Burla y escarnio

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó este miércoles a los oficiales que acribillaron a una familia inocente el 11 de julio pasado, pero redujo la cantidad de implicados y, dado los delitos imputados, las penas sumarían como máximo cinco años con la posibilidad de que exista una mediación o que ni siquiera sean encarcelados, explicaron expertos consultados por Confidencial.

Policías con pasamontañas rafaguearon la noche del sábado 11 de julio en un supuesto operativo antidrogas en el sector de Las Jagüitas, zona semi rural de Managua, al carro de la familia Reyes Ramírez, cuando se dirigía de un oficio religioso a su casa, provocando la muerte de dos niños, una joven e hiriendo de gravedad a otros dos infantes.

Milton Reyes, quien conducía el vehículo tiroteado, aseguró en su momento que fue informado por la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, que veinte oficiales habían participado en el operativo que las autoridades consideraron un error y que justificaron debido a que el conductor no se detuvo ante la señal de alto.

Este miércoles, el Ministerio Público acusó finalmente a nueve oficiales por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños y exposición de personas al peligro. La Fiscalía reconoció el pasado 17 de julio que investigaban a 14 oficiales en el mismo momento en que se quejaron que las diligencias investigativas se hacían difíciles por la falta de autopsia.

“Y mañana van a llegar sólo dos (acusados)”, dijo Reyes sobre la disminución de implicados realizada por las autoridades. Ayer, al ser consultado vía telefónica por Confidencial, calificó a la acusación como “una burla”, mientras en la opinión pública las autoridades policiales siguen sin aclarar quién dio la orden y qué alto oficial supervisó el operativo.

El 16 de julio pasado, Reyes y su esposa habían exigido justicia a la Fiscalía, empezando porque presentará la acusación y los tomara en cuenta como víctimas. La reacción del padre, horas después de la presentación oficial de cargos, refleja a un hombre doblegado ante el sistema.

“Eso es de gravedad, no se está actuando con transparencia, están ocultando las cosas (…) Se lo pensamos dejar a las manos de Dios, necesito trabajar no puedo seguir en eso”, aseguró Reyes.

La Fiscal Stephanie Pérez Borge, quien se presentó a los tribunales de Managua en compañía de la Fiscal Departamental Mirna Siles, mantuvo en la lista de acusados al capitán Zacarías Ignacio Salgado, el oficial de más alto rango investigado, que se encuentra asignado a la Dirección de Operaciones Especiales. Pero la funcionaria no explicó por qué fueron excluido de la lista dos tenientes y tres suboficiales que aparecían en la lista revelada en un principio por las autoridades.

“Esto es una conmoción social, esto es una bofetada a la inteligencia de la sociedad que sabe que esto no fue imprudencia, que fue dolo, atacando no solo la credibilidad de la Policía y los bienes jurídicos más protegidos, aquí todo el mundo se va sentir desprotegido, que no hay por qué recurrir a la Policía que sabemos que más bien te va disparar”, lamentó el penalista Alberto Novoa, ex Procurador General de la República (2004-2007).

El jurista explicó que en el caso de homicidio imprudente la pena “va de tres a cinco años, hasta de dos años, y si se declaran culpables se rebaja un año. Además con cinco años que le pongan el máximo, supongamos, se puede pedir la suspensión de la pena: no van a pasar cárcel”.

Tipificación “acomodada”

Novoa consideró que el Ministerio Público tipificó mal los delitos en la acusación porque, a su juicio, hay homicidio doloso cuya pena es de 12 a 16 años, lesiones dolosas y no hay exposición de personas al peligro.

“Las personas que dispararon, quien dio la orden de disparar sabía que en ese carro iban seres humanos y por lo tanto tenía conocimiento de que eran seres humanos y tenían voluntad de ultimar a esos seres humanos. Un disparo es preventivo, pero 48 ya manifiestan que el objetivo era liquidar independientemente que hubiese sido el Chapo Guzmán el que iba ahí. Eran seres humanos, no tenían por qué quitarle la vida”, dijo Novoa.

Los acusados serán presentados a las nueve de este jueves ante la jueza cuarto local de lo Penal de Managua, la doctora Alia Dominga Ampié, informó el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios.

Ampié es una reconocida militante del partido sandinista según publicaciones realizadas por los medios de comunicación del país.

Según Novoa, la tipificación de los acusadores del Estado es “acomodada” a una situación que están previendo: “la posibilidad que los policías se declaren culpables y su pena inmediatamente se rebaja a un tercio, o puede haber una mediación porque los están calificando de un delito imprudente”.

“Los mandaron a un Juzgado Local que mira delitos menores, penas menores y faltas como si esto fuese una falta. La vida de tres personas, las lesiones de tres personas y el delito frustrado contra el señor Milton Reyes y su esposa, fue delito frustrado porque si no lo mataron fue no sé por qué. La autoría es otra cosa: ¿quiénes son los autores? Hay autores directos, autores indirectos, hay inductores, esa es otra de las variables de este problema”, explicó el penalista.

Contemplan acusación autónoma

En sus primeras consideraciones ante los medios de comunicación, los abogados de la familia, víctima de la Policía y ahora del sistema judicial, dijeron que estaban considerando la presentación de una acusación autónoma después del libelo introducido por el Ministerio Público.

“Esto es una burla a la familia Reyes Ramírez y a la inteligencia del pueblo nicaragüense. Estamos pensando introducir una acusación autónoma porque no estamos de acuerdo con los delitos tipificados por la Fiscalía”, rechazó el jurista Carlos Alemán.

Según el registro de la acusación, la Fiscalía imputó oficialmente al teniente Oscar José Vargas Rugama, al suboficial mayor Javier Alejandro Saldaña Torres, teniente José Alejandro Fonseca Salmerón, suboficial Miguel Ángel Ramos Cortez, suboficial César Augusto Medrano, suboficial Harrison Osmar Ramírez Medina, suboficial Osman Ricardo García Hüeck y al suboficial Ernesto Alexander Urbina López.

La FGR eximió a los tenientes Jairo Antonio Aguilar Hernández y a Jonny Henry Palacios Jiménez, al suboficial mayor Henry Antonio Cruz, y a los suboficiales Noel Antonio Altamirano y Wilber José Chávez Salazar.

Confidencial intentó comunicarse con Zobeyda Manzanares, otra de las abogadas de la familia, pero cortó el celular. “Estoy ocupadita”, se excusó.

Cenidh advierte que fomentan impunidad

El director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, dijo que la acusación presentada por la Fiscalía es imprudente y minimiza la responsabilidad de los policías involucrados en la masacre con unas consecuencias insospechadas.

“Es casi una autorización a los policías que matar en esas circunstancias tienen garantizado que no van a pagar las consecuencias de cualquier atrocidad que cometan. La acusación por eso mismo es temeraria porque fomenta impunidad por la vía legalizada. Ese delito lo conoce por supuesto un juez local por considerarse de delitos menos graves”, coincidió Carrión.

Conforme a Carrión, como se trata de reos primarios con penas mínimas, ni siquiera la cumplen privadas de libertad.