1 de octubre 2015
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El Gobierno de Nicaragua no ha presentado una propuesta detallada de adquisición, reubicación y compensación a los desplazados en las áreas afectadas por el proyecto del Canal Interoceánico, señala la empresa británica Environmental Resources Management (ERM) en el resumen ejecutivo de los Estudios de Impactos Ambientales y Sociales (EIAS).
“Ha habido poca interacción entre el Gobierno de Nicaragua, responsable de la adquisición de tierras y reubicación, y las unidades familiares que serían desplazadas. También ha habido protestas públicas a lo largo de la ruta y en Managua, que se enfocan en el problema del desplazamiento físico”, cita el documento.
Aproximadamente 30 mil personas (7,210 familias) tendrían que ser desplazadas, según el censo que levantó la empresa concesionaria HKND en las áreas afectadas por el proyecto, entre septiembre y octubre del año pasado. Sin embargo, organizaciones ambientales independientes como el Centro Humboldt, aseguran que serían más de 100 mil los afectados por el proyecto.
La empresa británica asegura que hasta el momento el proceso de expropiación de tierras y reubicación no cumple con las normas internacionales. La Norma de Desempeño ND 5 (Adquisición de tierras y reubicación involuntaria) exige que la compensación sea por “el costo total del reemplazo” y establece compensaciones a los arrendatarios y aquellos que no tienen título de propiedad, “siempre que su ocupación o uso haya comenzado antes de la fecha de corte”, explica. “Las normas internacionales exigen comunicación continua con las unidades familiares desplazadas, antes, durante y después de la reubicación”, indica.
El desplazamiento de poblaciones resultantes de la expropiación de tierras es uno de los impactos más significativos del proyecto, según ERM. Para la ejecución del proyecto se utilizaría dos tipos de desplazamientos: físico (reubicación o perdida de vivienda) y económico (perdida de activos e ingresos como formas de sustento).
El informe cita la mencionada Ley 840, que establece que los propietarios de tierras expropiadas de forma permanente, sólo serían compensados según el valor de mercado y el valor catastral de la propiedad al 14 de junio de 2013.
“No existen disposiciones dentro de la Ley 840 que exijan compensación para aquellos sin título legal o que ocupen tierras de forma informal. Además, La ley limita expresamente los reclamos admisibles a aquellos que se relacionan con la cantidad de compensación”, agrega.
La ley 840 no es consistente con las normas internacionales en relación a la compensación y limita los derechos de los propietarios de las tierras a impugnar muchos aspectos de la expropiación, concluye ERM.
Más de 48 mil hectáreas de tierras indígenas
Según ERM, el proyecto utilizaría 48,818 hectáreas de tierras y 1,404 hectáreas de aguas indígenas de los pueblos del Caribe Rama y Kriol de manera permanente, para la construcción del Puerto Águila.
El embargo de tierras requerirá la reubicación del pueblo Bangkukuk Taik, el último pueblo Rama que habla su lengua nativa. Los 40 kilómetros que ocuparía el segmento Este del Canal impactaría sobre lugares de pesca y transporte de la comunidad de Bleera Kaanu (Monkey Point).
El Segmento Oeste del Canal tendría un impacto sobre el pueblo Nahoa: expropiación de 662 hectáreas de tierras tradicionales de Veracruz del Zapotal y la reubicación de las comunidades de Río Grande, El Pedernal y Guachipilín, y al expropiación temporal de las comunidades de 164 hectáreas.
El censo de HKND indicó que sólo 25 hogares se auto identificaron como indígenas. Sin embargo, las encuestas de ERM sugieren que ese número es un estimado bajo.
“ERM utiliza salida de baño”
El presidente de la Academia de Ciencias, Manuel Ortega Hegg, considera que si HKND quisiera someter el proyecto a un análisis independiente, necesita presentar los estudios completos y no un resumen, que no proporciona fundamentación.
Según Ortega Hegg, debería de existir una comisión independiente que revise los EIAS.
El presidente de ACN dijo que ERM utiliza “una salida de baño” al referir que “no recomienda ni se opone a la construcción de Canal”.
“ERM tiene la responsabilidad de hacer una recomendación. Allá los tomadores de decisiones si las toman en cuenta. Pero ellos tienen la responsabilidad de recomendar o no, si sería factible o no”, aseguró.
El especialista cree que en el resumen del estudio existe una enorme debilidad, al no presentar los costos económicos que presentarían los diversos impactos ambientales del proyecto.
“¿Qué significan 30 mil desplazados? ¿Adónde van? ¿Cuál es el costo social? Y el costo social de un territorio del país que no está en manos de productores nicaragüenses. Y ya estamos viendo los conflictos en el Caribe, donde se invaden territorios indígenas y reservas naturales”, dijo.
