10 de septiembre 2015
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Las primeras tarjetas de crédito, emitidas por algunos establecimientos y para uso exclusivo de sus clientes, surgieron en Estados Unidos en 1914 (Western Union, Mobil Oil ), con la modalidad que la totalidad de los saldos fuesen pagados a fin de mes. El uso de la tarjeta como se conoce hoy, se gestó en 1949, cuando unos amigos reunidos en el Major’s Gabin Grill, de New York, al no tener efectivo para cancelar su cuenta, diseñaron una forma de pago para ser usada de manera exclusiva en restaurantes. De ese evento nació la Diners Club (el club de los que van a cenar). Otra versión indica que su creador fue un director del Chase Manhattan Bank, en los años 40.
La actual tarjeta de crédito vino a sustituir de manera parcial las formas de pago en efectivo, cheques, pagarés, letras de cambio, usándose también para transferencias bancarias, compras en el extranjero, traslado de dinero, etc. Se podría asumir que la tarjeta es un instrumento financiero que facilita y expedita las transacciones financieras entre su poseedor, el establecimiento afiliado y el banco.
En Nicaragua la primera tarjeta fue la CREDOMATIC, emitida en los años 70, por el grupo del Banco de América. El uso de las tarjetas se deprimió en la década de los 80 y retomó presencia en los años 90. La práctica es que cada banco, emite distintas tarjetas de crédito, selecciona los establecimientos afiliados y apertura las cuentas con los tarjetahabientes. En el país operan CREDOMATIC, VISA, MasterCard, American Express, DISCOVER y otras.
Al finalizar 2014 se reportaron 800.000 tarjetahabientes, con un promedio de dos tarjetas de crédito por usuario. Ese año los bancos aprobaron 810.000 préstamos con tarjetas, equivalentes al 45% de las compras registradas. Nicaragua tiene una población de 5.9 millones, de los que 600 mil tienen empleo formal (los que cotizan en el INSS). Por otro lado, de la PEA de 2.7 millones, 217 mil están desempleados y 2.1 millones tienen empleo informal. Podríamos asumir que 983 mil personas tienen ingresos “regulares”, cifra superior en 183 mil al número de tarjetahabientes.
A finales de los años 90, los cinco bancos más grandes del país inundaron el mercado colocando tarjetas de crédito. Independiente de la capacidad de pago del cliente, se otorgaron tarjetas a profesionales y no profesionales, empleados y desempleados, amas de casa y trabajadores de todos los oficios. El criterio fue dar sin reserva ninguna el plástico a través de los reclutadores de clientes. En la gran mayoría de casos pedían un fiador. El resultado fue dantesco. Hubo años en que se llevaron hasta 60 mil casos a los juzgados. El trato a clientes y fiadores ha sido despiadado: les cancelaban su crédito, les embargaban sus bienes, los desalojaban de sus viviendas, les quitaban sus vehículos, etc. Asimismo, al caer el saldo en mora, los intereses eran entre el 50% y 60%, lo que convertía al saldo en prácticamente impagable.
Al firmar el contrato con el banco, los clientes quedaban ATRAPADOS por el pago de membresía, la tasa de interés corriente, la tasa de interés moratorio, los cargos administrativos, los costos de seguro y otras cláusulas ocultas. El evento financiero era como firmar un cheque en blanco a favor del banco.
Con las tarjetas se abrían oportunidades no imaginables para que muchas personas pudieran acceder a toda clase de compras de bienes y servicios en Nicaragua y fuera del país. La situación descrita tenía tres complicaciones adicionales a favor de los bancos: la cultura del ahorro y la disciplina financiera para el manejo del dinero era casi inexistente, la que se agravó con la percepción de tener dinero excedente, lo que permitía desbordar el uso del crédito; un mercado caracterizado por el consumismo y los excesos de cualquier naturaleza; y había deseos a veces insaciables, de tener cosas antes no poseídas. La insensatez e irreflexión de estas tres partes gestaron la quiebra de muchos clientes.
Entre la década de 1990 e inicios de la del 2000, los bancos emisores de tarjetas tenían poquísimas regulaciones para administrarlas. En diciembre de 2004, fue aprobada la Ley 515, Ley de Promoción y Ordenamiento del Uso de Tarjetas de Crédito, con muchos vacíos, desamparando a los tarjetahabientes. En mayo de 2010, luego de gestiones a favor de los usuarios de tarjetas, mediante la Norma para las Operaciones de Tarjetas de Crédito, Procompetencia impulsó una nueva normativa para la supervisión adecuada de los bancos y la regulación de los intereses. La bancada oficialista de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia objetaron esta iniciativa, favoreciendo los intereses de los banqueros.
Hace algunos años, el Presidente de la República invitó a un sector de pequeños productores a realizar una práctica totalmente ilegítima como fue el “no pago” a las microfinancieras, causando muchos daños entre los pequeños productores y microfinancieras, además de invitar al país a adquirir el hábito negativo de no cancelar sus deudas. Llama la atención que en el caso de las tarjetas de créditos, no se dio, ni se escuchó ninguna sugerencia legal de parte del Presidente para proteger a los tarjetahabientes, pareciendo que los protegidos fueron los dueños de los bancos.
Con relación al pago de la tarjeta de crédito convendría adquirir el hábito de cancelar cada mes el total del saldo, y divulgar de forma amplia el buen manejo de los recursos financieros en la economía familiar, la práctica sistemática del ahorro, los límites sanos de endeudamiento y la disciplina de pago. Una forma de evitar el consumo innecesario es educar a la gente para que compre sólo lo que realmente necesita y evite gastar en cosas superfluas. Es imperante que el tarjetahabiente, con la asistencia de su abogado, efectúen una revisión cuidadosa de los contratos que se firman con los bancos. La Asamblea Nacional debe actualizar la legislación vigente, para que esté acorde a derecho, al desarrollo, avances tecnológicos y proteger los intereses de los usuarios y bancos.
