Ilegal destitución de diputado Rivera

El diputado de origen indígena, Brooklyn Rivera, informó que interpondrá un Recurso de Amparo al considerar que su desaforación aplicada por la bancada sandinista rayó en la ilegalidad, ya que violó la ley orgánica de la Asamblea Nacional, número 606.

Rivera acudió este martes al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) para que le brinden acompañamiento y asesoría legal. El dirigente del partido YATAMA dijo que le aplicaron en una misma sesión dos artículos de la ley 606, el 24 referido a la pérdida de la condición de diputado, y el 150 y sucesivos sobre la pérdida de inmunidad.

Gonzalo Carrión, director jurídico del CENDIH, expuso que de las ocho causales establecidas en el artículo 24 para perder la condición de diputado, el jefe de la bancada sandinista no invocó ninguna contra Rivera. Castro solo presentó ante el plenario más de 16 casos de venta ilegal de tierras ancestrales en las que, aseguró, su homólogo estuvo involucrado.

El legislador oficialista basó sus pruebas en un informe de una supuesta comisión que el comandante Daniel Ortega envió el pasado nueve de septiembre al Caribe Norte para resolver el conflicto entre indígenas y colonos por sus propiedades.

La diputada del Partido Liberal Independiente (PLI) y segunda vicepresidenta de la Junta Directiva del hemiciclo, María Eugenia Sequeira, dijo que Castro no pudo pedir en el plenario la discusión del caso de Rivera, porque no presentó la solicitud de una autoridad judicial para quitarle la inmunidad. “La única manera de someter esto directamente a discusión en el plenario, es que (Castro) haya tenido la solicitud de un judicial con delitos graves, como crimen organizado, narcotráfico o lavado de dinero”, afirmó Sequeira.

Carrión sostuvo que en cualquier investigación “que redunde en quitar diputación o inmunidad” se debe crear de una Comisión Especial. “La Junta Directiva del Parlamento escucha las pruebas para ver si hay suficiente razón de suspender la inmunidad, y luego dejar al señalado a disposición de un proceso penal”, explicó Carrión.

En el caso de la pérdida de la inmunidad, el artículo 154 de la ley orgánica del Parlamento señala que las quejas presentadas por un particular o autoridad judicial deben ser enviadas a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que tramite la desaforación. Pero antes se “nombrará de inmediato una Comisión Especial dictaminadora pluralista, con equidad de género y representativa del plenario e integrada por cinco Diputados o Diputadas señalando al que ejercerá la Presidencia, para que estudie y dictamine sobre la queja presentada”, dice el artículo.

Sequeira dijo que Castro omitió también este paso. Sin orden judicial competente por delitos graves, lo que le correspondía en ese momento a la Junta Directiva era la creación de una Comisión Especial. “No se debió haber pasado a votar la suspensión de la inmunidad y quitar la diputación, por eso el PLI se abstuvo”, aseveró la parlamentaria.

La primera secretaria de la Junta Directiva, la sandinista Alba Palacios, justificó la votación invocando el artículo 157, el cual establece que “si la Asamblea Nacional por mayoría absoluta confirma la procedencia de la acusación o queja, se procederá a suspender la inmunidad del funcionario o funcionaria contra quien se presentó la acusación o queja”. Sin embargo, Sequeira insistió que la “procedencia de la acusación o queja” debe venir de la Comisión Especial y no de la comisión enviada por Ortega a la Costa Caribe.

“Pidieron suspensión de inmunidad y perdida de condición de diputado y eso es una atrofia. Solo es posible en un estado de derecho totalmente demolido, sin forma ni figura de juicio”, argumentó el director jurídico del CENIDH. “Le suspendieron la inmunidad y la pérdida de su diputación sin respeto a lo que establece la ley, que pasa por Comisión Especial y se le escucha (al señalado) para que alegue lo que tenga a bien, pero todo eso lo mandaron al trasto de la basura”, lamentó Carrión.

Rivera recordó que durante el debate de su desaforación exigió la creación de una Comisión Especial, pero la petición fue rechazada con el voto mayoritario de la aplanadora orteguista. “Yo puedo esperar cualquier cosa de este gobierno. Ya ejecutaron mi muerte política y espero otra cosa. Estoy preparado mentalmente”, dijo el diputado.

Diferencias con la bancada del FSLN

Al ser cuestionado nuevamente sobre su alianza con el partido de Daniel Ortega, Rivera dijo que su ruptura con la bancada del FSLN se venía gestando desde antes que la hiciera pública, pues él pujaba por cumplir el acuerdo de saneamiento para expulsar a los colonos de los territorios indígenas.

“A lo interno se incomodaban por esos reclamos y se incomodaron más cuando en abril hice dos intervenciones críticas ante la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) sobre los pueblos indígenas y su situación”, aseguró el dirigente de YATAMA.

Rivera dijo que el diputado Castro se equivocó al afirmar que 1,556 kilómetros cuadrados de tierras indígenas han sido vendidas ilegalmente. “Más del 50% del Caribe Norte está invadido de colonos y el gobierno no hace nada. Agarraron a varios con compra ventas y no los juzgaron, el Poder Judicial tampoco suspendió a los abogados que hicieron escrituras falsas y los colonos siguen avanzando”, aseguró el diputado, quien insistió que su organización política jamás se ha opuesto a que persigan a los responsables.

[destacado titulo="Los casos presentados por el diputado Edwin Castro"]

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