13 de octubre 2015
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Las veinticinco personas detenidas por los disturbios en la Mina El Limón y Chichigalpa tienen programadas audiencias iniciales el próximo 22 de octubre, luego de que este domingo les realizaran audiencias preliminares sin que se les notificara a sus familiares.
La Fiscal departamental de Managua, Mirna Siles, indicó que las diez personas detenidas en Mina El Limón son acusadas por crimen organizado, homicidio, amenazas, daños agravados, exposición de personas al peligro, abuso sexual, obstrucción de funciones, incendio, y daños agravados en perjuicio del Estado de Nicaragua, la Policía Nacional, y otras víctimas.
Entre los acusados se encuentra Humberto Rivas Canales, líder del sindicato Pedro Roque Blandón. Los otros detenidos son Ramón Useda, Cesar Pulido y Henry Gómez.
La Policía ha girado orden de captura contra Luis Adolfo Martínez Betanco, William Alejandro Valdivia Cáceres, Wilmer Francisco Miranda Baca, Lesli Federico Olivas Arrieta, Marlon Isidro Vilches Martínez y Glenda Carolina Rivera Escalante.
La detención del líder sindical Humberto Rivas Canales el miércoles por la noche generó mayores hechos de violencia en la Mina el Limón durante la última semana. Rivas Canales fue capturado cuando se trasladaba de la comunidad Santa Pancha a la mina.
El conflicto en El Limón estalló por el despido de los tres dirigentes sindicales: Luis Martínez Betanco, William Díaz Canales y Humberto Rivas Canales, quienes durante un mes promovieron protestas en contra de la empresa minera B2Gold por incumplir el Convenio Colectivo y violar los contratos de trabajo.
La violencia dejó un oficial muerto, decenas de heridos en ambos bandos y la estación policial de la localidad incendiada y varios vehiculos destruidos.
Josefa Poveda, esposa de Rivas Canales, en una entrevista en el programa Esta Noche rechazó todos los cargos que le imputan a su esposo y aseguró que desde el día que lo capturaron no ha podido contactarlo ni saber cómo se encuentra.
Roberto Nicoya, líder del movimiento de ex cañeros, detenido por los disturbios en Chichigalpa. Carlos Herrera/Confidencial.
Poveda dice que el sindicato Pedro Roque Blandón es 100% sandinista y fundador de Mina El Limón. “Durante el sindicato ha existido ha sido para defender los derechos de los trabajadores y la población que la empresa B2Gold busca violentarlo”, sostiene.
Agrega que no era necesario llegar hasta este nivel de violencia y desconoce el trato que están recibiendo por parte de las autoridades, ya que el partido de Gobierno trabaja de la mano con el sindicato que lidera Rivas Canales.
“Si la empresa dice que han perdido millones por el conflicto, ¿Por qué no buscan cómo solucionar los beneficios para la población? Si saben que la población a este sindicato no lo va a desamparar. Por los medios y las redes sociales se ha visto marchas de más de cinco mil personas y no van más porque la gente no puede entrar en los alrededores y comarcas”.
Según Poveda, todos los detenidos están desaparecidos porque las autoridades no dan a conocer sus paraderos.
La esposa del líder sindical asegura que Rivas Canales estuvo dispuesto a negociar una salida con la empresa, sin embargo, lo único que le solicitaron fue una explicación y después le ofrecieron dinero.
“La mina está parada porque el pueblo dice que mientras no le den una respuesta por Rivas Canales, el pueblo no se levanta. Hasta el momento no hay negociación. Están expectantes. Nosotros estamos esperando porque la población la que están buscando cómo ponerles un abogado, para saber si así se sabe de ellos”, afirmó.
Eva Pulido, hija de Cesar Pulido, dice que el acceso en la mina está re
stringido por la policía y sostiene que el pueblo solamente está defendiendo sus derechos.
15 acusados en caso Chichigalpa
En el caso de Chichigalpa, también hubo audiencia preliminar este domingo en el Juzgado Sexto Penal de Audiencia en contra de 15 personas involucradas en los actos vandálicos del pasado siete de octubre.
A las 15 personas se les atribuyen delitos de robo agravado, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas; sustancias o tráficos de artefactos explosivos, daño agravado, entre otros tipos penales.
María Peña, madre de Mariela Molina, secretaria de Nueva Esperanza, una organización de ex cañeros enfermo de Insuficiencia Renal Crónica que iniciaron las protestas en Chichigalpa, dice que ninguno de los familiares se enteró del proceso judicial porque las autoridades no les brindaron ninguna información.
Peña asegura que el sábado interpuso recursos de exhibición personal y solicitó información, pero en el complejo judicial les dijeron que no estaban registrados.
