2 de noviembre 2015
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Como docente durante más de una década, estoy consciente de que como los educadores, en la práctica podemos incurrir en actuaciones positivas y negativas, pasando por un cúmulo de situaciones que pueden ocurrir en la espesa gama que hay entre estos dos extremos. Sin embargo, en el caso del profesor de música del Colegio Centroamérica (CCA), Roberto Antonio García Soza, acusado de violar a un estudiante de tan solo ocho años, cada vez hay más dudas sobre su presunta culpabilidad.
Este tipo de delitos despierta el rápido rechazo y condena unánime de la sociedad, y es lo que sucedió inmediatamente después que la denuncia se conoció, como un estallido en la conciencia colectiva, en septiembre pasado. Fui parte de esa poderosa avalancha casi desbocada de personas a quienes se les revolvió el estómago, y que de inmediato clamó con fuerza porque se hiciera justicia, y todas las miradas se manera casi unánime se clavaron como puñales sobre el profesor de música, porque su nombre fue pronunciado por el niño siete días después de que sus padres denunciaran los hechos ante la dirección del CCA.
Sin embargo, no hay pruebas de que el niño haya sufrido violación, no se encontraron evidencias de que hubiera ocurrido penetración, pero sí hay señales de que ha sido víctima reiterada de abuso, por lo que requiere de tratamiento especializado en salud mental, refiere un informe del Instituto de Medicina Legal (IML).
Por otro lado, los lugares indicados por el niño, donde presuntamente ocurrieron los abusos en el colegio, a juicio de algunos profesores y estudiantes –quienes por las redes sociales se han pronunciado en solidaridad con el profesor acusado—, así como de trabajadores administrativos, no se corresponden con la realidad de que en ellos hay mucho tráfico de personas del plantel educativo, y aunque todo es posible, no se prestan para los abusos denunciados.
Estos son algunos hechos que han llevado a buena parte de padres de familia, estudiantes y docentes del CCA, a considerar que el profesor Roberto Antonio García Soza, no es el autor de los abusos contra el niño, de los que ha sido acusado ante el juez Tercero Distrito Penal Especializado en Violencia, Edén Aguilar. Y aunque existe el principio de que se debe presumir inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, en estos casos tan sensibles algunos medios de comunicación, sobre todo los de nota roja, o de periodismo basura, tienden a desbordarse ruidosamente en contra de los acusados.
Para el juez Edén Aguilar será decisivo un informe acerca del entorno familiar del niño, que no ha sido presentado aún, debido a que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), han publicado en reiteradas ocasiones que el hogar, que debería ser un lugar de protección y felicidad de la niñez, muchas veces se vuelve un infierno y espanto, porque algún familiar es un abusador que se mantiene en la oscuridad. El Ministerio de la Familia es la instancia que debe realizar esta evaluación del entorno familiar.
Cuando los padres de familia del niño abusado llegaron al CCA el 22 de septiembre, y se reunieron con su director, el sacerdote jesuita José Domingo Cuesta, para comunicarle lo que estaba sucediendo, todavía el niño no inculpaba al profesor de música. Una semana después, el 29 de septiembre, fuerzas policiales llegaron al plantel educativo a arrestar al docente, quien desde entonces permanece detenido. Podrán imaginar el calvario que vive el niño abusado, y el sufrimiento de toda su familia.
Estudiantes que recibieron clases con el profesor de música acusado, docentes, e incluso padres de familia, han estado haciendo colectas para entregar alimentos a la familia del docente, la que está viviendo una difícil situación emocional, y económica, en la ciudad de Tipitapa, donde reside. Mientras, hay una sufrida espera del juicio previsto para el 17 de este mes de noviembre.
(*) Docente y periodista.
