Vivas: 'chapucería policial'

El primer comisionado en retiro René Vivas, que dirigió la Policía Nacional (1979-1982 y 1989-1992) calificó como una “chapucería policial” el operativo antidrogas de Las Jagüitas que acabó el 11 de julio con la vida de dos niños y una joven, hirió a dos infantes más y dejó a dos adultos vivos de milagro en Managua.

Sin meterse al análisis del proceso judicial, calificado como una farsa por los familiares de las víctimas y expertos en derecho penal y constitucional después que se acusó a nueve oficiales por delitos leves, Vivas considera que la falta de planificación en el terreno es evidente en la acción policial que califica como “una emboscada a ciegas”.

En las primeras consideraciones que ofrece un alto mando en retiro de la institución, Vivas dijo que hay varias víctimas evidentes tras el operativo con que la Policía explicó los hechos en que agentes antinarcóticos abrieron fuego contra una familia inocente tras recibir información de que supuestamente pasaría un cargamento de droga en un vehículo con características similares al de las víctimas.

“En primer lugar, la familia, las víctimas; en segundo la institución policial cuyo prestigio en materia antidrogas está siendo cuestionado y ahora nos entra un sentimiento de inseguridad, ahora que nos pare un policía vamos a estar aterrorizados”, lamentó el ex jefe policial que dijo que “es totalmente anormal que un capitán estuviese a cargo” de un operativo de esta magnitud.

"Los familiares tienen un dolor gigantesco, son sus hijos, su hermana, sus hijos baleados, para mí tienen licencia para decir lo que quieran. Y es normal que eso suceda, el problema es que eso no te va resucitar a alguien. Desgraciadamente ya pasó.  Son hechos consumados.  Esto es una chapucería policial. Pero se hizo. Los resultados son una terrible tragedia. Para mí lo único que queda es aprender. No repetirlo".

Según la Fiscalía General de la República, el jefe del operativo fue el capitán Zacarías Salgado que hizo la señal de detención a la familia Reyes Ramírez que continuó la marcha al creer que era un asalto. A criterio de las autoridades, “los agentes creen que el capitán ha sido arrollado y reaccionan con disparos”, los que según testigos ocurrieron en tres puntos distintos a lo largo 800 metros en el camino que conducía al punto conocido como las cuatro esquinas en la comarca las Jagüitas.

La acusación señala que los oficiales se encontraban en sus posiciones desde las seis de la tarde, luego que la Dirección Antidrogas recibió información que pasaron al subcomisionado José Leonel Gadea, quien llamó a Salgado para orientarle que hiciera el operativo e “instruye que se efectúe todos los procedimientos con la técnica policial”. Permanecieron ahí hasta las 8:20 de la noche, que es cuando ocurrió el crimen.

Capitán, ¿experto antinarcóticos?

Vivas se preguntó si realmente Salgado es un experto antidroga o lo es en fuerzas de choque, reacción o miembro de las fuerzas especiales Unidad Especial de Tácticas, Armas Policiales y Rescate (Tapir).

“Te voy a decir cómo se hacen estas cosas. Se ponen a dos, tres kilómetros, puntos de confirmación: ¡Ahí va, ahí va!, ¡no vas a poner una emboscada a ciegas! Ahí no hubo planificación, lamentablemente para la Policía los muchachos metieron las de andar. Para mí eso fue improvisado. Creyeron que el primero que pasara venía con droga y eso no es así. Es una calle pública”, explicó Vivas.

El primer comisionado en retiro alegó en defensa de los oficiales que no cree que hubo maldad ni intención de matar a niños, lo que considera no debe ser manipulado en la opinión pública. Sin embargo, la familia Reyes Ramírez dijo que su vehículo recibió 48 disparos y un agente con pasamontañas golpeó al niño muerto y a la madre, quien está embarazada.

Según Vivas, hay distintos tipos de responsabilidad, ya que no se puede culpar a todos los oficiales de que dispararon. El alto mando en retiro rechazó el cuestionamiento de que la cantidad de oficiales implicados se fue reduciendo, pasando de veinte a 14, luego a nueve y finalmente a cuatro señalados directamente de "homicidio imprudente".

“Explicame por qué me van a enjuiciar, explicame el hecho que esté en un lugar por qué me mandaron. Un cargador de (fusil) AK carga 30 tiros, a veinte que participaron, fueron 600 tiros. Del carro no hubiera quedado nada (si hubieran disparado todos)”, defendió.

Los niveles de responsabilidad debieron ser establecidos por la Policía y la Fiscalía, pero para él todo fue mal manejado y la escena del crimen no fue resguardada. El ex jefe policial coincidió con la posición oficial que fue “un error”, equiparable al de un médico que saca un riñón que no era. “Cortaron la pierna buena y dejaron la engragrenada”, intentó convencer.

Vivas se negó a pronunciarse sobre la renuncia de Granera exigida por la sociedad y que él limita a la “derecha”. De darse, en sus palabras, es una decisión política del Presidente Daniel Ortega a su parecer. “Si me preguntás a mí, yo creo que la Aminta ni sabía”, dijo.

Novoa cuestiona cargo por “imprudencia”

Sin embargo, penalistas como el doctor Alberto Novoa, ex procurador general de la República (2004-2007), consideraron que no se trata de una imprudencia de los agentes como sostuvo la Fiscalía en el proceso.

“Las personas que dispararon, quien dio la orden de disparar sabía que en ese carro iban seres humanos y por lo tanto tenía conocimiento, tenían voluntad de ultimar a esos seres humanos. Un disparo es preventivo, pero 48 ya manifiestan que el objetivo es liquidar independientemente que hubiese sido el Chapo Guzmán el que iba ahí”, explicó el jurista en declaraciones previas a la presentación de la acusación realizada la semana pasada.

Después de cuatro horas de proceso judicial, con la franca oposición de las víctimas a la posición de la Fiscalía, el capitán Salgado, tres oficiales más que fueron acusados de homicidio imprudente se declararon culpables y cerraron el proceso al que solo resta la imposición de las penas de parte de la jueza sandinista Alia Dominga Ampié, del tribunal cuarto local penal de Managua, quien citó para sentencia el próximo 29 de julio.

Ampié tendrá ahora como atenuante la confesión para imponer sanciones que, según el código penal, en el caso del delito de homicidio imprudente tiene penas establecidas que oscilan entre uno y cuatro años.

Cinco oficiales más acusados por delitos aún más leves, como exposición de personas al peligro, lesiones imprudentes y daños, también se declararon responsables y pidieron perdón en el último momento de la audiencia.

Conspiraron contra víctimas

Para el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, todo fue “una conspiración del Estado contra las víctimas”, allanando la posibilidad a que los oficiales sean puestos en libertad.

“Se conspira contra la justicia, prácticamente están autorizando para matar. La petición de perdón de los oficiales fue sin sentimiento. ¿La viste? Hubo una masacre en las Jagüitas y también una masacre judicial”, dijo Carrión.

Para el abogado Ramón Rodríguez, especialista en derechos humanos, la sola tipificación de homicidio imprudente desdice todo “el iter criminis” (camino del delito) en que incluyó, además del uso desproporcionado de la fuerza, el hecho que los agentes hayan impedido que la población auxiliara a las víctimas como denunciaron los vecinos.

Rodríguez recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) es reiterativa en sostener que la privación de la vida por las autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad.

Sistema de justicia en entredicho

“El sistema de justicia cada vez queda más en entredicho a nivel interno y externo del país, al punto que la dizque solución que da a este tipo de casos, podría acarrear responsabilidad internacional para el Estado de Nicaragua”, dijo Rodríguez.

Las actuaciones de la Fiscalía y la autoridad judicial no han tenido en cuenta el artículo 34 de la Constitución, en que se señala que el ofendido será tenido como parte de los juicios desde el inicio de los mismos y que el Estado protegerá a las víctimas de delito y procurará que se reparen los daños causados, según el jurista.

La familia denunció públicamente antes de la acusación que no habían sido tomados en cuenta por el Ministerio Público y pidieron justicia. Sin embargo, las diferencias se hicieron más notables en el proceso rápido al que fueron sometidos los oficiales cuando los abogados de la familia acribillada pidieron que la jueza no se declarara competente para ver un caso que en realidad correspondía a un juzgado de distrito pues ellos consideraron que lo ocurrido el día de la masacre era un homicidio culposo, con penas que oscilaban entre los 12 y 16 años, y no entre uno y cuatro como finalmente empujó el Estado de Nicaragua.

“Llama la atención, como en el caso de la masacre del 19 de julio, la Policía Nacional presentó ante los medios de comunicación como responsables a personas que todavía no habían sido acusadas por la Fiscalía. En cambio, en la masacre de las Jagüitas, transcurrieron las 48 horas y todavía la Fiscalía no presentaba la acusación. ¿Por qué ese doble rasero?”, preguntó públicamente Rodríguez.

El ex viceministro de gobernación (1990-1992), José Pallais, dice que lo que hubo fue “un encubrimiento” que lo que buscaba era lograr la apariencia de que había una sanción cuando en realidad más bien se estaba beneficiando a los oficiales.

Pallais identifica varias fases en este proceso legal, claves para beneficiar a los victimarios, que van desde el delito imputado por la Fiscalía, pasando por la aceptación de la acusación de parte de la jueza hasta la confesión de culpabilidad. “Eso es parte del mismo paquete, ellos se declaran culpables para no ser sometido a jurado, se le aplica una pena inferior a cinco años y seguramente van a recibir un beneficio penitenciario”, adujo.

Importa más la lealtad a Ortega

Al igual que el primer comisionado en retiro Vivas, Pallais considera que la consecuencia directa es impunidad y un sentimiento en que la población se siente ofendida por la actuación de la Policía Nacional.

“Yo pude ver gente llorando. Ese señalamiento que patearon al niño, golpearon a los familiares de las víctimas, hay un rechazo. Es una Policía que genera temor. Se ha convertido en un cuerpo represor regido por la voluntad de una persona, no regido por la Constitución y las leyes”, explicó el ex viceministro y ex presidente de la comisión de justicia de la Asamblea Nacional.

Según el ex funcionario, lo que está ocurriendo con la Policía es que no se respeta el profesionalismo, las normas, e importa más a nivel interno su apego, su fidelidad, al presidente Daniel Ortega.

[destacado titulo="La queja de la madre: “Aquí no hay justicia”"]

• Uno a uno, a ustedes, les va llegar la justicia divina”, sentenció Yelka Ramírez.

Cuando Yelka Ramírez escuchó al capitán de la Policía Zacarías Salgado confesarse culpable por la muerte de dos de sus hijos y una de sus hermanas la noche del pasado 11 de julio, en Las Jagüitas, la declaración no la sorprendió.

Los familiares de las víctimas ya esperaban una confesión de los nueve oficiales desde que la Fiscalía acusó el pasado miércoles por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños, delitos considerados en la legislación como leves.

Carlos Alemán, uno de los abogados de las víctimas, dijo la semana pasada que la Fiscalía les negó desde el inicio de las investigaciones copias del expediente y de los peritajes para evitar que ellos pudieran entablar una acusación autónoma por delitos más graves.

“Nos dejaron desarmados, con qué iba yo acusar, con qué expediente, esto que pasó hoy aquí es una farsa, la culminación del Estado de derecho, le negaron justicia a esta familia”, dijo Alemán.

Cuando los cuatro oficiales acusados por homicidio (el resto fue por los otros delitos), incluyendo el capitán Salgado, dijeron que se declaraban culpables y que pedían perdón a las víctimas, Yelka Ramírez, que fue arrastrada y golpeada esa fatídica noche, se tapó la boca con un pañuelo, pero no los dejó de mirar. Minutos más tarde, le tocó expresarse ante Ampié, titular del Juzgado Cuarto Local Penal.

“Aquí no hay justicia, yo quiero justicia, yo quiero que se haga justicia, que se les condene como cualquier delincuente, así como me agarraron a balazos a mí y a mis hijos. Fueron 48 balazos en el carro. No tuvieron piedad de quién venía, no fueron perros los que mataron. Fueron niños, fue una joven que tenía toda su vida por delante”, dijo Ramírez mientras en la sala de los juzgados se hacía un silencio largo.

“¿Quién me va regresar a mis hijos, a mi hermana cómo la llegaron a tirar? Nadie ¿El dolor que yo siento quién? Este embarazo que ni sé cómo va salir esta criatura, mis golpes. La arrastrada que me pegaron, ¿dónde queda todo eso? Las leyes y la justicia no la están haciendo como deberían de hacerlo. No tienen conciencia, no pidan perdón, en este no hay perdón. A ver si el Señor los perdona, porque si aquí no hacen justicia, el Señor va a hacer justicia. Uno a uno de ustedes les va llegar la justicia divina”, sentenció Ramírez.

En Las Jagüitas lamentan resultado de juicio

Tomasa Osorio, de 63 años, miraba la noche del 11 de julio Sábado Gigante, junto a su marido Fernando Reyes, cuando oyeron el estallido como de cargas cerradas. Saltó del asiento y fue hasta la colina desde donde intentó bajar para socorrer a las víctimas, sin embargo se encontró con oficiales que se lo impidieron.

“Ni verga tiene usted que ir hacer ahí”, le dijeron. Desde esa colina, escuchaba a la madre llorar y gritarles a los policías que les habían matado a sus hijos en el sector conocido como las cuatro esquinas en la comarca Las Jagüitas.

“Fue una cosa terrible, ver que alguien está gritando. Yo deseaba haberme tirado encima de ella y levantarla. Lamentablemente no dejaron. Yo miré a la comisionada Granera cuando vino. Es lamentable el resultado del juicio. Ni modo: así son las leyes en nuestro país. Yo esperaba otro fallo”, lamentó.[/destacado]