10 de octubre 2015
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Más de cien ex trabajadores de la caña de azúcar, enfermos de insufiencia renal crónica, demandaron el viernes en la estación de policía de Chichigalpa la liberación de dos de sus líderes y más de doce enfermos detenidos en los últimos días.
El enfrentamiento con la policia se inició en una protesta social de los ex cañeros enfermos que demandan una indemnización al Ingenio San Antonio, hasta desembocar en actos vandálicos contra una gasolinera, tiendas y la acaldía de Chichigalpa. Sin embargo, los ex cañeros niegan haber tenido participación en los actos de vandalismo.
Según Roberto Valdivia, afiliado a Nueva Esperanza, la asociación de ex cañeros enfermos de IRC que mantienen las protestas en Chichigalpa, Roberto Nicoya, presidente, y Mariela Molina, secretaria de la organización, fueron trasladados a la cárcel “El Chipote”, en Managua.
“Estamos plantados en la Policía para que saquen a toditos los enfermos y directivos que están involucrados en la situación que ilegalmente los quieren culpar de asociación para delinquir”, expone Valdivia.
Precisamente fue por la detención de Roberto Nicoya, desde el pasado martes seis de octubre, que comenzaron los disturbios en la ciudad. Según la policía, Nicoya fue capturado cuando trasladaba morteros y armas a Chichigalpa, a la zona de la protesta.
Tras la captura de Nicoya, los protestantes mantuvieron un reclamo en frente de ISA, mientras negociaban la libertad de su dirigente con el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Chinandega, Alcides Altamirano, según contó Paulo Nájera, miembro de Nueva Esperanza.
“A él (Alcides Altamirano) lo manda el presidente Ortega. Porque nosotros estamos pidiendo platicar con la familia Pellas y nosotros somos débiles y no tenemos la capacidad intelectual para estar frente a estos señores (Pellas), que son la primera línea de este país”, refiere Nájera.
El objetivo de la demanda era recibir apoyo del gobierno para alcanzar un dialogo y abordar todos los problemas de los enfermos, según los ex cañeros.
La respuesta oficial al reclamo fue el envío de más de 150 policías para reprimir la protesta. Los antimotines despejaron la vía de la entrada de ISA. Utilizaron bombas lacrimógenas y se lanzaron contra los protestantes. Los enfermos retrocedieron y algunos pobladores apoyaron a los ex cañeros en contra de los policías.
“Cuando íbamos huyendo, los antimotines se tomaron la gasolinera Petronic. Desde ahí se reanudó el pleito¨.
El enfrentamiento continuó sobre la Carretera Panamericana, en la entrada a Chichigalpa. “En ese momento se escucharon los gritos de Mariela (Molina) que decía “allí no. Deténganse ¿quiénes son esos? No se metan. Sálganse”, cuenta el ex cañero. Los gritos de Molina eran por la invasión y saqueo de “delincuentes encapuchados”.
Luego-los delincuentes- se dirigieron a la Alcaldía y con morteros y piedras penetraron las instalaciones de la municipalidad: destruyeron ocho computadoras, mobiliarios, un televisor de 42 pulgadas, además, robaron dos portátiles. Se registraron daños a la gasolinera y otros colegios aledaños.
Erick Baltodano, gerente propietario de la gasolinera Petronic, donde ocurrieron los mayores daños, denunció que ¨saquearon las bebidas y alimentos del negocio. Intentaron llevarse dinero de los cajeros automáticos”.
Baltodano interpuso formal denuncia en la Policía de Chichigalpa contra los vándalos que destrozaron el establecimiento, aunque no señaló como causantes a los excañeros enfermos de de los daños de IRC (Nueva Esperanza) que iniciaron la protesta.
Al día siguiente, sucursales bancarias, colegios y varias oficinas del gobierno municipal decidieron cerrar por la tensión.
Valdivia niega rotundamente que los miembros de Nueva Esperanza fueran los que hicieron los actos vandálicos. “Nosotros no somos delincuentes. Ya aclaramos el asunto. No equivoquen la información, no la mezclen, no la juzguen. Saquen a todos los presos. Y que el Gobierno sea justo”, agrega.
Los ex cañeros solicitan que los organismos de derechos humanos se hagan presentes para poder interceder con la Policía y denuncien la persecución que están sufriendo. “Lo primero que pedimos es la liberación de los dirigentes y los presos enfermos. Va haber un gran problema si no sacan a todos los presos”, dice Valdivia.
El secretario político de Chichigalapa, Carlos Paiz, aseguró que se mantiene el acuerdo del Gobierno con la asociación Nueva Esperanza. Los más de ochocientos agremiados reciben una ayuda gubernamental que consiste en 650 córdobas mensuales, paquetes alimenticios y transporte para hacerse hemodiálisis.
Asochivida: “hay chantaje”
Asochivida es la mayor asociación que agrupa a 2,400 enfermos de IRC en Chichigalpa . Ellos tienen un acuerdo con ISA desde 2008 y condenan los actos vandálicos que ocurrieron esta semana en la ciudad.
“No están luchando (Nueva Esperanza) por los beneficios de los enfermos. Eso es un chantaje que trae más desgracia a las asociaciones como Asochivida. Hay atentados contra todo mundo, inclusive, contra los mismos enfermos”, dijo el presidente de Asochivida Ezequiel Ramírez.
Agrega que en esas movilizaciones se infiltran pandilleros que no tiene nada que ver con la enfermedad IRC y sólo sirven para causar más daños. “Le hicieron daño a la gasolinera, bancos, alcaldía, al colegio de Los Pipitos le saquearon todas la provisiones”.
“Nos afecta porque las instituciones internacionales que nos apoyan pueden pensar que somos nosotros los que estamos haciendo esos actos. Pedimos que no nos confundan con ese grupito minoritario que anda haciendo daño”, asegura.
La petición de los ex cañeros
Asochivida mantiene un acuerdo con Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL), propietaria de ISA. Además cuentan con el apoyo del CAO-Banco Mundial y Naciones Unidas.
El apoyo que brinda NSEL consiste en provisión, paquete alimenticio mensual, donaciones diversas, proyectos de viviendas, microcréditos, entre otros beneficios, explica Ramírez.
Paulo Nájera, de Nueva Esperanza, formó parte de Asochivida, pero se retiró porque los dirigentes han cometido “grandes errores”. “Los que están tranquilos en Asochivida son las junta directiva porque viven manoseando plata, porque el ingenio les vive facilitando algunas cosas y en todo eso se fija la gente”, asegura.
Agrega que el Banco Mundial apoyó a la asociación para formar un capital, pero los dirigentes los metieron a Banpro para hacerles préstamos a los enfermos de IRC. “Nosotros (Nueva Esperanza) nos apartamos porque no queremos ser víctimas de este tipo de personas y es por eso que andamos en la lucha por buscar una solución económica por nuestros derechos de riesgo profesional laboral”.
Según Nájera, en 2014 formularon una petición al Gobierno que consistía en atención médica especializada, un vehículo para transportar a enfermos que necesitan hacerse hemodiálisis en Managua y un soporte económico de (200 córdobas diarios por 10 años).
“Desde que hicimos esa propuesta no hemos podido llegar a un acuerdo. Estamos bien mal en ese sentido. No hemos perdido la fe y esperamos lograr una conversación con algún sector que nos pueda ayudar”, agrega.
“Infiltración de pandilleros¨
La excomandante guerrillera Dora María Téllez acusó al FSLN de infiltrar pandillas en las protestas de los ex cañeros de Chichigalpa. “La infiltración de pandilleros es para demeritar la lucha social de los cañeros y que las autoridades culpen a los ex trabajadores”
Según Téllez, la estrategia del Gobierno de infiltrar personas la volvieron a utilizar en las protestas en Managua, con el caso del pistolero que disparó contra los manifestantes en Metrocentro. “Lo nuevo es que están utilizando vandalismo para que la población no respalde las protestas sociales”.
Para Téllez la ola de protestas en el occidente del país (Mina El Limón y Chichigalpa) obedecen a que hay una crisis social que está comenzado a verse. “Esto tiene que ver con que el Gobierno se ha convertido en un segmento de la población, y ha relegado y sacrificado a la mayoría de las otras personas”, analiza.
Menciona que los cañeros llevan décadas planteando ese problema sin que el Ministerio de Salud, Gobierno e ISA se dignen a escucharlos. “Esas son consecuencias de procesos largamente postergados por las autoridades gubernamentales que se han convertido en agentes de las grandes empresas privadas”.
