25 de julio 2015
AA
Share
Una cosa es navegar por las redes de manera caóticamente libre, en busca de aquellos lugares donde no hemos ido o al encuentro de personas, ideas y conversaciones nuevas. Otra es intentar navegar en un laberinto con puertas de acceso para toda la riqueza de información y comunicación, cuyas llaves las tiene un funcionario.
Esto último es lo que Daniel Ortega quiere para el internet en la propuesta de ‘Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha’ que promueve. La información brindada por medios de comunicación nacionales, resalta la inconformidad de empresarios agrupados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
Pero... ¿Nos estamos tomando el tiempo para prepararnos? Esa fue la respuesta que dieron las empresas de telecomunicaciones a medios y periodistas independientes, a activistas sociales, defensores de derechos humanos, que hacemos uso del internet y de las redes para informar y denunciar las atrocidades que este régimen realiza, contra del pueblo de Nicaragua. Como suele ocurrir en la Nicaragua, única y original, si el gran capital que co-gobierna el país se pone de acuerdo con el régimen, la ley podría dar un giro no tan agradable, principalmente para miles de jóvenes que hacemos uso de la era digital.
Es momento de organizarnos en los espacios que estemos y movilizarnos colectivamente. Internet es la piedra en el zapato para este gobierno. Recordemos, con la demanda de pensiones justas de adultos mayores, junio 2013, surgió #OCUPAINSS. Las redes sociales jugaron un papel extraordinario en la movilización de miles de jóvenes y personas adultas que nos solidarizamos con los abuelitos. Ortega mandó desmantelar la protesta y la solidaridad. Se le recetó un buen gancho al hígado, al difundir las demandas y la represión, por todo el planeta.
En la historia reciente del activismo digital, dimos la primera lección al resto de la ciudadanía, el internet sí puede servir para cambiar cosas. Ortega dobló el brazo y cedió a la demanda de los viejitos, el miedo del régimen fue mayor y realizó una marcha con trabajadores del Estado para deslegitimar lo que toda Nicaragua legitimó.
Ortega sigue con las mañas del pasado. En los 80 había censura para los medios de comunicación, esto puede volver a ocurrir con la propuesta de ley. Seguro el comandante le tiene miedo a las movilizaciones sociales que han surgido vía internet y está retomando medidas basadas en el discurso autoritario de “seguridad nacional”. Ya lo han hecho otros gobiernos de Latinoamérica como Venezuela, donde se bloquea aplicaciones, censura la prensa digital, filtra franjas de datos, vigila el tráfico cibernético, controla políticamente a proveedores y encausa selectivamente para intimidar genéricamente, ley que pusieron los chavistas en práctica el año pasado con la ola de manifestaciones que enfrentaron por la falta de gobernabilidad.
Acá en Mesoamérica también hay gobiernos con el mismo pensamiento de Corea o China, tienen como prácticas habituales censurar Twitter y YouTube, les hablo de México. Enrique Peña Nieto envió al senado en marzo del año pasado ‘La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión’ la cual plantea limitantes a internet como censurar contenidos, bloquear la señal durante concentraciones públicas, bajo el argumento de la seguridad y que acotan el principio de “neutralidad”.
Volviendo a las intenciones de Ortega, esto ya estaba cocinándose, en noviembre del 2013, con las reformas a la Constitución Política que el COSEP negoció. El director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo, confirmó que el Gobierno de Nicaragua pretende controlar Internet y las redes sociales y obligarían a mantener las bases de datos y registros informáticos dentro del territorio nicaragüense. Así, el gobierno podría tener acceso a ellos por razones de seguridad.
¡No a los de brazos cruzados!
Exijamos al gobierno una discusión pública de este proyecto de ley. No puede quedar en una negociación entre el gran capital y el gobierno. Como usuarios, también hacemos uso del Internet y tenemos todo el derecho de saber qué va a pasar con nuestros servicios, de ser aprobada dicha ley por la aplanadora oficialista en la Asamblea Nacional.
Leyes como la que está proponiendo Ortega, afectan la libertad de expresión y de información en Internet, al permitir la censura gubernamental y por concesionarios, limita la neutralidad de la red, posibilita a las autoridades ordenar bloqueo de servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas con supuestos tan vagos como “lugares críticos para la seguridad pública”. Ante el cúmulo de violaciones a la Constitución, de aprobarse en sus términos la ley, se repetiría la historia de una acción de inconstitucionalidad, como ha sucedido con otras.
