26 de septiembre 2015
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Todo estaba listo para el almuerzo familiar de ese 27 de septiembre de 2014 en Zumpango, en el Estado de Guerrero, México. Joaquina García había salido temprano a hacer las compras de los ingredientes que utilizaría en la comida. Haría pozole, para disfrutar un rato con su hijo Martín de 19 años, que había prometido llegar desde la semana pasada, para celebrar un paso más hacia el cumplimiento de su gran sueño: ser maestro.
Pero Martín Getsemany Sánchez García, estudiante de primer ingreso de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa, nunca llegó. "Mi hijo me comentó el 20 de septiembre que el 27 iba a llegar a la casa a las 8 de la mañana para que comiéramos juntos", relata Joaquina.
Pasaron las horas y ante la ausencia injustificada de Martín, la angustia invadió a la madre, que se dirigió hacia Ayotzinapa en busca de respuestas. Al llegar, el caos reinaba en el pueblo. Había jóvenes heridos y se hablaba de más de 40 desaparecidos. También había muertos pero entre ellos no estaba su hijo.
“Había muchachos heridos, sin camisa, sin guaraches (sandalias) por que habían perdido guaraches y todo. Era un episodio doloroso”, narró la madre.
El día anterior (26), los estudiantes de la escuela normal se dirigieron a la ciudad vecina de Iguala en dos buses tomados a la fuerza, como parte de sus planes de conseguir transporte para participar en la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, conmemoración de la masacre estudiantil de Tlatelolco. Pensaban recolectar dinero para llenar los tanques y poder llegar al Distrito Federal. Hacerlo de esa manera era una práctica común de su escuela.
Ese 26 por la noche, los jóvenes llegaron a Iguala, donde la policía los reprimió con fuerza. El alcalde, José Luis Abarca, temía que opacaran la presentación del informe anual de su gestión que presentaba su esposa. Según los testimonios de los oficiales federales detenidos, después del enfrentamiento los 43 capturados fueron entregados al cartel criminal ‘Guerreros Unidos’, por ordenes del alcalde. De ahí, no se sabe a ciencia cierta qué pasó con los 43 estudiantes.
Para Joaquina, recordar a su hijo fortalece su convicción de que a un año de lo ocurrido, él todavía está vivo. “Es un muchacho inquieto, le gusta mucho el deporte, jugar fútbol y estudiar. Yo tengo la esperanza de que mi hijo esté con vida”, manifestó.
Las edades de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa oscilan entre los 19 y 25 años, y en su mayoría pertenecen a comunidades campesinas de origen indígena.
“El coreano”: Jhosivani Guerrero de la Cruz
Anayeli Guerrero de la Cruz todavía recuerda la última vez que habló con su hermano menor Jhosivani. La noche del 25 de septiembre de 2014, él le escribió a su celular para que le enviara una recarga de saldo telefónico de 20 pesos. “Gracias, si me llegó”, fue su última comunicación por mensaje de texto. Desde entonces no sabe cuál es el paradero del joven, al que describe como alegre, pero de carácter difícil.
“No le gustaba que uno se metiera en sus cosas personales, pero siempre estaba sonriendo, jugaba con sus sobrinos, mis hijos, les ayudaba con las tareas”, cuenta Anayeli.
Después de oír rumores en su natal Omeapa, Tixtla sobre el enfrentamiento entre los estudiantes y la policía, la familia Guerrero de la Cruz se trasladó a Ayotzinapa en busca de su hijo menor.
Sus padres Margarito y Martina, buscaron a su hijo, pero nadie parecía conocerlo en la escuela normal. “Preguntábamos por el nombre y nada, hasta que sacamos una foto y la gente decía que lo conocían como ‘el coreano’ por sus rasgos”, narró la hermana de Jhosivani.
De esta manera, lograron dar con referencias sobre su paradero. “Nos habían dicho que era el muchacho que habían desollado”, dice Anayeli. Su madre Martina se dirigió a reconocer el cadáver, pero concluyó por algunas marcas y cicatrices que no se trataba del joven.
De esta manera, empezó a formar parte de la lista de desaparecidos, hasta hace una semana. La procuradora general de la República mexicana, Arely Gómez presentó un informe en el que supuestamente se identificó restos del cuerpo de Jhosivani en el vertedero de basura de la ciudad vecina de Cocula.
Según la versión oficial del gobierno mexicano sobre lo que pasó ese 26 de septiembre en Iguala (llamada por ellos mismos como “la verdad histórica”) los 43 normalistas, tras su entrega al cártel de Guerreros Unidos fueron asesinados por sus sicarios y quemados en el basurero de Cocula.
Avalada por el mandato de Enrique Peña Nieto, esta afirmación sostiene que después, para eliminar cualquier prueba, los asesinos arrojaron restos en bolsas de basura al río San Juan. Solo una de esas bolsas fue recuperada por los investigadores austríacos contratados por México para llevar el caso, y es la única prueba que hasta el momento ha permitido que se realicen análisis genéticos de los que se deriva la relación con el cuerpo de Jhosivani.
Sin embargo, la familia Guerrero de Cruz sostiene que las referencias todavía son muy vagas como para que se asegure que se trata de su hijo menor. “Nosotros nos reunimos con los peritos y ellos nos explicaron que la única relación que encuentran es al apellido de La Cruz, que es el apellido de mi mamá. Pero no a su ADN específicamente. Hay otros dos muchachos con ese apellido por la vía materna”, sostiene Anayeli.
“Hay miles de gente con ese apellido, nosotros no podemos decir que es mi hermano o uno de los demás. Hasta ahorita no tenemos nada concreto y para nosotros sigue desaparecido”, agrega Guerrero.
Asimismo, al igual que los familiares de los otros 42 desaparecidos y organismos de derechos humanos, la familia Guerrero cuestiona la verosimilitud de la “verdad histórica” presentada por el ex- procurador, Jesús Murillo Karam, en noviembre del año pasado.
“Uno de mis hermanos y mi marido fueron ahí a Cocula. Nosotros somos gente del campo y sabemos cuándo se quema algo, y sabemos cómo queda. No había indicios de cuerpos y para quemar a tanta gente como ellos lo dijeron tuvo que haber quedado algo. Además, esa noche hubo una lluvia horrible, un fuego así no puede continuar cuando hay mucha lluvia”, manifestó Anayeli.
Benjamin Ascencio: “No quiso trabajar en el campo”
Familiares de los estudiantes mexicanos desaparecidos hace un año participan en un acto de protesta hoyEFE/Alex Cruz
Cristina Bautista es madre de 3 hijos, dos mujeres y un varón, desaparecido también el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Benjamin Ascencio Bautista, de 19 años en el momento de su desaparición , acababa de pasar los exámenes de admisión para la escuela normal de Ayotzinapa.
El 15 de septiembre Benjamín comió con su madre y le comentó de la escuela a la que acaba de entrar. Estaba contento. “Me decía: mamá yo voy a ser maestro, reza por mí para que tenga un trabajo seguro. Yo trabajo en el campo, pero él me dijo que no, que él quería ser maestro y se vino para estudiar”, cuenta Cristina.
A un año de su desaparición, la madre de Benjamín acusa al gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto de mentirles públicamente. “El gobierno nos ha engañado, haciendo un crimen para tapar otro crimen. Murillo Karam dijo que nuestros hijos fueros quemados y ahora una comisión científica dice que nuestros hijos no fueron quemados y que no hubo nada ahí. No solo se burlan de nosotros, sino de todo México”, expresa la mujer, cuya lengua materna es nahuatl.
El informe al que Bautista se refiere proviene de un grupo de expertos interdisciplinarios internacionales (GIEI), nombrados por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA). La investigación desmiente la “versión histórica” del gobierno de Peña Nieto y sostiene que no hay evidencia sustentable de que hubiera un incendio en el basurero de Cocula, en donde supuestamente fueron quemados los cuerpos de los 43 estudiantes de la normal rural.
“Ahora está comprobado que nuestros hijos no fueron quemados. No vamos a descansar hasta que nos entreguen a nuestros hijos. No es fácil por que no hemos obtenido ninguna respuesta”, plantea Cristina.
El encuentro con el Presidente
A un año de que ocurrieran los hechos, los avances en las investigaciones mantienen en incertidumbre a los padres y a la comunidad mundial. Hasta el momento, se desconoce de manera concreta si los jóvenes siguen vivos o si fueron asesinados, y si es así, de qué manera sucedió y quienes fueron los responsables.
Para el abogado Vidulfo Rosales, que ha acompañado el caso desde el inicio, la responsabilidad del gobierno mexicano es enorme. “El gobierno ha trazado líneas inexistentes y se ha tratado de fabricar realidades que no existieron. Dicen cosas que no sucedieron para dar con una ‘verdad’ y más bien tratan de acomodar esa investigación a temas de carácter de político”, plantea Rosales.
En materia de justicia, hasta el momento el gobierno mexicano ha hecho pocos avances, entre ellos la detención de 22 policías que fueron acusados de haber asesinado a seis personas en Iguala. De igual manera, capturó al alcalde de esa localidad José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes fueron procesados por su vínculo con la desaparición de los jóvenes, pero también por su nexo con el crimen organizado y el narcotráfico.
También capturó al líder de ‘Guerrero Unidos’, la organización criminal a la que fueron entregados los jóvenes aún con vida, según las investigaciones. No obstante, las investigaciones que han realizado de manera oficial han planteado muchas incongruencias y han deslegitimado a la justicia mexicana.
Este jueves 24 de septiembre, los padres de los 43 desaparecidos (ellos mantienen el número, aunque el gobierno diga que ya encontró dos cuerpos) se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto. En la entrevista, los padres, junto con sus abogados y defensores de Derechos Humanos, le exigieron a Peña Nieto que sustituya su versión y acepte la investigación de la comisión interdisciplinaria de expertos propuesta por la CIDH. Para ellos, lo más importante es que se esclarezca de una vez que fue lo que pasó con los 43 aspirantes a maestros.
“Nosotros pensábamos sacar un compromiso firme y decidido con el presidente de la república para avanzar en la investigación, tomando como base el informe del grupo interdisciplinario de expertos de comisión interamericana. También que no se siga hostigando a la escuela normal rural que desde hace varios años se ha venido haciendo y se ha derivado en esta situación”, expresó el abogado Rosales.
Los medios mexicanos reportaron que el encuentro fue poco fructífero y que Peña Nieto no solo se mostró despreocupado por las demandas, si no que también justificó el actuar de su gobierno en el caso. “Peña fue indiferente con padres y despreció informe de GIEI”, titula la revista Proceso.
“¿Qué delito cometió mi hijo? En vez de hacer más escuelas para que más jóvenes vayan a estudiar manda a desaparecer a estos muchachos”, dijo Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los desaparecidos.
“Vamos a luchar por que haya pleno esclarecimiento desde la justicia interna, nadie quiere ir a tribunales internacionales y si hay la oportunidad de que aquí se haga pues vamos a exigir aquí primero. Estamos pidiendo que el grupo de expertos de la comisión interamericana esté monitoreando y fiscalizando lo que haga el gobierno en sus investigaciones”, agregó el abogado Rosales.
La violencia estatal contra las escuelas normales rurales no es nada nuevo. En 2011 en Chilpancingo, capital de Guerrero, hubo un enfrentamiento entre los normalistas y la policía (federal y estatal) que dejó un saldo de dos estudiantes muertos. Después del ataque del 26 de septiembre del año pasado y la posterior desaparición de los estudiantes, la represión se ha enfocado en atacar a los normalistas que exigen se esclarezca el caso de los 43.
Este martes 22 de septiembre, un grupo de estudiantes y padres de familia se dirigían a la ciudad de México para participar en las actividades a un año de los hechos. En la carretera de Tixtla fueron reprimidos con bombas y gases lacrimógenos por la policía estatal, hubo varios heridos leves y tuvieron que replegarse hacía Chilpancingo.
“Yo siento que este gobierno nos está provocando para que nosotros caigamos en su juego porque si ellos agreden a los muchachos no se van a quedar quietos, a uno de los padres le cayó una bomba de gas y está golpeado y eso no lo dicen, que digan lo que es verdad, que digan los hechos que pasa, son ellos que empiezan la violencia”, dice Joaquina García, madre de Martín Sanchez, uno de los desaparecidos.
A pesar del ataque, el grupo de manifestantes logró llegar a su destino, México D.F. Ahí se realizaron una serie de actividades, entre ellas varios plantones, un ayuno de 43 horas en el Zócalo ( plaza histórica de la ciudad) y una marcha nacional que se celebrará el domingo 27.
“Hemos andado juntos (los familiares), todos en la misma exigencia. Con todo esto creo que más fuerza toma el movimiento. No podemos dejar que esto quede impune, y sobre todo sin castigo a los culpables”, manifestó Anayeli Guerrero, hermana de Jhosivani Guerrero, uno de los 43 normalistas.
“Hay esperanza de justicia”
Todos los padres coinciden en un anhelo que no se ha apagado. Todos creen que sus hijos aún viven y mantienen la esperanza que el gobierno se los regrese con vida. De momento, la hipótesis a la que todos apuntan es que a diferencia de lo que dijo el gobierno, sus hijos no fueron quemados.
“Es una desesperación muy grande, a un año, he dejado mi casa, he dejado a mi otro hijo. Lo único que exigimos es que nos regresen a nuestros hijos. Mi vida a cambiado radicalmente por que ahora me dedico a esto, a buscar a Martín”, relata Joaquina García, madre de uno de los 43.
Anayeli Guerrero rememora a su hermano menor Jhosivani con la esperanza de que aún pueda volver a escuchar una de sus bromas. “Yo estuve de cumpleaños el 13 de septiembre, dos semanas antes de que desapareciera, como estaba en los cursos de admisión en la escuela no pudo llegar a verme y me envió un mensaje: Felicidades quinceañera”.
Este año Anayeli pasó su cumpleaños sin su hermano menor, a quien ella cuidaba de manera cercana. Jhosivani cumplió 20 años en el limbo de la desaparición este 15 de febrero.
Cronología de los hechos de Ayotzinapa:
Blanca Luz, madre de Jesús Álvarez Nava, estudiante desaparecido en Ayotzinapa (México) sostiene un cartel con su foto. EFE/LENIN NOLLY
26 de septiembre: Seis personas mueren, 25 resultan heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecen en ataques a tiros de la policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos.
30 de septiembre: 22 policías son detenidos por presuntamente haber participado en el asesinato de seis personas en Iguala.
6 de octubre: El presidente Peña Nieto habló por primera vez sobre el caso. “Me encuentro profundamente indignado y consternado”, dijo.
22 de octubre: La PGR establece una nueva línea de investigación: reconoce que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda estaban coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos; incluso reconoce a ésta última como la principal operadora. Murillo Karam confirma que Abarca fue quien ordenó el ataque contra los estudiantes.
29 de octubre: Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos llegaron a la residencia oficial de Los Pinos para reunirse en privado con el presidente Enrique Peña Nieto. Tras la reunión los padres dijeron que no confían en las investigaciones del gobierno federal sobre el paradero de los jóvenes.
4 de noviembre : Durante la madrugada, poco antes de las 4 horas, autoridades confirmaron la detención de Abarca y su esposa en una casa de Iztapalapa, en el DF.
7 de noviembre : El procurador general de la República Mexicana, Jesús Murillo Karam, anunció que un grupo de nuevos detenidos confesó haber matado a un grupo grande, de más de 40 personas, que serían los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, el 26 de septiembre pasado. Al final de dicha conferencia pronuncia su famosa frase "ya me cansé”.
12 de noviembre: Representantes del gobierno mexicano y de los afectados por el caso Iguala firmaron un acuerdo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brinde asistencia técnica en las investigaciones.
25 de noviembre: La PGR presentó como prueba en contra de los 11 detenidos del Zócalo el testimonio de los mismos policías que los arrestaron y añadió un elemento “clave” para sostener que pertenecen a un “grupo colectivo subversivo”: entre ellos “se decían compas”. Con esos argumentos, la fiscalía consignó a los inculpados por los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.
6 de diciembre: Peritos forenses argentinos que trabajan en la identificación de los restos encontrados cerca de un depósito de basura en Cocula determinan que una de las piezas que llegaron a sus manos pertenece a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
20 de enero: Se esfuma la identificación de normalistas; ADN, irreconocible: forenses de Austria
27 de enero: Oficialmente muertos; reporte de la PGR sobre el caso Ayotzinapa al que bautizaron como "verdad histórica”
2 de febrero: Padres de dos normalistas llegan a la ONU con esperanza. Informe de caso Iguala causa dudas en la población.
1 de marzo: Arribó a la Ciudad de México el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para comenzar su estudio sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
19 de marzo: Tras casi un mes de investigación en México, los expertos de la Comisión Interamericana, en un avance de sus indagatorias determinaron que el caso se trata de una desaparición forzada.
6 de septiembre 2015. El grupo de expertos independientes designado por la CIDH dice que la versión oficial entregada por la fiscalía es imprecisa. Aparece el tráfico de heroína como posible línea de investigación.
17 de septiembre: La fiscal Arely Gómez, quien sustituyó a Murilo Karam en la PGR, dice que"existen indicios que establecen posible correspondencia" entre unos de los restos y el ADN de la madre del joven Joshivani Guerrero de la Cruz. Forenses argentinos manifiestan dudas.
