufrir a ellos y a sus familiares, solo redunda en una decisión política. Son presos políticos, no hay explicación legal”, añadió Carrión
Los ex-cañeros fueron capturados hace 30 días en un operativo de la policía nacional después de un violento enfrentamiento, cuando más 400 ex cortadores de caña de azúcar protestaban frente al Ingenio San Antonio, en Chichigalpa, para exigir la liberación del líder de la asociación Nueva Esperanza, Roberto Nicoya. Según la policía, éste fue capturado cuando trasladaba morteros desde León hacia el lugar de la protesta, pero ya se encuentra en libertad por razones de salud.
Los detenidos fueron acusados en una audiencia preliminar el pasado 10 de octubre en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua por crimen organizado. Desde su captura fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional (DAJ), mejor conocida como El Chipote, y sus familiares temen que estén en peligro de muerte pues la mayoría sufren de Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
“Desde 2001 está en tratamiento, con la creatinina de 2.9 y ese control uno lo respeta para poder vivir y ahora los meten a una celda, lo que están haciendo ahí es provocándole la muerte”, dijo Marlin Velázquez, esposa de Plutarco Munguía, uno de los capturados.
Velázquez aseguró que su marido fue detenido en la calle, sin orden judicial y sin razón aparente, pues aunque es parte de la asociación estaba en casa a la hora del enfrentamiento. La mujer mostró además el carnet de militante del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de su marido y aseguró que no han dejado que le pase las medicinas que necesita.
“El tratamiento yo lo llevé y no lo quisieron recibir. Le están dando una pastilla para dormir nada más. En la condiciones que lo tienen tarde o temprano puede morir”, dijo Velázquez.
Otra de las denunciantes que se presentó en el CENIDH es Maria Peña, madre de Mariela Molina, secretaria de Nueva Esperanza que expresó que su hija fue sacada de su casa sin justificación, solo por pertenecer a la directiva de la asociación. “¿Adonde están el crimen organizado de que los acusan a ellos? Nicoya ya está libre porque se le subió la creatinina pero mi hija sigue ahí”, dijo Peña.
Miles de cañeros han fallecido en Chichigalpa en los últimos años a consecuencia de IRC, mientras la gestión gubernamental del Ministerio de Salud ha sido ineficiente para desarrollar una estrategia que permita hacerle frente a esta epidemia de salud pública.
“Está asociación hasta ha sido reconocida por el gobierno. El dirigente político del FSLN de Chichigalpa, que era este señor Carlos Paiz, conoce a la directiva, con la cual el partido ha trabajado para darles un bono de alimentación de 650 córdobas”, manifestó Peña, quien mostró un documento certificado por el gobierno donde se muestran los nombres de los directivos de la asociación.
Otro grupo de familiares continúa en la caminata y pretenden entrar a la ciudad el lunes para exigir justicia en el caso.
