24 de diciembre 2019
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Un año después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara la Nica Act, siete senadores (seis demócratas, y el republicano Ted Cruz), enviaron una carta a tres altos funcionarios de su Gobierno, en la que piden se les informe de los esfuerzos para mantener la presión sobre Daniel Ortega, el cumplimiento de los acuerdos de marzo, y sobre el apoyo a los migrantes nicas exiliados en Costa Rica.
A pesar de la mutua desconfianza entre republicanos y demócratas, las dos cámaras del Legislativo estadounidense aprobaron por unanimidad la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, mejor conocida por sus siglas en inglés, en la que se establecen sanciones personales contra los miembros del círculo íntimo que rodea al mandatario.
También manda que los representantes de ese país en los organismos financieros internacionales, voten en contra de los préstamos al Gobierno de Nicaragua, excepto cuando los recursos sean para atender las necesidades humanas básicas, o para promover la democracia.
La carta, dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo; al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y al Administrador de USAID, Mark Green, expresa sus “graves preocupaciones” por la “crisis política y humanitaria que continúa desarrollándose en Nicaragua”, que “permanece en un estado de sitio de facto”.
Los legisladores solicitan más información sobre la política de la Administración para sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, así como los esfuerzos por restablecer la democracia en nuestro país a través de un acuerdo negociado.
“En marzo de 2019, las negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua dieron lugar a dos acuerdos: liberar a todos los presos políticos y restablecer todas las libertades civiles, incluida la devolución de los medios de comunicación. Sin embargo… Ortega ha incumplido deliberadamente ambos acuerdos y se ha negado a seguir negociando”, señalan.
Coordinar esfuerzos internacionales
Recuerdan que el régimen “ha seguido secuestrando y arrestando a los ciudadanos, incluidos los presos políticos que había liberado en virtud del acuerdo”, con lo que “a diciembre 2019, hay 161 presos políticos que son sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo abuso físico y psicológico”.
En el terreno del respeto a las libertades civiles, detallan que “las ciudades siguen militarizadas… se impiden marchas y otras expresiones de protesta cívica”, y se practica “la vigilancia intrusiva, intimidación, persecución, amenazas, secuestros y detenciones”.
La respuesta del Departamento del Tesoro fue imponer “sanciones específicas a nueve funcionarios de alto rango”, lo que envió “un poderoso mensaje de que Estados Unidos prioriza la rendición de cuentas de quienes cometen abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”, y dijo a Ortega que “hay consecuencias por negarse a negociar de buena fe con la oposición”.
A partir de eso, solicitan que funcionarios de las tres entidades se reúnan con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para conocer “la estrategia de la Administración y los planes para sancionar a otros miembros del círculo interno de Ortega que son responsables de violaciones de derechos humanos o socavan el proceso de negociación, así como las condiciones para el levantamiento de las sanciones”.
También quieren conocer la coordinación con otros países donantes para desarrollar políticas para promover los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo la Unión Europea, especialmente para aplicar el marco de sanciones adoptado en octubre.
A los legisladores les interesa saber cómo aumentarán la presión internacional, particularmente en la ONU y la OEA, para que el régimen cumpla los acuerdos de marzo, y reanude las conversaciones sobre reformas electorales, prevención de la violencia, y haya una investigación imparcial que aclare “los acontecimientos del año pasado, incluidos los asesinatos presuntamente sancionados por el Estado”.
Finalmente, piden conocer cómo se está ayudando a los más de 80 000 nicaragüenses que han huido a Costa Rica, o el apoyo dado al Gobierno de ese país, y a las organizaciones humanitarias que trabajan para solventar “las tristes condiciones de vida de los refugiados nicaragüenses”.
