24 de julio 2015
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Cuando Yelka Ramírez escuchó al capitán de la Policía Zacarías Salgado confesarse culpable por la muerte de dos de sus hijos y una de sus hermanas la noche del pasado 11 de julio, en Las Jagüitas, la declaración no la sorprendió.
Los familiares de las víctimas ya esperaban una confesión de los nueve oficiales desde que la Fiscalía acusó el pasado miércoles por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños, delitos considerados en la legislación como leves. Sus penas oscilan entre los seis meses y los 5 años de prisión. Los familiares dijeron que la acusación debió hacerse por homicidio doloso, cuya pena va de 12 a 16 años de cárcel.
Al confesarse culpable, los nueve oficiales evitan una acusación por delitos más graves. Adalberto Zeledón, defensor público del capitán Salgado, solicitó una pena que va desde los 2 años y medio hasta los 4 años de prisión. Su confesión supone un punto a favor, al momento de que la jueza Alia Dominga Ampié, les imponga la pena el próximo 29 de julio.
“El caso no deja de ser una farsa, porque aunque en la formalidad le dan el matiz de sentencia, va a ser mínima porque el que se declara culpable y admite los hechos, tiene a su favor (la posibilidad) de que se le atenúe la pena y que se imponga la mínima y además, como son reos primarios, por que suponemos que no eran policías delincuentes, entonces también queda la posibilidad legal de que cumplan el castigo en libertad, o sea, una impunidad legalizada con una sentencia", expresó Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Fiscalía boicoteo acusación autónoma
Carlos Alemán, uno de los abogados de las víctimas dijo que la Fiscalía les negó desde el inicio de las investigaciones copias del expediente y de los peritajes para evitar que ellos pudieran entablar una acusación autónoma por delitos más graves.
“Nos dejaron desarmados, con qué iba yo acusar, con qué expediente, esto que pasó hoy aquí es una farsa, la culminación del estado de derecho, le negaron justicia a esta familia”, dijo Alemán.
Cuando los cuatro oficiales acusados por homicidio (el resto fue por los otros delitos), incluyendo el capitán Salgado, dijeron que se declaraban culpables y que pedían perdón a las víctimas, Yelka Ramírez, que fue arrastrada y golpeada esa fatídica noche, se tapó la boca con un pañuelo, pero no los dejó de mirar. Minutos más tarde, le tocó expresarse ante Ampié, titular del Juzgado Cuarto Local Penal.
“Aquí no hay justicia, yo quiero justicia, yo quiero que se haga justicia, que se les condene como cualquier delincuente, así como me agarraron a balazos a mí y a mis hijos. Fueron 48 balazos en el carro. No tuvieron piedad de quién venía, no fueron perros los que mataron. Fueron niños, fue una joven que tenía toda su vida por delante”, dijo Ramírez mientras en la sala de los juzgados se hacía un silencio largo, recordando que esa noche el carro en el que viajaba con sus tres hijos, su esposo, su hermana y una sobrina fue rafageado al ser confundido con otro en el que supuestamente se trasladaba un cargamento de drogas.
“¿Quién me va regresar a mis hijos, a mi hermana cómo la llegaron a tirar? Nadie ¿El dolor que yo siento quién? Este embarazo que ni sé cómo va salir esta criatura, mis golpes. La arrastrada que me pegaron, ¿dónde queda todo eso? Las leyes y la justicia no la están haciendo como deberían de hacerlo. No tienen conciencia, no pidan perdón, en este no hay perdón. A ver si el señor los perdona, porque si aquí no hacen justicia, el señor va a hacer justicia. Uno a uno de ustedes les va llegar la justicia divina”, señaló Ramírez.
La audiencia duró cuatro horas, pero desde el inicio Ramírez y sus abogados consideraron que el sistema de justicia del Estado se estaba confabulando para negarle la justicia que la primera comisionada Aminta Granera les prometió llorando los días que llegó hasta su casa a solidarizarse por las muertes de sus familiares.
La Fiscalía es dirigida por tres ex policías. La fiscal Ana Julia Guido, fue comisionada general y subdirectora de la institución, pasó a retiro cuando Aminta Granera asumió la jefatura. El adjunto, Julio González, se retiró como comisionado mayor, y su último puesto lo desempeñó como Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial. El número tres y actual Inspector del Ministerio Público es Douglas Vargas, antiguo capitán, de toda la confianza de Guido.
Zobeida Manzanares, otra de las abogadas de las víctimas, desde el inicio de la audiencia se mostró inconforme con la tipificación alegando que la acusación debió ser por homicidio simple, cuya pena oscila entre 12 y 16 años.
Manzanares solicitó a Ampié, titular del juzgado Cuarto Local Penal de Audiencia, que rechazara la acusación alegando que el caso –por su gravedad— no lo debía conocer un juzgado local, que resuelva sobre delitos menores, sino un juzgado de distrito, donde se juzgan delitos más complejos. Pero la juez, no accedió a la petición
En el crimen no hay nada de imprudencia
Carrión, del Cenidh, opina que el crimen de Las Jaguitas “no encasilla en el tipo de delitos que presentó la Fiscalía. Para nada es un homicidio imprudente porque no es una cuestión meramente accidental, no fue ni un error ni un accidente, fue una operación criminal que estaba destinado a matar", dijo el defensor de derechos humanos.
Según Carrión, catalogar el crimen como homicidio imprudente es como que si a los policías se les hubiera ido un disparo accidental. “Se trató de una fuerza policial con fusiles, disparando a mansalva al objetivo que solo el sentido común, por el volumen de fuego te indica que estaba destinado a matar", resaltó.
Según la acusación de la Fiscalía, los oficiales estaban esa noche esperando un vehículo blanco, que confundieron con el de las víctimas, en el que se estaba trasladando droga.
El abogado y académico Óscar Castillo también resalta que en el crimen no hay imprudencia. "Lo imprudente nada tiene que ver, sino más el dolo porque hay una intención, hay una orden y una ejecución que dar”.
Castillo cuestionó que finalmente solo nueve oficiales de bajo rango, fueron acusados. "¿Realmente a quién se le está haciendo justicia? ¿A quien ejecutó una orden? Pero hay un jefe antidrogas que es el que ejecuta la orden, hay un jefe de delegación distrital o departamental que sigue la orden, hay una oficina de contrainteligencia que te fija los momentos y te hace todo el estudio previo, porque esas personas iban con una orden de detener y si es necesario hasta el uso de la fuerza y la violencia, como sucedieron los hechos en este caso y ahora creo que ese es el humo blanco que no conocemos", cuestionó el jurista.
Cenidh: fuimos víctimas de otra masacre
"El cierre (del caso al declararse culpables) está relacionado a una operación coordinada, así como fue la masacre de las Jagüitas, hoy también fuimos víctimas de otra masacre, en términos de administración de justicia. Es bochornoso, es una ignominia completa", dijo Carrión.
"Esta masacre, como cierra se puede comparar con el simulacro, la pantomima y la falsedad con la masacre de El Carrizo, que ya están gozando de libertad. Dos masacres, independientemente de la motivación, pero cometidas por agentes, gente vinculada al poder, que terminan con un fraude de justicia. Hoy se negó justicia, hoy este caso legalizado quedó en la impunidad y la Fiscalía y la Juez (Alia Dominga Ampié) son cómplices de que este crimen quede en la impunidad", señaló Carrión.
Según Carrión la Fiscalía "más que el representante de las víctimas, la Fiscalía fue el mejor defensor que tuvieron los agentes policiales, la Fiscalía representó a la defensa porque acusa minimizando los hechos y los pone en bandeja para que se cierre así, y el declararse culpables de los policías es parte de esa estrategia, porque entre los alcances que tiene el declararse culpables es que no se hable más, no hubo juicio y no se desarrolla para conocer la verdad", fustigó Carrión.
Los hechos según la acusación
La Fiscalía detalló en su acusación que el 11 de julio en la dirección de antinarcóticos de la Policía se confirmó que esa noche habría una transacción de drogas por el sector de Las Jaguitas. El subcomisionado, José Gadea, le orienta al capitán Zacarías Salgado, que prepare a su equipo para el operativo.
“Recomienda (Gadea) que las armas no deben ser utilizadas ni disparadas en contra de ninguna persona, solo y únicamente en defensa propia, si eran atacados, que cumplieran con las indicaciones que se requieren para hacer un retén”, detalla la acusación.
La información de inteligencia indicaba que para la transacción se utilizaría un vehículo blanco y una motocicleta que iría como guía informado si el camino “estaba despejado”. Y que los traficantes eran peligrosos.
El capitán Salgado “por imprudencia” ubicó a sus tropas divididas en tres grupos en un terreno adverso de 800 metros de largo, con poca luz.
“A eso de las 8 y 20 minutos de la noche ingresa al camino viajando con dirección de Este a Oeste un vehículo liviano color blanco con las características similares al vehículo descrito en la información operativa, el capitán Salgado en una operación infuncional, negligente y sin control de la situación, salta al camino por delante del vehículo, hace señal de detención, con lo cual pretenden que los ocupantes del vehículo detengan su marcha”, narra el documento.
“Los ocupantes del vehículo –continua— creen que se trata de un robo, continúan y aceleran su marcha, los oficiales de policías creen que el capitán Salgado ha sido arrollado y reaccionan con disparos al vehículo, lo que sucede a lo largo del tramo (de 800 metros)”.
Según la acusación, cuando el vehículo se detiene al impactar con otro, los agentes se percatan que se trata de una familia y proceden a trasladarlos al hospital.
Sin embargo, según Yelka Ramírez, esto último nunca sucedió. Ella narró que los oficiales tardaron en prestarles ayuda y más bien a ella la golpearon y arrastraron, estando con 7 meses de embarazo, y les negaron ayuda inmediata a los niños heridos.
